CorteIDH condena a Nicaragua por la desaparición forzada del coronel retirado José Silva
San José, 13 nov (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este jueves al Estado de Nicaragua por la desaparición forzada del coronel retirado José Ramón Silva Reyes, quien en 1983 fue privado de su libertad por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado.
En la sentencia notificada hoy a las partes, la Corte concluyó que Silva Reyes fue víctima de desaparición forzada desde que fue privado de su libertad el 30 de octubre de 1983 por agentes de seguridad después de haber sido inducido a salir de la Embajada de Guatemala en Managua, mediante engaños, como parte de una operación atribuida a la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE).
«El Estado de Nicaragua no ha proporcionado información alguna sobre el paradero del señor Silva Reyes, limitándose a sostener que habría escapado de la embajada, sin registro oficial de detención o liberación (…) La detención se produjo sin orden judicial y en condiciones de clandestinidad, lo que constituyó una privación arbitraria de libertad», explicó la CorteIDH.
Según la demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso se remonta a 1979 cuando José Ramón Silva Reyes era coronel en retiro de la Guardia Nacional de Nicaragua y como resultado del triunfo de la Revolución Sandinista el 18 de julio de ese año, habría acudido junto con otros familiares a la embajada de Guatemala en solicitud de asilo político.
Durante ese periodo de asilo, hasta el 30 de octubre de 1983, Silva Reyes habría solicitado en varias ocasiones salvoconducto, pero este no le habría sido otorgado.
«Al ocurrir en un contexto de represión y persecución de exmiembros de la Guardia Nacional, la víctima quedó expuesta a un riesgo real de sufrir violencia y ejecución, lo que implicó la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal», indica la sentencia.
El fallo agrega que el Estado también «incumplió su deber de investigar y buscar el paradero de la víctima, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos desde al menos 1990».
La Corte destacó que la inacción estatal y la falta de medidas efectivas constituyeron una violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como al derecho a la verdad de los familiares.
Además, concluyó que la desaparición generó afectaciones profundas y prolongadas en sus familiares, quienes sufrieron angustia, estigmatización e incertidumbre durante más de cuatro décadas.
La CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno del actual presidente, Daniel Ortega, que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la CorteIDH ni acredita representantes para las audiencias del tribunal. EFE
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