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¿Debe Suiza abolir el secreto bancario?

La plaza financiera suiza lleva varios años en el punto de mira de las grandes potencias económicas que han declarado la guerra a la evasión fiscal. ¿Es oportuno que Suiza renuncie al secreto bancario? ¿O hay que defenderlo y a qué precio?

Este contenido fue publicado el 30 agosto 2012 - 11:00

El secreto bancario se introdujo en la ley federal sobre bancos de 1934 y debía servir, entre otras cosas, para proteger la esfera privada de los clientes bancarios contra intervenciones injustificadas por parte del Estado. Las instituciones de crédito suizas lo aprovecharon para atraer del extranjero cientos de miles de millones de francos no declarados al fisco.

De ser un factor de éxito, en los últimos años el secreto bancario se ha convertido en una amenaza para el centro financiero suiza: bancos investigados en Estados Unidos, amenazas de demandas penales por parte de países europeos, cuantiosas multas que se avecinan, negociaciones sobre acuerdos fiscales cada vez más difíciles para el Gobierno suizo. ¿Se justifican los ataques que llegan del extranjero? ¿O sencillamente tratan de debilitar la plaza financiera suiza?

Presiones sobre el secreto bancario

En 2009, el G-20 (que reúne a las 20 economías más importantes del mundo) inscribió a Suiza y a otros países en una lista gris de estados que incumplían los estándares de colaboración fiscal internacional fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Para salir de esa lista gris y evitar la clasificación de paraíso fiscal, el gobierno suizo se aprestó a firmar con rapidez nueve convenios destinados a evitar la doble imposición (CDI) conforme a las normas de la OCDE.

En virtud de dichos acuerdos, Suiza se compromete a proveer información bancaria confidencial a otros países ante sospechas de evasión (también en caso de omisiones involuntarias), y no solo en casos de fraude fiscal (intento  deliberado de engañar al fisco, por ejemplo, falsificando documentos).

Adicionalmente, la OCDE trabaja en la creación de nuevas normas aplicables a todos los países –miembros o no de la OCDE. Entre ellas, la obligación de proveer asistencia administrativa a otros Estados incluso cuando se trate de demandas grupales de sospecha de evasión, o cuando el país demandante carezca de información precisa sobre las coordenadas de los presuntos evasores (como su nombre completo o dirección).

Asimismo, el G-20, la OCDE y la Unión Europea (UE) seguirán presionando para que se introduzca el llamado intercambio automático de información fiscal entre gobiernos. Este esquema obligaría a los bancos a proveer información sobre cualquiera de sus clientes ante la sola demanda de las autoridades fiscales de otro país.

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