“Suiza está muy preocupada por la situación de los DD HH en México”

Manifestantes muestran las fotografías de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos luego de ser detenidos por la policía de Guerrero el pasado 27 de septiembre. Reuters

“Mientras haya vida, reza el adagio, habrá esperanza”. Hace un mes que desaparecieron a los estudiantes. Sus padres ni siquiera tienen la certeza de que estén con vida, pero mantienen la esperanza. El secuestro desató una ola de indignación y reactivó la alarma sobre la porfiada violencia que golpea al país.

“Suiza está muy preocupada por la situación de los derechos humanos en México”, señala el Ministerio de ExterioresEnlace externo (DFAE). “Su inquietud concierne las altas tasas de inseguridad e impunidad, los homicidios y desapariciones, la violencia hacia las mujeres, así como los ataques a los defensores de los derechos humanos y la vulnerabilidad de los migrantes”.

Las iniquidadesEnlace externo que menciona la dependencia en su respuesta a swissinfo.ch conforman el cotidiano de un país que el pasado 27 de septiembre despertó con la noticiaEnlace externo de que en Iguala, Guerrero, seis personas habían sido muertas por policías y 43 estudiantes estaban desaparecidos. La consternación se hizo rabia con el hallazgo de las primeras fosas clandestinas (5 al principio, 11 hasta ahora).

La nebulosa de informaciones contradictorias que las autoridades no han podido disolver exaspera los ánimos: El ADN de los 28 cuerpos hallados inicialmente no corresponde al de los normalistas. ¿Quiénes son entonces? ¿En dónde están los muchachos? Los médicos forenses argentinos se afanan en hallar certitudes mientras continúa el descubrimiento de cadáveres (ya son 38).

“El país es una fosa clandestina”, acusó el padre Alejandro Solalinde en referencia a las varias decenas de sitiosEnlace externo, en diferentes partes del país, en donde se han encontrado cadáveres ocultos desde hace varios años.

Y todo ello, bajo la grave acusación de que los jóvenes, estudiantes de la Normal Rural de AyotzinapaEnlace externo, fueron entregados por la policía a un grupo criminal.

“Ya no se sabe quién es el político ni quien es el narco. A veces son la misma cosa”, denuncia Delia Montero, socióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).Enlace externo “Para acabar con la corrupción se requiere de una voluntad política que ningún partido tiene”.

La debilidad del Estado y su incapacidad para proporcionar servicios permiten o facilitan la penetración del crimen organizado en su seno, señala Luigi de Martino, coordinador de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y DesarrolloEnlace externo.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha reconocido que Ayotzinapa ha puesto a prueba a las instituciones del Estado. Reuters

Peña Nieto: una prueba para las instituciones

“Estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”, señaló el presidente Enrique Peña Nieto a mediados de octubre. En un comunicado difundido por su embajada en Suiza, el Gobierno de MéxicoEnlace externo ratificó la condena y el compromiso de impedir que haya “impunidad para los responsables”.

“Se trata de actos de violencia indignantes, dolorosos e inaceptables y que no se merece nuestro país”, enfatizó el texto en el que el Gobierno da cuenta de las medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos. (Ver recuadro).

“México, en los últimos años, ha adoptado diversas leyes tendientes a la protección de los derechos humanos y así ha mejorado considerablemente su marco legal”, afirma el texto del DFAE. “Suiza espera ahora que México destine los recursos necesarios para la implementación de esas leyes de suerte que los derechos humanos sean efectivamente, mejor respetados en ese país.”

Protestas masivas

Y el dolor y la indignación han ganado las calles. Entre muchas otras, la marcha del 23.10,Enlace externo la más nutrida en la historia reciente del país, se prolongó por espacio de más de cuatro horas en el corazón capitalino. Narra la profesora Montero que “había gente de todo tipo y de todos lados, pero principalmente estudiantes. Todo se llevó en orden. Nos cuidábamos unos a otros en un pacto silencioso. Para mí esa fue una buena lección de que los ciudadanos ya estamos hartos”.

“Hay un sentimiento de hartazgo a nivel de la población que pide una mayor seguridad, disminución de la violencia e instituciones que funcionen en las que el Estado pueda asumir su responsabilidad a parte entera”, acota De Martino.

Un estado de violencia

Y es que Ayotzinapa visualizó a plenitud esa violencia que era vista solo de reojo pese a las constantes denuncias de defensores de derechos humanos: Las masacresEnlace externo de Tlatlaya, Aguas Blancas, Acteal… la Guerra Sucia de los años 70, cuando México recibía a perseguidos de las dictaduras sudamericanas mientras Guerrero lanzaba al mar a los campesinos. La práctica recurrente de represión y tortura documentada por Amnistía Internacional. Los 26 mil desparecidos…

“Tomando en cuenta la magnitud de las desapariciones forzadas que se han dado en México en los últimos años y tomando en cuenta, que todos estos crímenes se dan con impunidad generalizada, hay que hablar de un crimen de lesa humanidad”, indica Christiane Schulz, de la Oficina Ecuménica por la Paz y la JusticiaEnlace externo de Alemania, una afirmación en la que coincide Alberto Puppo, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Enlace externo

Para el experto en Derecho, aun cuando los acontecimientos de Ayotzinapa o Tlatlaya puedan generar -o consolidar- una actitud más crítica hacia el poder político, podrían no tener consecuencias relevantes en cuanto a la violencia y su percepción.

“Sin embargo, las autoridades federales, en la medida en que cuidan la imagen del país hacía el extranjero, harán probablemente un esfuerzo particular para resanar la situación, en particular en Guerrero. Un mayor control sobre los gobernadores, los presidentes municipales y las policías estatal y municipales, tendrá efectos positivos sobre varias formas de violencias”. 

Coincide la profesora Montero en que las reacciones internacionales desde diversos países y de diversas instituciones, incluidas la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo son relevantes toda vez que el Gobierno concede una importancia capital a las inversiones extranjeras.

“Pero la sociedad civil tiene que mantener la presión porque no ha habido una respuesta adecuada, solamente una serie de declaraciones contradictorias”, advierte. “El Gobierno ya no sabe ni qué hacer”.

Ayotzinapa, ¿un parteaguas?

Como en tantas otras ocasiones, en lo real como en lo figurado, Guerrero es el epicentro de una brutal sacudida con réplicas dentro y fuera de la República Mexicana. ¿Podría convertirse esta vez en el parteaguas de la historia de México que algunos vaticinan?

Delia Montero: Sí, si la sociedad civil sigue unida. Los medios televisivos juegan a la política del terror y a sembrar miedo, pero las redes sociales son poderosas y los estudiantes están abriendo los ojos. Son el motor que nos hacía falta. El asesinato de otro estudiante en Guanajuato generó nuevas manifestaciones. Sí, las cosas cambian. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Necesitamos comunicación, organización y que la sociedad civil tome las calles sin miedo.

Alberto Puppo:  Dadas las condiciones casi atávicas de clientelismo o corrupción, la impenetrabilidad de gran parte del territorio, y el sistema federal que prevé la elección directa de los Gobernadores de los Estados, y el correlativo control o por lo menos la gran influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales, no existe una razón sólida para creer que los últimos acontecimientos puedan funcionar como parteaguas.

“El Gobierno de México no permitirá que haya impunidad”

El gabinete de Seguridad de la República Mexicana participa en el proceso para el esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley, con base en las atribuciones que le corresponden. En esto, se mantendrá una colaboración con las instancias de seguridad y procuración de justicia del estado de Guerrero.

El gobierno federal envió personal del Ejército, Policía Federal y la Gendarmería al municipio de Iguala para retomar el control de esta zona. La Gendarmería asumió las tareas de seguridad pública en ese municipio. Dicha corporación realiza desde ayer  labores de vigilancia en los distintos accesos al municipio de Iguala y efectúa recorridos en sus inmediaciones bajo una óptica de prevención y de protección ciudadana.

La autoridad federal reforzó su equipo de peritos forenses, criminalistas y especialistas en distintas ramas de la investigación, quienes coadyuvaran en la integración de la indagatoria. Peritos argentinos colaboran en las indagatorias. Elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina así como de la Policía federal y el Centro Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) realizan labores de inteligencia en la zona.

Fuente: Embajada de México en Suiza.