Bruselas presiona a Suiza en el tema de la fiscalidad
En una toma de posición, hecha pública este martes, la Comisión Europea considera que la imposición fiscal a las empresas activas en algunos cantones helvéticos es incompatible con el Acuerdo de Libre Comercio de 1972.
La Comisión solicita que los países miembros de la UE le otorguen un mandato para entablar negociaciones. Algo inadmisible, según la patronal suiza.
La Comisión Europea decidió este martes que los privilegios fiscales que ofrecen a las empresas varios cantones suizos son incompatibles con el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) de 1972, que concluyeron Suiza y la Unión Europea (UE). La Comisión pide a los estados miembros que le otorguen un mandato de negociación en este diferendo.
Al tomar estas dos decisiones – la incompatibilidad y la solicitud de un mandato de negociación – el Ejecutivo europeo quiere atajar los privilegios fiscales que ofrecen algunos cantones a las empresas que tienen sus sedes centrales en territorio helvético, pero que obtienen sus beneficios en el extranjero.
“Los regímenes tributarios que aplican algunos cantones suizos y que benefician a las sociedades de gestión, sociedades corporativas y sociedades mixtas constituyen una forma de ayuda estatal incompatible con el acuerdo de 1972”, subraya en un comunicado la Comisión Europea.
Ventajas desleales
Según el Ejecutivo europeo, se trata de incentivos fiscales desleales acordados a empresas establecidas en Suiza por ganancias que realizan en el territorio de la UE. Bruselas cita las legislaciones tributarias de los cantones de Zug y Schwyz.
“Suiza goza de las ventajas que le ofrece un acceso privilegiado al mercado interior y debe aceptar las responsabilidades que se derivan de ello”, declaró la comisaria europea para Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, citada en el comunicado.
“La decisión de la Comisión no concierne la competencia fiscal, sino una ayuda de Estado que compromete las condiciones de competitividad iguales necesarias para nuestra relación de socios, así como las relaciones comerciales entre Suiza y la Unión Europea”, precisó.
Distorsión de la competencia
El Ejecutivo europeo invita a Suiza a modificar esos regímenes fiscales y adaptarlos conforme al Acuerdo de 1972.
La Comisión Europea “debatirá con los Estados miembros el procedimiento a seguir en vista de negociar, con Suiza, una modificación de los regímenes fiscales en cuestión con el fin (…) de terminar con una distorsión de la competencia”, concluye el texto.
“Resulta obvio que la Comisión Europea no entiende nuestro sistema político. Las autoridades federales no tienen voz ni voto en este asunto”, declaró a swissinfo Kurt Stalder, secretario de la Conferencia de Directores Cantonales de Finanzas.
“En la Constitución está escrito que los cantones tienen competencia para establecer su régimen tributario y para cambiarlo hay que convocar un referéndum nacional. En los últimos años los suizos tuvieron varias oportunidades de modificarlo, pero siempre votaron a favor del sistema”, puntualiza.
Solicitud “inadmisible”
No se justifica este cuestionamiento ‘a posteriori’ por parte de la Comisión, señala en un comunicado la patronal suiza economiesuisse. La soberanía fiscal de Suiza “no es negociable” y la solicitud de Bruselas debe ser rechazada sin titubeos.
Esta solicitud es inaceptable desde el punto de vista jurídico, nociva desde el punto de vista económico y financiero, y constituye un ataque contra la soberanía helvética en el ámbito político, precisa el comunicado.
Finalmente, y teniendo en cuenta la competencia fiscal que reina en el seno de la UE, economiesuisse se pregunta “si la voluntad de armonización de la Comisión Europea contará con el apoyo de los Estados miembros”.
swissinfo y agencias
Suiza está convencida de que el acuerdo bilateral de libre comercio que suscribió en 1972 con la Unión Europea no se aplica a los privilegios fiscales que reciben las empresas en varios cantones helvéticos.
Este acuerdo se aplica solamente al comercio de algunos bienes (productos industriales y productos agrícolas transformados).
Berna sostiene que en el momento de firmarse el acuerdo, Suiza y la entonces Comunidad Europea no preveían armonizar sus legislaciones respectivas (en el ámbito de los productos, de competencia o de ayudas estatales).
Asimismo opina que las reglas de este acuerdo no deben interpretarse en el mismo sentido que la reglamentación interna de la UE en materia de competencia.
Rechaza también la idea de que Suiza pueda ser atacada sin justificación legal por el hecho de tener acceso al mercado interior europeo.
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