La Cruz y los derechos políticos del ciudadano
Un referéndum frustrado causa remolino político en Suiza. Los promotores de la acción atribuyen su fracaso a una presunta chapuza administrativa. El ejemplo muestra lo costoso que es conservar los derechos democráticos.
La iniciativa y el referéndum forman parte de los derechos de participación directa que tiene el pueblo suizo. La izquierda política recurre con más frecuencia a estos mecanismos democráticos, porque para imponer sus aspiraciones no cuenta con la mayoría suficiente en el Gobierno ni en el Parlamento. Pero también la derecha ha hecho mayor uso de estos recursos en los últimos años. En los referendos recientes se ha advertido incluso que la derecha (Acción para una Suiza Independiente y Neutral ASIN) y la agrupación de izquierdas (Juventud Socialista JUSO) actuaron codo con codo, aunque sin éxito.
Sus referendos de oposición al Pacto Fiscal con Alemania, Gran Bretaña y Austria quedaron sin efecto porque el número exigido de firmas certificadas no llegó oportunamente a la Cancillería del Gobierno Federal. En el caso de los acuerdos con Alemania y Gran Bretaña, unas 2.800 firmas entregadas a destiempo por cada uno de ellos pudieron haber cubierto las 50.000 rúbricas necesarias, pero…llegaron después del plazo establecido. Los promotores atribuyen el retraso a las autoridades correspondientes y reprochan a ciertos municipios haber actuado sin orden durante la certificación de firmas.
Ha trascendido el caso de un municipio de Ginebra donde 1.500 firmas fueron presentadas cuando faltaban apenas cuatro días para la expiración del plazo señalado. El comprobar a tiempo la autenticidad de las mismas implicó esfuerzo y horas extraordinarias de los empleados municipales. Pero cometieron el error involuntario de reenviar el paquete con franqueo postal módico y lento (B-Post) en vez de hacerlo con el prioritario (A-Post) y eso hizo que llegara a destino después de haber fenecido el plazo reglamentado para la solicitud de referéndum.
Desde entonces se discute públicamente sobre si los municipios concernidos son responsables del fracaso o si son los promotores del referéndum los culpables de la entrega tardía de las firmas certificadas.
En vista de que los últimos han presentado recurso contra el fracaso de su acción en la Cancillería federal, el Tribunal Federal será quien decida al respecto.
“¿Testimonio cultural único en riesgo?”
En el coro de los indignados no suenan únicamente las voces de numerosos medios, sino también las de varios partidos: “Se ha engañado a los electores de manera negligente…por chapuza” impreca por ejemplo Oswald Sigg en el tabloide sensacionalista Blick. El antiguo portavoz del Gobierno federal atribuye a las cancillerías municipales el no “haber hecho su trabajo con seriedad”. Y por esta razón ve en peligro a la democracia directa que, siendo testimonio político mundial único, “se la deja venir a menos”.
El profesor Wolf J. Lindner comprende en cierta medida la indignación. Sin embargo, el emérito director del Instituto de Ciencias Políticas en la Universidad de Berna no cree que el recurso presentado ante la Corte Federal tenga alguna influencia en la cuestión de los acuerdos fiscales. “Me parece que el referéndum ha fracasado definitivamente”. Aparte de las dificultades técnicas está en juego la seguridad jurídica. “Y habría que demostrar la mala conducta de los municipios para afirmar que sabotearon el referéndum”.
“Es un asunto desagradable” el que las firmas no hayan sido reenviadas inmediatamente, dice Linder. “Los grupos referendarios confían en que las autoridades cumplan sus funciones según las normas establecidas”.
La ley federal sobre los derechos políticos establece que las reparticiones administrativas “reenvíen de inmediato las firmas certificadas al remitente”. Lo que los legisladores quieren decir con “de inmediato” parece divergir.
Algunos exponentes consideran que el concepto no es suficientemente obligatorio y reclaman una revisión de la ley para precisar los plazos.
A juicio del profesor Linder es un concepto bastante claro. “Los municipios deben hacer lo necesario para controlar y devolver las firmas en los plazos determinados”. El catedrático duda que una nueva reglamentación pueda cambiar algo. “Se cometen errores y lo único que pueden hacer aquellos grupos promotores de un referéndum es reunir la mayor cantidad de firmas posible para obtener su referéndum”.
Aluvión de firmas
Zúrich es la ciudad que controla el mayor número de firmas. En el caso del referéndum para oponerse a los acuerdos fiscales, ha entregado todas las firmas en el tiempo establecido para tal fin.
“Es un trabajo muy serio”, afirma Andreas Bichsel, jefe del Departamento de Población en la ciudad de Zúrich. “Estamos conscientes del significado político que tiene esta tarea en una democracia directa”. Además, las comisiones y los medios de comunicación realizan un control minucioso.
En lo que va de este año (hasta principios de octubre), la ciudad de Zúrich ha controlado 140.000 firmas (en 2011 fueron 110.000) presentadas para accionar 33 iniciativas y referendos cantonales y federales. No es raro que al mismo tiempo se lleven a cabo recolecciones de firmas para varios asuntos, situación que reclama planeamiento y organización minuciosas.
Una comisión de ocho personas se encarga de todo el proceso de votación, y el control de firmas es apenas una parte de sus obligaciones. Entre 100 y 150 firmas son controladas por hora y el avance no depende únicamente del rendimiento de los empleados, sino sobre todo de la calidad de los formularios de la recogida de firmas.
Dado que cientos de firmas son entregadas poco antes de la expiración del plazo, se instruye a los empleados de otras reparticiones para que puedan ayudar en esas circunstancias.
“Máxima prioridad”
Esta labor tiene la prioridad máxima, pero hay límites. En los municipios pequeños se sobrepasan esos límites. “La falta de medios financieros hace que ninguno de esos municipios se permita contratar gente solamente para ese trabajo y que sea llamada cuando se la necesita”, precisa Bichsel.
En las grandes ciudades también se cometen errores. La de Zúrich tuvo problemas a principios de este año con una iniciativa propuesta por el partido Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) porque quedaron 6.000 firmas. Ese error no tuvo consecuencias porque la UDC ya había consolidado su iniciativa presentando el suficiente número de firmas antes de la expiración del plazo.
La iniciativa popular permite a los ciudadanos y ciudadanas proponer enmiendas a la Constitución Federal. Para hacerlo se debe presentar a la Cancillería federal un total de 100.000 firmas válidas en un plazo de 18 meses.
El referéndum (facultativo) permite a los ciudadanos y ciudadanas obtener que el pueblo decida sobre una ley ya aprobada por el Parlamento. Si el comité propulsor presenta a la Cancillería federal 50.000 firmas válidas en un plazo de 100 días se procede a una votación nacional.
Los instrumentos de los derechos políticos del ciudadano son empleados mayormente por los partidos y las agrupaciones que no pertenecen a la mayoría en el Gobierno ni en el Parlamento o incluso no están representados.
En los últimos años ha aumentado sin cesar el número de iniciativas y referéndums. Los críticos reprochan a algunos promotores de iniciativas y referéndums el que usen estos mecanismos de la democracia directa con fines de mercadotecnia (marketing).
El experto en Derecho público René Rhinow señala a swissinfo.ch que a menudo contienen redacciones descuidadas, populares, pero que en la práctica pueden crear grandes problemas porque no fueron formuladas pensando en los derechos constitucionales, sino persiguiendo en primer lugar un fin político.
Casi todos los grandes partidos han empleado a profesionales a sueldo para la recogida de firmas. “No todos pueden permitirse estos métodos”, precisa el profesor Rhinow. “Esa es una evolución problemática porque no todos tienen cartas iguales”.
Traucción, Juan Espinoza
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