Desplazados colombianos: un retorno de odisea
Con el acompañamiento de ONG locales e internacionales, incluido el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia ask!, decenas de desplazados vuelven a su tierra.
Oriundos de Curvaradó, departamento del Chocó, los ‘retornados’ habían sido expulsados de sus lares por los conflictos armados y los intereses económicos.
“Afrocolombianos y mestizos en su mayoría, son personas que tienen una relación muy fuerte con su territorio. Ahí tenían sus cultivos, su cultura… Fue ahí donde se establecieron desde que escaparon a la esclavitud”, Stephan Suhner evoca las razones que mueven a los desplazados a desandar el camino de su “fuga” aun cuando los riesgos que los amenazan no han sido conjurados.
Más aún:
“Por la difícil situación económica y social de Colombia, y por el estigma de ser negros y desplazados, es muy difícil vivir dignamente en otra parte”, sentencia el voluntario del Grupo Suiza-Colombia, quien participó en el acompañamiento del ‘desexilio’.
La diáspora de las familias de Curbaradó se inscribe en el fenómeno de desplazamientos forzados que padecen unos tres millones de personas en Colombia, y arrancó en 1996, cuando comenzó igualmente una andanada de agresiones contra la comunidad: asesinatos, desapariciones, amenazas, despojos.
Los territorios colectivos titulados a las comunidades afrodescendientes y las propiedades con títulos individuales entregados por el gobierno debieron ser abandonados por sus legítimos propietarios.
Y, a río revuelto…
Esas tierras fueron ocupadas más tarde por empresas privadas que, de modo ilegal, introdujeron proyectos extensivos de siembras de palma aceitera. Para el 2004, 22.022 hectáreas de los territorios colectivos de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó estaban ocupadas por esos cultivos (En más sobre el tema: Palma africana, del ensueño a la pesadilla).
Ahora, a diez años de distancia del inicio de las hostilidades en su contra, decenas de familias de Curvaradó emprendieron el camino de vuelta. Seguridad obliga: representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, tanto colombianas como internacionales, iban con ellas.
¿Qué peligros corrían?
Stephan Suhner explica que se trata de una zona con una importante presencia paramilitar (bloque Elmer Cárdenas, en supuesto proceso de desmovilización), además de una también muy fuerte presencia de la Brigada 17 del ejército, tristemente célebre por las reiteradas acusaciones en su contra de violaciones a los derechos humanos. “Ambos, un peligro”.
En cumplimiento de las formas y con el objetivo de exorcizar cualquier posible amenaza, desplazados y acompañantes habían informado a quien fue menester:
“Para el retorno se habló con muchas instancias del Estado, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia, el Ministerio de Defensa, la misma Brigada 17. En forma oral, el gobierno dio garantías de que el transporte iba a funcionar, que el paso estaría libre pero todo eso, como se vio después, era inexacto. Había obstáculos y fue difícil llegar”.
Unas 200 personas -incluidos desplazados y voluntarios, hombres, mujeres y niños- se reunieron a las 14:00 horas del sábado 8 de abril en Belén de Bajirá y luego de una marcha silenciosa en memoria de las víctimas de las masacres, las desapariciones y los desplazamientos, emprendieron la ruta.
Más Vía Crucis que peregrinaje
En condiciones ‘normales’, el arribo tendría que haberse producido un par de horas más tarde. Empero, el peregrinaje fue más arduo y más peligroso de lo previsto:
Se les negó el acceso a la embarcación en la que debían cruzar, en no más de media hora, el Río Sucio. Como consecuencia, debieron regresar al punto de partida, pernoctar en él y, al día siguiente, seguir una ruta de varias horas por zonas de fuerte presencia paramilitar, amén de que una camioneta con un grupo de ‘paras’, armados con rifles de largo alcance, precedía su marcha. (En más sobre el tema: Momentos de miedo y de tensión).
Diezmada (muchos de los acompañantes ya no pudieron quedarse un día más), la caravana llegó en el mediodía del domingo a la Casa del Patriarca Don Enrique Petro, quien cedió cinco hectáreas de su terreno para la conformación de una zona humanitaria o comunidad de paz (En Más sobre el tema: Colombia en Nyon) para dar asiento a los retornados.
El camino no llegó hasta la casa
En esa zona neutral, a la que está prohibido el acceso de cualquier actor armado, podrán asentarse los campesinos que habían sido desplazados, como una etapa previa al retorno a sus propios predios.
En efecto, la ocupación de sus tierras con la palma aceitera, el control permanente que ejercen los grupos paramilitares, con el apoyo de la Fuerza Pública, y la persistencia del conflicto armado no les permite todavía retornar a sus fincas individuales.
La vuelta para esas familias de desplazados fue una odisea y su destino sigue siendo incierto. Stephan Suhner da cuenta de su inquietud:
“Lo que queda es la preocupación de todos nosotros, suizos, ingleses, canadienses o colombianos, que acompañamos la suerte de estas familias. Aún más, cuando con el correr del tiempo la atención pública baje un poquito. Las ganas de los actores armados de hacerles daño son enormes…”
Un llamado a estar atentos
La prueba no se había hecho esperar: Al día siguiente de la llegada a la zona humanitaria (lunes 10.04) se presentaron miembros del ejército (a una comunidad donde está prohibida la presencia armada) para “informarse de lo que estaba pasando ahí”, cuando las fuerzas armadas habían sido ampliamente notificadas.
Dos días después, los soldados volvieron con una orden de desalojo que sólo pudo impedir la presencia de voluntarios foráneos.
“La gente resistió y como estaban las Brigadas Internacionales de Paz, se evitó el desalojo, pero cuanto menos atención pública haya, más peligro habrá para la gente. Entonces, es muy importante que todo el mundo esté pendiente de esas personas”, exhorta Stephan Suhner.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
La comisión de acompañamiento al regreso de las familias desplazadas del Curbaradó se realizó entre el 8 y el 10 de abril del 2006.
Las familias fueron acompañadas por representantes de las iglesias católica, luterana y presbiteriana de Colombia y de Estados Unidos.
ONG de derechos humanos de Colombia, Canadá, Reino Unido, Suiza.
Miembros de las familias de los Consejos Comunitarios asociados en Cavida (Chocó), Comunidad de Vida y Trabajo de la Balsita de Dabeiba (Antioquia).
Habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y la Red de Alternativas (grupo de organizaciones de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa).
Por parte del Estado, estuvieron acompañando tres representantes de la Defensoría del Pueblo seccional Urabá y un delegado del Programa de Comunidades en Riesgos del Ministerio del Interior con sede en Apartadó.
Durante los 10 años en que permanecieron en situación de desplazamiento forzado, la mayoría de las familias del Curbaradó han sufrido condiciones de extrema pobreza en las ciudades de Apartadó (Antioquia), Belen de Bajirá, Cali (Valle), Chigorodó, Medellín, Mutatá, y Turbo (Antioquia).
Algunas familias desplazadas del Curbaradó decidieron resistir en su territorio y encontraron refugio en la cuenca del Jiguamiandó y en veredas aledañas.
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