España debe reforzar su inspección fiscal
Un país cansado de la crisis y del desempleo observa cómo salen a la luz casos de personalidades españolas con cuentas en Suiza que no han declarado a Hacienda. ¿Qué está fallando en la detección de fondos opacos? El verdadero problema está fuera de las fronteras suizas, opina Arturo Bris, del instituto IMD de Lausana.
La lista de cuentas opacas en Suiza incluye a políticos, como los ex tesoreros del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas y Ángel Sanchís, dinastías empresariales como la familia Botín –cuyos fondos suizos, producto de una herencia, ya fueron regularizados– o miembros de la realeza, como Iñaki Urdangarin, yerno de los reyes de España.
Todos ellos tienen un rasgo en común: son Personas Políticamente Expuesta (PEP), según los criterios internacionales vigentes. “Las relaciones de negocios con las PEP no están prohibidas, pero la ley obliga a los bancos a conducirlas con el mayor cuidado”, señala la Autoridad Supervisora del Sistema Financiero (FINMA) suizo.
Si estas cuentas pudieron mantenerse ocultas durante 10 o más años, puede que algo esté fallando en la detección de Suiza. Arturo Bris, director del Programa de Estrategia Avanzada del IMD, de Lausana, lo niega.
En su opinión, se trata más bien de un problema fiscal –de la falta de controles eficaces por parte de países como España- que se ha desviado al ámbito bancario.
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El cerco se cierra en torno al secreto bancario
Los fondos de la controversia
Suiza adoptó en 1998 reglas sobre cómo deben manejar los bancos los activos de las PEP. “Una relación de negocios que está sujeta al cumplimiento de obligaciones estrictas”, precisa FINMA.
Dos de los requisitos son que el banco conozca a fondo a sus clientes PEP antes de aceptar sus fondos; y que el órgano ejecutivo de la institución revise una vez al año la relación de negocios para determinar si debe mantenerla o no.
Sin embargo, en 2009, el caso Gürtel –investigación para dilucidar una presunta red de corrupción política en el PP- involucró a empresarios como Francisco Correa o Pablo Crespo y reveló la existencia de cuentas en Suiza.
Y en 2013, el caso Bárcenas ha sacudido los cimientos del partido en el Gobierno. El ex tesorero del PP y algunos de sus allegados han sido cuestionados por ser titulares de cuentas suizas cobijadas en empresas fantasmas y jamás declaradas al fisco español.
¿Por qué los bancos helvéticos aceptaron estos fondos?
Hervé Falciani , el controvertido informático franco-italiano que en 2008 sustrajo coordenadas de 130.000 evasores potenciales con cuentas en el HSBC en Ginebra –banco para el que trabajó seis años- podría ofrecer a Madrid nueva luz en su lucha contra los titulares de cuentas en el extranjero no declaradas al fisco.
El pasado 15 de abril, la Audiencia Nacional celebró la vista que le permitirá definir si Falciani debe ser extraditado o no a Suiza por violar el secreto bancario. El fallo se espera para los próximos días.
Por primera vez, Dolores Delgado, fiscal encargada del caso Falciani, expresó ese lunes una clara oposición a su extradicción argumentando que “España no reconoce el secreto bancario como lo hace Suiza”.
Cabe recordar que la colaboración previa de Falciani ya permitió a España detectar a más de 600 evasores con fortunas en Suiza, y éste habría ofrecido a la Unidad Central de Delicuencia Ecoómica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) la entrega de información adicional a cambio de no ser extraditado y vivir en España como testigo protegido.
La prioridad: blanqueo de dinero
“Desde 2003, Suiza tenía en marcha todos los dispositivos relevantes para tratar la presencia de las PEP en los bancos y se habían reforzado las precauciones. Pero estas medidas estaban dirigidas a impedir la llegada de dinero vinculado al blanqueo de capitales. Era un dispositivo que no tenía objetivos fiscales. Su misión no era frenar la evasión”, señala a swissinfo.ch Luc Thévenoz.
El director del Centro de Derecho Bancario y Financiero de la Universidad de Ginebra explica que para atender el problema de la evasión fiscal existen convenios específicos entre Suiza y la Unión Europa (UE).
Por ejemplo, el acuerdo sobre fiscalidad del ahorro, que compromete a Berna a retener impuestos sobre los rendimientos de las cuentas en Suiza de ciudadanos comunitarios. Son fondos que la banca suiza ha transferido puntualmente a las haciendas europeas desde 2006.
Este acuerdo contempla solo los intereses generados por cuentas en Suiza y no grava, por ejemplo, las ganancias por venta de acciones bursátiles, fondos de capitalización, derivados, etc.
Su objetivo es regularizar, a cambio del pago de un impuesto liberatorio, los fondos no declarados que tienen depositados en Suiza ciudadanos extranjeros, en particular los de la Unión Europea (UE).
La regulación tiene efecto retroactivo y consiste en cobrar un impuesto único sobre el capital depositado que se ocupará de recaudar un intermediario (generalmente un banco) para transferirlo de forma anónima (sin revelar el nombre del titular) a las autoridades fiscales del país en cuestión. La carga tributaria sobre el capital depositado varía entre el 19% y el 34%.
Los futuros rendimientos se gravarán con un impuesto liberatorio que se recaudará previamente sobre los intereses y dividendos.
Hasta la fecha, Suiza ha suscrito acuerdos Rubik con Alemania, Gran Bretaña y Austria. El primero fracasó ante el voto negativo del Bundesrat, la cámara alta del Parlamento germano. Los otros dos entraron en vigor el 1 de enero de 2013.
Más supervisión en España
“La evasión fiscal a través de cuentas suizas no es esencialmente un problema de Suiza. El delito ocurre en los países de origen”, sostiene Arturo Bris. “En mi opinión, es perfectamente legítimo que Suiza atraiga capitales. El dinero es inteligente y siempre irá a donde pague menos impuestos”.
La discusión actual se está desviando del ámbito fiscal al bancario, según el experto, y esto es un error. “Es una obligación de países como España o Francia prevenir que sus ciudadanos evadan impuestos. Creo que es, ante todo, un fallo en las regulaciones domésticas que deben reforzar su inspección fiscal”, afirma.
“Es como pedir a Suiza que cada vez que un coche extranjero cruza sus fronteras compruebe antes si no tiene multas pendientes en su país. No es su responsabilidad, para ello existen tratados bilaterales en materia fiscal y, eventualmente, acuerdos de extradición cuando éstos son necesarios”.
Bris destaca, además, el rol que ha jugado la crisis en este proceso. Cuando corren malos periodos, atajar la evasión es uno de los caminos más utilizados para obtener ingresos.
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) son aquellas que ejercen o han ejercido una funcion pública de relevancia o que están estrechamente ligadas a alguien que está en esta posición.
Los bancos internacionales deben tomar precauciones adicionales en su relación de negocios con estos clientes por el riesgo potencial que existe de que se vean implicados en casos de corrupción.
En 1998, Suiza definió criterios y reglas que deben respetar los bancos en la relación con las PEP. Pero el término emergió a escala internacional en 2003, cuando se incluyó en la Convención de la ONU contra la Corrupción.
Uno de los principios básicos que deben cumplir los bancos es conocer a fondo a sus clientes antes de aceptar fondos y revisar anualmente si existe algún elemento que justifique el cese de la relación de negocios.
Nuevas reglas de juego
En la primavera de 2009, Suiza despertó una mañana con la noticia de que figuraba en la lista negra de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de ahí su plaza financiera vivió intensas reformas.
“La OCDE ha desarrollado nuevos estándares en busca de una mayor transparencia fiscal. Las presiones comenzaron en 2002, pero éstas aumentaron claramente en 2008, tras iniciarse la crisis”, afirma Luc Thévenoz. “A partir de 2009 Suiza decidió revisar los convenios para evitar la doble imposición (CDI) que tenía con otros países y aceptó el intercambio de información con otros gobiernos cuando existen sospechas de evasión (y no solo de fraude)”.
Esta decisión ha cerrado el cerco en torno a los evasores extranjeros con cuentas en Suiza, pero no ha conseguido resolver el problema.
“FINMA sigue muy de cerca la forma en la que los bancos manejan su gestión de riesgos. Es una de nuestras prioridades. Somos conscientes del crecimiento del problema y de los riesgos jurídicos y de reputación que implica la actividad trasfronteriza”, declara a swissinfo.ch Lux Tobias, portavoz de FINMA.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, enfrenta actualmente un escándalo de desvío de fondos que presuntamente involucra a su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.
El grupo multimedia Clarín -opositor al régimen de los Kirchner- reveló que el empresario argentino Lázaro Báez, amigo cercano a la pareja desde hace tres décadas y presunto testaferros de Néstor Kirchner, habría orquestado una serie de operaciones de lavado de dinero que permitieron transferir 55 millones de euros hacia paraísos fiscales.
El banco Lombard Odier, de Ginebra, es uno de los receptores de los fondos, según el grupo Clarín. Actualmente, la justicia argentina ha iniciado investigaciones.
No obstante, la falta de reglas concretas con respecto al tratamiento fiscal que los bancos suizos deben dar a las cuentas de extranjeros es un tema pendiente. El tratamiento solo está claro en el caso de clientes del Reino Unido y Austria, con quienes Suiza ha suscrito un acuerdo Rubik.
Para el profesor Arturo Bris, la plaza financiera suiza ha realizado los esfuerzos correctos. “La regulación financiera ya ha mejorado lo suficiente y también lo ha hecho el gobierno corporativo de los bancos. Pero mientras no exista control sobre los capitales ilícitos en España, seguirá siendo fácil que ese dinero termine en Suiza”.
Actualmente, la Audiencia Nacional analiza la extradición a Suiza del informático franco-italiano Hervé Falciani. De rechazarla, Madrid podría recibir del ex empleado del HSBC en Ginebra un nuevo listado de evasores españoles con cuentas suelo helvético.
“Los casos seguirán mientras España no mejore su inspección fiscal. Hasta ahora siempre ha sido más fácil controlar las rentas del trabajo que las que produce el capital. Y esto debe cambiar”, resume Arturo Bris.
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