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Contra las regulaciones previstas para el suicidio asistido

A juicio de Petermann, a nivel legal debe abordarse el uso de la sustancia médica utilizada para el suicidio asistido. Keystone

El anuncio del Gobierno de establecer consultas para restringir el suicidio asistido en Suiza provoca críticas. Frank Petermann, experto en legislación médica de San Gall señala a swissinfo.ch que las regulaciones a evaluar irían en contra de los derechos humanos y no podrían evitar el denominado "turismo de la muerte".

Por su parte, las organizaciones en defensa del derecho a la muerte consideran que los planes gubernamentales son anticuados. La ministra suiza de Justicia Eveline Widmer-Schlumpf presentó dos anteproyectos de ley el miércoles pasado (28.10) sobre el suicidio asistido.

Uno de ellos prevé una interdicción de las organizaciones que se encargan de asistir a las personas que desean morir a causa de una enfermedad terminal o que viven desde hace tiempo con una grave incapacidad.

La otra propuesta introduciría restricciones severas para la asistencia a la muerte: la imposición de dos certificados médicos que testifiquen que el paciente que desea morir está sufriendo de una enfermedad incurable y probablemente fatal, y que su decisión ha sido tomada luego de haber recibido información basta sobre ese paso fatal.

Suiza permite el suicidio asistido desde la década de 1940, si el “asistente” es una persona que no tiene ningún interés por la muerte de la persona concernida. Tan sólo en 2007, cerca de 400 personan dieron fin a sus vidas en Suiza. Un tercio del total, provino de , Alemania y Gran Bretaña, donde está práctica está prohibida.

swissinfo.ch: ¿Hay realmente necesidad de definir pautas legales para controlar el suicidio asistido en Suiza?

Frank Petermann: No lo creo. Hay ciertos aspectos legales que deben ser aclarados, especialmente con respecto al uso de la sustancia medicinal empleada para el suicidio asistido, el natrium pentobarbital.

Pero aparte de eso, no hay una necesidad verdadera de legislar en la materia.

swissinfo.ch: ¿Por qué considera contradictoria la política del Gobierno sobre el suicidio asistido?

F.P.: Hace tres años, y cuando otra persona ocupaba el puesto de ministro de Justicia, el Gobierno rechazó una ley al respecto; y ahora hay este cambio de opinión, con el anuncio de su interés por abordar el tema.

Además hay un vacío en la prevención del suicidio ante los hechos innegables de que ocurren al año hasta 67.000 tentativas de suicidio que le cuestan al país 2.4000 millones de francos. (es decir, 2.350 millones de dólares).

Otra contradicción, considero yo, es el hecho de que el Gobierno señala que esta propuesta de legislar en la materia tiene por objeto la prevención de abusos; pero no se conoce hasta ahora dónde se han violado las regulaciones actuales.

swissinfo.ch: Como parte de las propuestas gubernamentales, se sugiere la prohibición de las organizaciones que asisten el suicidio. ¿Qué tan realista pudiera ser esto?

F.P.: Bien, en un estado totalitario esta pudiera ser una manera de proceder y a veces me sorprendo de lo cerca que estamos de un sistema así.

No estoy para nada convencido de que el Gobierno favorezca realmente la opción de establecer controles estrictos a los asistentes al suicidio, como lo asevera el Ministerio de Justicia.

Incluso, una interdicción también iría en contra del derecho constitucional.

swissinfo.ch: ¿La regulación y los controles propuestos para poner fin al turismo del suicidio evitarían que la gente de otros países viajen a Suiza para morir?

F.P.: No. Tengo razones muy buenas para pensar que las regulaciones previstas podrían ser eludidas. Pero, lo siento, no puedo decir más al respecto.
La política prevista es similar a la que el Gobierno adoptó contra la gente que intentaba escapar de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial y que no pudieron cruzar la frontera suiza.

Es una historia que se repite.

swissinfo.ch: ¿Estas propuestas se adecuan a los derechos fundamentales?

F.P.: Las propuestas contradicen las decisiones de la Corte Federal, de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la Constitución de Suiza. Desde el punto de vista legal, cada ser humano es libre de elegir el momento y los medios por los cuales quiere morir.

swissinfo.ch: ¿Usted coincide con las organizaciones Exit y Dignitas que consideran injustas las propuestas al argumentar que los pacientes crónico-enfermos perderían cualquier legitimidad para demandar el derecho a morir?

F.P.: Esto es, de hecho, un defecto muy serio en el anteproyecto de ley, pero no es el único.

Asciende al nivel de la perversidad. El enfermo crónico está ya condenado a sufrir, y usted le quita con ello su última esperanza.

Urs Geiser, swissinfo.ch
(Traducción: Patricia Islas Züttel)

Sobre la base del artículo 115 del Código Penal Suizo, las organizaciones de asistencia al suicidio tienen legalmente el derecho de ofrecer sus servicios.

El método más aplicado consiste en una dosis letal de barbitúricos prescritos por un médico.

La práctica suiza del suicidio asistido permite el uso de goteos intravenosos o sondas gástricas.

El acto legalmente controvertido es el último paso del procedimiento que consiste en abrir la cánula del tubo.

Este gesto tiene que ser efectuado por el individuo que quiere morir y debe ser presenciado por un testigo.

En Suiza, el suicidio asistido y la eutanasia pasiva son legales. La eutanasia activa, sin embargo, es ilegal.

En Alemania e Italia, el suicidio asistido es ilegal.

En Francia, la eutanasia pasiva dirigida por médicos o parientes será legal en el futuro. La eutanasia activa seguirá siendo proscrita.

Los Países Bajos y Bélgica permiten la eutanasia activa si la persona ha expresado claramente su deseo de morir.

Gran Bretaña posee las disposiciones legales más severas en materia de suicidio asistido en Europa. Por eso hay muchos británicos que vienen a Suiza.

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