Corte de la junta birmana condena a 5 años más de cárcel a Aung San Suu Kyi
Un tribunal de la junta de Birmania condenó este miércoles a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a cinco años más de cárcel, una nueva sentencia en este caso por corrupción en medio de numerosas acusaciones en su contra que podrían mantenerla detenida por décadas.
La Premio Nobel de la Paz de 76 años ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas contra el covid-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliar mientras enfrenta otros cargos.
En el caso decidido este miércoles, Aung San Suu Kyi estaba acusada de aceptar un soborno de 600.000 dólares en efectivo y lingotes de oro.
Después de dos días de retrasos, un tribunal especial en la capital construida por la dictadura militar, Naipyidó, divulgó su veredicto y la sentencia a las 09H30 (03H00 GMT) del miércoles.
“En relación con aceptar oro y dólares de U Phyo Min Thein, la corte la sentencia a cinco años de prisión”, dijo a AFP el portavoz de la junta, Zaw Min Tun. “Ella permanecerá bajo arresto domiciliaro”, agregó.
Según los medios locales, Suu Kyi apelará esta condena, criticada fuertemente por la comunidad internacional.
La Unión Europea afirmó que el juicio estaba “motivado políticamente” y suponía “otro gran retroceso para la democracia en Birmania”, mientras que la ONU solicitó la liberación de “todos los presos políticos”.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense criticó la “descarada persecución (de la junta) de los líderes democráticos de Birmania”.
Los periodistas no han podido seguir los juicios contra Suu Kyi y sus abogados no tienen permitido hablar con los medios.
La líder civil enfrenta todavía una amplia serie de acusaciones de violación de ley de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros, que pueden acarrear una condena global a más de cien años de cárcel.
En marzo, Suu Kyi debió perderse tres días de audiencias por estar en cuarentena debido a un contagio de covid-19 entre su personal.
Bajo una junta militar previa, Suu Kyi pasó largos períodos bajo arresto domiciliar en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad birmana.
Actualmente permanece detenida en un sitio no revelado de la capital, y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios.
– Milicias civiles –
El golpe generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza.
Desde el golpe, más de 1.700 personas han muerto y más de 13.000 fueron detenidas en la represión contra los disidentes, según un grupo local de monitoreo.
Suu Kyi ha sido el rostro de las esperanzas democráticas de Birmania durante más de 30 años, pero su imagen quedó muy afectada por su incapacidad de defender a la minoría musulmana de los rohinyás, duramente reprimida.
Su sentencia le impedirían participar en las elecciones que la junta dice que celebrará el próximo año.
El analista David Mathieson, de Independent Myanmar, dijo que la junta utiliza los juicios criminales para hacer que Suu Kyi sea “políticamente irrelevante”.
“Este es otro débil intento de afianzar el golpe”, comentó a AFP. “Esto tiene motivaciones políticas”.
Habida cuenta de su avanzada edad, “es posible que termine sus días en prisión”, señaló Phil Robertson, director adjunto de la sección de Asia de la oenegé Human Rights Watch. “Destruir la democracia birmana significa, en primer lugar, deshacerse de ella, la junta no dejará nada al azar”.
Muchos otros aliados políticos de Suu Kyi también han sido detenidos desde el golpe, incluyendo un jefe de ministros sentenciado a 75 años de prisión, mientras otros permanecen ocultos.
A lo largo del país se han formado varias “Fuerzas de Defensa Popular” (FDP), milicias civiles que buscan combatir a la junta.
Analistas señalan que el ejército birmano, fuertemente armado y bien entrenado, se ha visto sorprendido por la efectividad de las FDP y en algunas áreas luchan para contenerlas.
El tumulto que vive Birmania desde el golpe ha espantado a los inversionistas extranjeros, quienes llegaron al país al inicio del período democrático, alrededor de 2011.
Los gigantes energéticos TotalEnergies y Chevron, así como British American Tobacco y la cervecería japonesa Kirin anunciaron planes de retiro.
