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Chile: una fiesta democrática

Yanina Welp

El 78% de los ciudadanos y ciudadanas de Chile quieren reemplazar la actual Constitución promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los 155 miembros del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna serán elegidos directamente, por primera vez con plena igualdad entre hombres y mujeres. Un hito mundial.

Las chilenas y chilenos votaron el 25 de octubre en el primer plebiscito celebrado desde la recuperación de la democracia en el país (el anterior, en 1989, había dado lugar a la transición y había sido parte de un acuerdo con el régimen). Las encuestas anunciaban el triunfo contundente del sí al reemplazo constitucional. Y esta vez las predicciones de los sondeos de opinión fueron confirmadas por los votos en las urnas: con más del 99% de las actas escrutadas el “apruebo” consiguió el apoyo del 78% de los votos válidos.

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Menos claridad había en los sondeos sobre la segunda pregunta, referida al órgano a encomendar el cambio de la Constitución. La Convención Mixta Constitucional era la opción defendida por los partidos de derecha y unos cuantos políticos de partidos tradicionales, también en el centro, que con este procedimiento esperaban garantizarse un mayor control sobre el proceso de redacción de la nueva Carta Magna. Pero esta opción apenas consiguió el 21% de los votos (Datos del Servicio Electoral de Chile, ServelEnlace externo).

El 78,99% de los votos válidos dio un triunfo contundente a la Convención Constitucional, que establece la elección directa de sus 155 miembros y que la constituyente debe ser paritaria, un hito mundial. Este órgano conlleva mayores niveles de incertidumbre, especialmente para una élite que no ha parado de padecer sobresaltos en la última década, intensificados desde octubre de 2019.

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Opinión

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Una constituyente paritaria en Chile

Este contenido fue publicado en Senado chileno aprueba primera ley en el mundo que revoluciona actuación de los partidos políticos bajo las reglas de la paridad.

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La demanda de una nueva Constitución ya estuvo presente en la transición, en 1989. En aquel momento, las voces que la defendían eran minoritarias y quedaron acalladas por la expectativa de restaurar la democracia y dar vuelta de página a la dictadura. Años más tarde, las sucesivas reformas, en particular las promovidas en 2005 durante la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006), buscaron convencer de que la Constitución ya no era la del dictador. La calma duró un tiempo, impulsada por niveles de estabilidad económica poco frecuentes en una región convulsa.

Distancia entre élites y ciudadanos

Pocos años más tarde comenzaron las protestas sectoriales, que fueron in crescendo hasta el pasado año. El movimiento de los estudiantes secundarios, conocido como “de los pingüinos”, fue uno de los primeros en 2009. El primer gobierno de Michelle Bachelet (2010-2014 y 2014-2018) buscó establecer canales de negociación con éxito reducido.

El proceso que se fue gestando, en buena medida deudor del andamiaje institucional creado por la Constitución de Pinochet era simple: los partidos controlaban el acceso al poder y la gestión de los asuntos públicos, pero con muy escaso margen de acción.

La ciudadanía cada vez más desencantada optaba por la abstención electoral o por la protesta. La distancia entre las élites y la ciudadanía se fue acentuando a niveles inéditos. Así, el movimiento de protestas, en plural, no paró de crecer, confluyendo en la demanda de una nueva Constitución.

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Una persona con mascarilla y vestimenta de protección camina por un barrio pobre con unas cajas de alimentos

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La pandemia devela situación real de Chile

Este contenido fue publicado en Expatriadas suizas en el país andino hablan de cómo sobrellevan la crisis, de sus miedos, sus familias y esperanzas en tiempos del coronavirus.

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Una Constitución es algo abstracto. Lo más corriente es que la demanda de cambio constitucional tenga un aura simbólica, de refundación nacional, más que un contenido concreto. En Chile, es mucho más que eso.

La academia y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave discutiendo las trabas institucionales que la Constitución de Pinochet impone al cambio político. Se hicieron reformas, en particular durante el segundo gobierno de Bachelet, cuando se eliminó el sistema binominal, pero no han sido suficientes.

La Constitución de la dictadura exige supermayorías que perpetúan el status quo, impidiendo que se haga política, que la política tenga capacidad de transformar la realidad.

Los partidos ignoraron las demandas ciudadanas

Los representantes de los partidos tradicionales, a derecha y a izquierda, optaron por ignorar estos reclamos o atenderlos sobre mínimos. Bachelet tomó otro camino y en 2015, cuando volvió a la presidencia, lo hizo dando centralidad en su programa a impulsar un debate constitucional participativo.

Tuve oportunidad de observar este proceso, que aun quedando trunco en el objetivo de impulsar en aquel momento el cambio constitucional hizo numerosos aportes al debate, a su legitimación y a las metodologías de procesamiento de contenidos participativos[YW1] . Hoy cabe recordar ese aporte que hizo la expresidenta.

Más tarde, el presidente Sebastián Piñera (2010-2014, y desde 2018 hasta la actualidad) recuperó el poder y pareció que la demanda de cambio constitucional quedaba desplazada una vez más. Pero en octubre de 2019 las dimensiones de la protesta le estallaron en la cara al Gobierno y también a muchos analistas que habían defendido la solidez del modelo democrático chileno.

Chile era un país estable y próspero, para pocos. Su ciudadanía estaba insatisfecha, endeudada y descreída. El movimiento fue rotundo, complejo, con hechos de violencia minoritarios por parte de los grupos movilizados y con fuertes denuncias por la violencia institucional que se puso en marcha para reprimirlo.

El colectivo Las Tesis consiguió hacer oír el reclamo de las mujeres en Chile y en todo el mundo (recordarán los lectores su himno, “ el violador eres tú”, en referencia al Estado). Ya no había vuelta atrás, ese reclamo, por la paridad, se fue instalando cada vez más en un sistema también profundamente desigual en términos de género.

La pandemia complicó un panorama que ya era muy complejo pero no cambió la hoja de ruta. Los partidos habían acordado este plebiscito que estaba agendado para abril y tuvo lugar el pasado domingo y no tenían margen para hacer otra cosa. El 25 de octubre, con tapabocas, distanciamiento y muchas ganas de ser parte, 7 562 173 chilenas y chilenos fueron a votar. Y fue una fiesta. 

Yanina Welp es investigadora del Centro Albert Hirschman sobre la Democracia en Ginebra, que intenta entender de qué adolecen las democracias y la creciente desilusión de los ciudadanos con el poder democrático.

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