CIDH: Supervivencia de pueblos indígenas y afrodescendientes está en riesgo en Nicaragua
San José, 31 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la existencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua «está en riesgo», según un informe de ese organismo divulgado este viernes.
En el informe sobre “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”, la CIDH advierte que la violencia ejercida por colonos armados ha resultado en el despojo y desplazamiento de sus tierras ancestrales y territorios, lo que amenaza su supervivencia cultural y colectiva.
«Estos territorios no sólo constituyen su espacio de vida, sino que son la base esencial para el desarrollo de sus conocimientos, formas de vida, tradiciones y espiritualidad, así como para la continuidad de su cosmovisión», explicó la CIDH en el informe.
En este sentido, el despojo territorial y el desplazamiento forzado vulneran el derecho a la identidad cultural y a la propiedad colectiva de estos pueblos, agregó.
En el informe, la CIDH reafirmó que los pueblos indígenas y afrodescendientes representan la diversidad cultural del país, por lo que su protección frente a procesos de colonización, exterminio cultural o asimilación forzada «constituye una obligación jurídica vinculante derivada de tratados y declaraciones internacionales de los que Nicaragua es Estado parte».
Entre ellos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por tanto, la CIDH argumentó que el Estado de Nicaragua debe garantizar el derecho de estos pueblos a vivir libremente en sus territorios, conforme a sus propias cosmovisiones, formas de organización y cultura, como condición indispensable para su supervivencia como sujetos colectivos de derechos.
Asimismo, debe permitir el retorno a sus territorios tradicionales en forma segura y con dignidad, lo cual, en el caso de los desplazamientos forzosos provocados por contextos de violencia, incluye el deber de tomar medidas para combatir la impunidad de los responsables de dicha violencia.
«En particular, a las instituciones financieras internacionales para que, previo al otorgamiento de créditos y otros mecanismos de financiamiento para el desarrollo, requieran la adopción de medidas encaminadas al restablecimiento del Estado de derecho», puntualizó el organismo.
Del mismo modo, exhortó a los Estados de origen de las empresas ganaderas, de monocultivo, madereras y mineras a adoptar medidas para la supervisión y regulación de las actividades de sus compañías nacionales en el extranjero, en línea con los estándares internacionales en la materia.
El informe analiza la situación de violencia que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes, y su impacto en los derechos humanos.
Desde la década de 1980, la CIDH documenta una serie de actos de violencia, despojo territorial y asimilación cultural que forman parte de un proceso de discriminación y exclusión histórica contra pueblos indígenas y afrodescendientes, que se ha agravado bajo el Gobierno de Daniel Ortega, que ha desmantelado el régimen de autononía en la Costa Caribe, según el informe.EFE
mg/adl/enb
