Contra la ‘prohibición conyugal’ para los indocumentados
La iniciativa 'prohibición del certificado de unión' quiere impedir que contraigan matrimonio las personas que viven en Suiza sin permiso de estancia. La 'Plataforma de los Sin Papeles' critica el planteamiento.
Hace cuatro años, el partido Unión Democrática de Centro (UDC) reclamó que se endurecieran las leyes de asilo y extranjería; y en votación popular, la ciudadanía aceptó esas modificaciones. Hoy, la UDC quiere ir aún más lejos.
Con una iniciativa parlamentaria, el presidente de la UDC (derecha nacionalista), Toni Brunner, busca impedir que los ciudadanos suizos contraigan matrimonio con personas que viven en este país sin los documentos de residencia requeridos.
En concreto, la exigencia sería que la persona extranjera deba comprobar antes de contraer matrimonio que su estadía en Suiza transcurre dentro de los parámetros legales.
“Anticonstitucional”
Una modificación en el Código Civil en ese sentido afectaría el derecho fundamental al matrimonio y a la familia establecido en la Constitución, critica Anne-Catherine Menétrey, presidenta saliente de la ‘Plataforma de los Sin Papeles’.
“En la práctica significaría una prohibición al matrimonio para las parejas en las que uno de los comprometidos no tenga permiso de residencia”, reitera la ex diputada.
Cabe decir que ya algunos cantones solicitan que se compruebe la estancia legal de los miembros de una pareja que quiere unirse en matrimonio, según explica Menétrey.
“Para las parejas significa el inicio de una batalla de todos los días”. Y no sólo para los indocumentados -que se exponen a situaciones kafkianas en su relación con el personal del Servicio Civil y con los responsables de los controles de residencia-, sino también para los extranjeros que viven de forma legal en Suiza y para los suizos involucrados e, incluso, los niños de alguno de los miembros de la pareja en cuestión.
Derechos del niño también en cuestión
De acuerdo a Menétrey, el cambio en la legislación no sólo afectaría la concreción matrimonial, sino también el reconocimiento de los posibles hijos procreados por la pareja antes de su voluntad de unión civil e, incluso, la reunificación familiar. Por ejemplo, si un padre fuera forzado a salir del país por no tener los documentos de estancia, sus hijos perderían el derecho de vivir junto a sus padres, establecido en el Convenio de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Una comprobación obligada de la estancia legal en Suiza significaría también que los indocumentados que quieran casarse deben presentarse a las oficinas de control de residencia para autodenunciarse, opina, por su parte, Myriam Schwab, colaboradora del centro social de la iglesia protestante del cantón de Vaud.
La pelea por una visa
El camino para obtener una visa de viaje como ‘puerta de entrada’ puede traducirse en un camino largo y caro para sortear los obstáculos que impiden al indocumentado unirse en matrimonio con un ciudadano suizo. En la decisión están implicadas embajadas y autoridades de emigración, “en el marco de múltiples situaciones con también muchas razones para rechazar la entrega de una visa”, agrega Schwab.
Como ejemplo, cita el de una afgana que tuvo que hacer un maratón burocrático en su país y en Pakistán a lo lago de año y medio, antes de viajar a Suiza para encontrarse con su esposo.
Para evitar el riesgo de una separación prolongada, las parejas hacen todo lo posible para casarse en Suiza, antes de tener que pasar por esa odisea. “Todos los que han estado enamorados, pueden entenderlo”, apunta Schwab.
Perspectivas opacas
Pero en Suiza, el camino se verá más complicado en el futuro, puesto que no sólo el gobierno helvético lo ha anunciado, sino también los partidos mayoritarios de centro-derecha.
A esto se suma que una mayoría de la comisión encargada del tema en la cámara baja del Parlamento aconsejó al pleno que apoye el endurecimiento. Este miércoles 11 de junio es un tema de debate de los diputados y la ‘Plataforma de los Sin Papeles’ calcula que el respaldo a esas medidas se produzca en septiembre próximo.
Hasta ahora y en la mayoría de los casos, la organización ha podido franquear los obstáculos que las autoridades han impuesto a los contrayentes con un expediente de residencia ilegal. “Pero si la excepción de impedir el matrimonio se convierte en regla, el derecho constitucional al matrimonio se verá opacado”, concluye Myriam Schwab.
swissinfo, Renat Künzi
(Traducido del alemán por Patricia Islas Züttel)
Se calcula que en el territorio helvético viven entre 80.000 y 300.000 personas sin permiso de estancia, según un estudio de 2004 de la Oficina Federal de Migración.
El instituto de investigación gfs.bern habla de una cifra de 90.000 (con un margen de error de +/- 10.000)
En el cantón de Vaud, las estimaciones de las autoridades oscilan entre los 12.000 y los 15.000 indocumentados; en el cantón de Ginebra, entre 8.000 y 12.000.
En el círculo de las personas con estancia ilegal en Suiza se mencionan principalmente a las de origen latinoamericano, del territorio de la ex Yugoslavia, de la región de Kurdistán y de los otrora países del ex bloque socialista.
La mayoría de los indocumentados trabaja en los sectores de la construcción, la restauración, la agricultura y la limpieza doméstica.
Las personas indocumentadas se exponen a un alto peligro de explotación. Se sabe de casos de personas que trabajan en actividades domésticas entre 150 y 200 horas al mes, con un salario de 1.200 a 1.500 francos. (El salario promedio mínimo en Suiza se sitúa alrededor de los 3.000 francos por 40 horas de trabajo mensual).
Se fundó hace alrededor de 6 años por parlamentarios, representantes sindicales, religiosos y de organizaciones de ayuda en la región francófona del país, adoptando el nombre de ‘sans papiers’, en francés; una acepción que hace referencia a las personas sin documentos que acrediten su estancia legal en Suiza.
Con su labor, la problemática de las personas con estancia ilegal en Suiza se abrió a la opinión pública.
La ex legisladora por el partido de los Verdes, Anne-Catherine Menétrey, ha dejado el puesto al frente de la organización. Su nuevo presidente es el diputado federal Eric Voruz y alcalde de Morges, cantón de Vaud.
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