Brasil multa a Syngenta por soja transgénica
El Tribunal Federal del Estado de Paraná confirma que la agroquímica suiza incurre en delitos contra el medioambiente.
La sentencia es una bocanada de aire fresco para los campesinos que se manifiestan desde el 2006 contra el plantío de transgénicos en el Parque Nacional de Iguazú.
La controvertida relación entre el brasileño Parque Nacional de Iguazú y la helvética Syngenta escribió un nuevo capítulo en diciembre.
Este lunes (10.12.) salió a la luz pública un fallo del Tribunal Federal del Estado de Paraná que confirma que la agroquímica incurrió en un delito medioambiental al realizar una serie de plantíos de soja transgénica en una zona que es considerada como reserva ecológica.
El castigo: una multa de 630.000 francos suizos, noticia que fue recibida con recelo por parte del grupo suizo.
Actividades ilegales
La Justicia Federal del Estado de Paraná estimó que las actividades realizadas a partir del 2005 por la trasnacional helvética Syngenta Seeds (especializada en la comercialización de semillas) en Santa Tereza do Oeste, al interior Parque Nacional de Iguazú, son ilegales.
Una condición que ya había denunciado en 2006 el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA).
La decisión de carácter judicial fue tomada el 30 de noviembre, pero no se hizo pública hasta el pasado lunes (12.12), a través de un escrito presentado por la jueza Vanessa de Lazzarin Hoffman, según el que Syngenta no podrá volver a realizar investigaciones con cultivos de soja o maíz transgénico en el Parque de Iguazú.
Y para no dejar margen a duda alguna, la jueza cita a la letra: “La producción de organismos genéticamente modificados (OGM) queda estrictamente prohibida”.
Un largo conflicto
En febrero de 2006, una organización no gubernamental brasileña llamada Tierra de Derechos, especializada en temas de medio ambiente, reveló que Syngenta y otras ocho empresas extranjeras estaban realizando investigaciones con soja transgénica.
El caso que captó los reflectores fue justamente el de Syngenta, por el tamaño del grupo y también porque sus cultivos se encontraban en el Parque Nacional de Iguazú, que la UNESCO declaró patrimonio natural de la humanidad en 1986.
Tierra de Derechos denunció que los trabajos de la empresa helvética afectaban la biodiversidad de la zona.
Y apenas un mes después –marzo del 2006-, a modo de protesta, un grupo de 500 integrantes de la ONG Vía Campesina decidió establecer de forma pacífica un campamento en las tierras en cuestión, al que pusieron por nombre Terra Libre.
Los manifestantes contaban con el apoyo del gobierno de Paraná, cuyo gobernador, Roberto Requiao, intentó incluso expropiar las tierras de Syngenta en noviembre de ese mismo año.
Para dar sustento a la acción de Requiao, IBAMA confirmó que Syngenta violaba la Ley Federal Ambiental de Brasil al realizar experimentos con OMG, y le impuso una primera multa por 538.500 francos suizos que el grupo internacional se negó a pagar.
Syngenta actúa
La empresa de origen suizo no se ha mantenido cruzada de brazos.
Los transgénicos forman parte de los mercados con mayor potencial para el grupo y su interés por desarrollarlos no es un secreto.
Nada menos que en septiembre pasado, científicos británicos de los laboratorios de Syngenta desarrollaron una especie de arroz transgénico que posee 20 veces más betacaroteno que una especie normal. El betacaroteno facilita la producción de vitamina A y mejora la vista.
Sin embargo, los efectos de los transgénicos para el cuerpo -en el mediano y largo plazos- no son del todo claros. Y en países como Brasil son abiertamente rechazados por buena parte de la población y la comunidad científica.
Cuando los campesinos establecieron su campamento pacífico en Iguazú sustentaron la ocupación en al artículo 10 de la Constitución brasileña, que afirma que la tierra debe cumplir una función social.
Los abogados de Syngenta realizaron un activo trabajo y consiguieron –en abril y en octubre- que jueces estatales exigieran a los manifestantes un desalojo voluntario o se arriesgarían a ser evacuados por la fuerza.
Victoria campesina
El fallo judicial conocido esta semana es una clara victoria de los campesinos de Terra Libre en un momento de acentuada tensión.
El pasado 21 de octubre, al amanecer, una centena de campesinos brasileños volvió a ocupar las tierras en debate para presionar a las autoridades a pronunciarse de forma definitiva sobre el futuro de los plantíos de Iguazú.
La acción provocó violentos enfrentamientos entre los campesinos y la milicia armada privada contratada por Syngenta, así como la muerte del manifestante Vladimir Mota de Oliveira y del guardia Fabio Ferreira.
La nueva sentencia advierte a Syngenta que, en caso de no cumplir con la multa impuesta o de continuar la infracción, se aplicarán una penalización diaria, pero el grupo corre el riesgo también de la paralización inmediata de actividades.
La multa prevista para Syngenta será aplicada por los órganos de fiscalización del Ministerio de Agricultura, Actividad Pecuaria y Abastecimiento; y también por el Ministerio de Medio Ambiente.
Por el momento, Syngenta ha declinado pronunciarse, argumentando que su equipo de abogados trabaja en este tema y dejando sentado que no ha violado ninguna ley del estado brasileño.
Con ello, el caso del Parque de Nacional de Iguazú marca un nuevo signo de interrogación que todos los protagonistas esperan quede cerrado a más tardar en 2008.
swissinfo, Andrea Ornelas
Syngenta tiene presencia en 88 países y 19.740 empleados.
Su facturación anual superará los 11.000 millones de francos suizos este 2007.
En Brasil el grupo emplea a 1.200 personas.
Geigy Ltd, antecesora de Syngenta, fue fundada en Berna (Suiza), en 1758, en principio especializada en la comercialización de pintura textil. Hoy, es uno de los grupos más sólidos a escala mundial en la venta de semillas y biotecnología.
En Brasil el cultivo de soja transgénica es legal desde el 2002; si Syngenta ha sido multada por el poder judicial es porque sus plantíos se ubican en una reserva ecológica ubicada en Iguazú.
Suiza, junto otro centenar de países, suscribió los acuerdos de la Conferencia de Curitiba –capital de Paraná- que entraron en vigor en 2003 y que impusieron reglas a la producción y comercialización de transgénicos.
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