Aprueban rastreo de datos electrónicos de solicitantes de asilo
El Parlamento aprobó la utilización de datos electrónicos de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y memorias USB para establecer la identidad de los solicitantes de asilo en Suiza.
El Senado dio luz verde a la medida que ya había sido aprobada por la Cámara baja, a pesar de la oposición de los partidos de izquierda que la consideran violatoria de los derechos básicos.
La ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, aseguró que solamente se aplicaría en casos excepcionales.
Las autoridades migratorias llevaron a cabo un proyecto piloto similar de seis meses en 2017-18 y dijeron que había arrojado resultados útiles en aproximadamente el 15% de los casos.
El Senado también aprobó -al igual que lo hizo la Cámara baja- las pruebas obligatorias de COVID para los solicitantes de asilo que esperan ser deportados.
Esa medida, aplicable a los mayores de 15 años, estará vigente hasta finales de 2022.
El Gobierno y una mayoría en el Parlamento argumentaron que el número de solicitantes de asilo rechazados había aumentado considerablemente en los últimos meses y era poco probable que la situación cambiara pronto.
Los partidarios dijeron que la ley facilitaría las deportaciones, mientras que los grupos de refugiados y los partidos de izquierda insistieron en que se debe proteger la integridad física de las personas.
Restricciones de viaje
Por otra parte, el Parlamento está debatiendo una propuesta para introducir prohibiciones de viaje para personas con estatus de residencia temporal en Suiza.
El Senado aprobó las restricciones en principio, pero ambas cámaras aún deben acordar los detalles.
Se estima que 50 000 personas en Suiza tienen actualmente el llamado permiso F, de residencia temporal, que se otorga a extranjeros cuyo regreso a su país se considere ilegal, irrazonable o imposible.
Las leyes de asilo de Suiza se han modificado varias veces durante las últimas décadas y también han sido objeto de varias votaciones a nivel nacional.
En 2016, la ciudadanía aprobó una reforma legal que allanó el camino para acelerar el procedimiento de asilo y garantizar la asistencia jurídica gratuita.
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