Declaran varios directivos de empresa española por vender acero a empresa de armas israelí
Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente de la siderúrgica española Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa declararon este miércoles ante un juez de la Audiencia Nacional española como imputados en una investigación por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas pesadas y ligeras.
El magistrado investiga si los directivos de la empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente «con pleno conocimiento» de que el material «iba lógicamente destinado a la producción de armamento».
Los imputados, que solo contestaron a las preguntas de sus abogados, alegaron que al tratarse de acero sin alear no era necesario una autorización especial del Gobierno español para la exportación, y ofrecieron pruebas al juez para demostrar que no cometieron irregularidades en las ventas de acero a esa empresa israelí, según informó la propia Sidenor en una nota de prensa.
La cúpula de la empresa se limitó a manifestar que cuando se produjeron esas ventas no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con Israel y añadieron que la compañía no recibió comunicación de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel.
La empresa adjunta además extractos de un informe policial que, según Sidenor, subraya que al tratarse de un tipo de acero sin alear «no tiene ningún epígrafe asociado ni se considera un material susceptible de doble uso».
Este procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.
Tras las declaraciones, el abogado que representa a esta acusación, David Aranda, manifestó a los periodistas que, si bien la principal alegación de Sidenor es que el acero que fabrica no es de doble uso, lo que se investiga es que iba destinado a una empresa que fabrica de forma exclusiva tecnología militar como plataformas de lanzamientos de misiles o munición.
Además, añadió, se investiga si a través del envío regular de acero a una empresa armamentística israelí se está colaborando con un delito de genocidio o de lesa humanidad, con lo que se trata de algo bastante complejo.
Y es que considera un «hito importante» la apertura de ese procedimiento porque manda «un mensaje claro» por parte de la Justicia: «Basta con lucrarse con el genocidio» para ser considerado cómplice, situación en la que se encontrarían más empresas españolas, resaltó el abogado.
El Congreso español aprobó en octubre un decreto ley que consolida jurídicamente el embargo «total» de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, un texto en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional. EFE
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