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La bendición y la desgracia de los pesticidas

Keystone

Nuevas restricciones en el uso de ciertos plaguicidas para proteger a las abejas no solo tienen impacto en las empresas que producen estos productos, como Syngenta, con sede en Basilea, sino también en el modo de producir alimentos en Europa.

Hace apenas unas semanas, grandes extensiones de cultivo de colza vestían completamente de amarillo los campos en Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Tan solo en Alemania, los campesinos en un millón y medio de hectáreas de tierra de cultivo cosecharon cerca de cinco millones de toneladas de semilla de colza para producir aceite comestible, combustible y pienso.

El de colza no solo es el aceite más popular en Alemania, sino que la planta de la que procede está en el origen de las celebraciones que atraen turistas a pueblos como Sternberg en Mecklenburg-Vorpommern, el estado germano con la mayor producción de la canola en ese país.

El campesino Wolf-Dietmar Vetter está orgulloso de que sus campos decorados de ese amarillo intenso de las flores del raps atraiga al visitante a la región. No obstante, a este productor también le concierne el anuncio de la prohibición de ciertos pesticidas que contienen derivados de la nicotina.

Vetter usa estos productos para luchar contra las plagas del escarabajo polinizador, la piéride de la col y el mosco del fruto de la colza, en sus 600 hectáreas de cultivo en los alrededores de Sternberg.

“Estamos muy preocupados y no sabemos qué pasará el año próximo. El tratamiento con pesticidas es muy valioso para nosotros porque es el más ecológico. Ante la prohibición, deberemos rociar con más frecuencia nuestros campos con otros pesticidas y, además, ampliar las áreas a proteger”.

Se trata de los primeros plaguicidas que ofrecieron un tratamiento directo a las semillas sembradas en los campos de cultivo, permitiendo así a los campesinos el combate sistemático de plagas en sus plantaciones.

Suiza y las autoridades de la Unión Europea suspendieron el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes en el combate de plagas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.

Los plaguicidas comercializados en Europa por Bayer y Syngenta -clotianidina, tiametoxam e imidacloprid- vetados durante dos años, pueden afectar al sistema nervioso de los insectos causándoles parálisis y hasta la muerte, pero no suponen un riesgo para la salud humana.

Productores concernidos

La Comisión Europea estableció a partir del 1° de diciembre de 2013 la suspensión del uso de plaguicidas pertenecientes a la familia de los neonicotinoides durante dos años, perjudiciales para la población europea de abejas melíferas. Una decisión bienvenida entre los círculos medioambientalistas.

Esta moratoria afecta a casi todos los cultivos de colza en Alemania, indica Wolfagan Vogel, presidente de la Unión Germana de Productores de Aceite, quien advierte, además, que así se puede perder una planta importante del sistema de rotación de cultivos.

Para los campesinos suizos, el asunto también es vital.

“No hay casi cultivos orgánicos de colza en Suiza, un claro indicador de que no hay otra solución satisfactoria para proteger los campos. La única alternativa contra las plagas: el rocío extensivo (aerosoles) es más dañina para organismos inocuos que para aquellos que se busca evitar con los tratamientos”, explica Markus Ritter, presidente de la Asociación Campesina Suiza.

Para los agricultores del valle suizo del Rin, la suspensión del empleo de neonicotinoides será un problema mayor, advierte Ursina Galbusera, responsable de cultivos en la asociación. “Tememos que algunos paisanos abandonen la siembra de maíz”, donde se usan también estos pesticidas.

Al mismo tiempo, los granjeros, evidentemente, están preocupados por las sustancias que potencialmente afectan a las abejas, pues estos polinizadores son esenciales en sus cultivos, subraya Ritter, quien hace 30 años se dedicaba a la apicultura.

Los pesticidas utilizados para la protección de las plantas son productos biológicamente activos contra organismos determinados. No obstante, también existe el riesgo de afectar a otros organismos.

El sector industrial que los produce debe comprobar que sus productos no son peligrosos.

En Suiza, la Oficina Federal de la Agricultura (OFA) es la encargada de examinar las pruebas que entrega la empresa concernida y con frecuencia se solicitan controles suplementarios que significan, a la vez, nuevas investigaciones por parte de la compañía agroquímica.

“Cuando evaluamos si es conveniente aprobar un producto, no solo observamos el grado de toxicidad. También debemos garantizar que la sustancia no presente riesgo inaceptable alguno. Consideramos lo que sería el peor escenario y a éste agregamos otros márgenes de seguridad, para alcanzar un alto nivel de precaución”, indica Olivier Félix, responsable de pesticidas de la OFA.

En las últimas dos décadas, la UE reevaluó cerca de 1.000 sustancias utilizadas para la protección de las plantas. Dos tercios de ellas fueron excluidas debido a que su bajo impacto mercantil no justificaba la inversión necesaria para una reevaluación posterior.

Más que una moratoria

Syngenta, la principal empresa agroquímica mundial, con ventas anuales de $14.200 millones (CHF13.300 millones), calcula que la suspensión durante dos años del uso de los tres neonicotinoides le significará pérdidas por unos $100 millones. Una merma que puede compensar parcialmente.

Pero para la industria dedicada a producir estos tratamientos, el problema va aún más lejos: si se suman más evidencias de la relación entre ciertos pesticidas y la salud de las abejas, la prohibición será permanente.

Una proscripción tal costaría a la Unión Europea €17.000 millones en un quinquenio, poniendo en riesgo el empleo de más de un millón de personas, según un estudio financiado por las empresas Bayer y Syngenta.

El impacto en los ingresos de estas compañías es poco significativo, siempre y cuando la moratoria se restrinja a la UE. A escala mundial las ventas de estos pesticidas ascienden a casi $2.000 millones, según estimaciones de analistas en el ramo.

“Si bien el efecto inmediato en las ventas de Syngenta no es tan importante, resultaría preocupante si esta prohibición se extendiera a escala global, aun cuando esta posibilidad se observa como improbable actualmente”, señala Martin Schreiber, analista del Banco Cantonal de Zúrich.

Schreiber estima que el insecticida ‘Actara’ y el tratamiento ‘Cruiser Maxx’ – ambos con el neonicotinoide tiametoxam – generan ventas por $1.000 millones. Y reemplazarlos por otros productos con la misma eficiencia requiere tiempo y dinero.

Es “extremadamente desafiante” encontrar una protección similar alternativa, indica el portavoz de Syngenta, Daniel Braxton.

Cuesta alrededor de $200 millones desarrollar un nuevo ingrediente activo, en un proceso que se inicia desde cero y en el que se involucran unos 2.500 científicos y 25.000 campos de prueba en diversos puntos del globo, según estima la multinacional helvética. Del descubrimiento del ingrediente a la puesta en el mercado de un producto se requieren entre ocho y diez años.

En 2005, Suiza retiró las licencias de 124 sustancias de un total de 450 en el mercado, indica Olivier Félix, responsable de pesticidas de la Oficina Federal de Agricultura. La mayoría de ellas fueron usadas por muchos tiempo y probablemente son seguras, pero ahora deben ser verificadas de nuevo.

Las autoridades solicitan un expediente muy amplio, que documente los efectos de cada sustancia y todos los organismos potencialmente afectados en cada posible empleo y dosificación. Syngenta entrega normalmente entre 80 y100 expedientes, cuando espera la autorización para comercializar un nuevo producto.

Los pesticidas actualmente en circulación son mucho más seguros que hace 20 años, subraya Félix y advierte que los consumidores tienden a olvidar que el objetivo de los agroquímicos es responder a las exigencias que ellos mismos imponen al buscar el producto alimenticio perfecto en el supermercado.

Traducción del inglés: Patricia Islas

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