Lucha la ONU por multinacionales responsables
Buena voluntad u obligación
Hace casi 50 años que la ONU y sus agencias trabajan en el desarrollo de medios para que las trasnacionales respeten los derechos humanos. Algunos miembros, como Francia o el Reino Unido, han adoptado legislaciones más restrictivas. Los suizos podrían seguir (o no) esa tendencia si votan a favor de un proyecto de ley promovido por una iniciativa popular a favor de multinacionales responsables.
En Europa, la responsabilidad social de las empresas es una temática que surge de forma inédita en los siglos XIII y XIV con el aumento del poder de las ciudades, de los grandes comerciantes y producto de un comercio internacional en fuerte expansión, tal como lo señala la historiadora francesa Catherine Kikuchi en un artículoEnlace externo recientemente publicado en el sitio web de ‘The Conversation’.
Pero hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que tal problemática incorpore al conjunto de los países implicados, a partir de la emergencia de las naciones del Sur, en tanto actores de la Historia.
Desde la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) fundada Enlace externoen 1964 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a propuesta de los países del Sur emergentes de la era colonial, los representantes de los Estados buscaron promover la responsabilidad social de las empresas trasnacionales y pensaron en los medios para lograrlo.
Como testimonio, el discurso pronunciado por el presidente chileno Salvador Allende durante la 3era sesión Enlace externo de la UNCTAD que se realizó en Santiago de Chile en abril de 1972. Luego de haber subrayado la “expansión de las grandes sociedades multinacionales que se burlan de los acuerdos entre gobiernos”, el presidente socialista denunció “la acción expoliadora de esos consorcios y su gran poder de corrupción sobre las instituciones públicas tanto en las naciones ricas como en las pobres. Los pueblos se oponen a esta explotación y exigen que los gobiernos involucrados cesen de otorgar una parte de su política económica exterior a las empresas privadas que se atribuyen el rol de agentes promotores del progreso de las naciones pobres y se han convertido en una fuerza supranacional que corre el riesgo de hacerse incontrolable”.
Cuestionamiento sostenido por el Movimiento de los Países No-Alineados que apostaba al establecimiento de un nuevo orden económico mundial. Figura emblemática de este movimiento, Salvador Allende, fue derrotado el año siguiente por un Golpe Militar que contó con el apoyo de Estados Unidos y de las compañías norteamericanas, como la International Telephone ant Telegraph (ITT), empresa que encarnaba en esa época el poder exorbitante de las multinacionales sobre los Estados.
En plena Guerra Fría
Profesor de economía del desarrollo en el ‘Graduate Institute de Genève’ (HEID), Gilles CarbonnierEnlace externo, comenta: «Estábamos en plena Guerra Fría. Se creó un grupo en la UNCTAD para analizar la cuestión de las empresas multinacionales. Pero los intercambios, rápidamente se convirtieron en un diálogo de sordos que no permitió hacer avanzar la causa de los derechos humanos ligada a las actividades de las empresas multinacionales”.
Con la caída de la Unión Soviética y la victoria de la economía de mercado impulsada por las compañías multinacionales -más importantes que nunca-, la cuestión vuelve a ponerse sobre la mesa de las Naciones Unidas durante los años 1990, a través de un subgrupo de la Comisión de Derechos Humanos (reemplazada en 2006 por el Consejo de los Derechos Humanos). Titulada inicialmente «Draft Universal Guidelines for Companies Enlace externo», se trata de una primera proposición elaborada por el jurista norteamericano David Weissbrodt.
Ese documento jurídico retomaba simplemente las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos para aplicarlas directamente a las multinacionales. Como era de imaginarse, la proposición suscita una fuerte oposición del medio empresarial y de los países occidentales, deseosos de regular mundialmente la liberalización de los mercados, en particular a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que había nacido en 1995.
Las multinacionales reconocen el problema
«Sin embargo, esa iniciativa impactó en los representantes de algunas grandes multinacionales que expresaron estar dispuestos a aplicar las recomendaciones de este subcomité para experimentarlas en la práctica”, subraya Gilles Carbonnier.
La respuesta de los medios económicos se expresó a través de la ‘Business leaderEnlace externosEnlace externo Enlace externo initiative for human rightsEnlace externo’. Esta asociación, activa entre 2003 y 2009, que reunía a empresas como ABB, AREVA, Barclays, Coca-Cola, Ericsson, General Electric o la ‘Novartis Foundation for Sustainable Development’, sintetiza así su acción: “En 2003, nos enfocamos en encontrar formas prácticas para aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el contexto de las empresas. Estos medios prácticos son ahora claros para las mismas. Nuestro próximo desafío consiste en aplicar esas prácticas en nuestras propias organizaciones, sectores y cadenas de valor en todas partes del mundo”.
En ese mismo momento, Kofi Annan, en ese entonces Secretario General de las Naciones Unidas, nombra al profesor de Harvard John Ruggie como representante especial para las cuestiones relativas a las empresas y a los derechos humanos. “Politólogo, Ruggie, adoptó una visión pragmática basada en los principios de los derechos humanos (pragmatismo recto) proponiendo el diálogo entre las empresas, las ONG y los Estados, con el fin de llegar a un acuerdo sobre las respectivas responsabilidades de las empresas y los Estados signatarios de las convenciones de los derechos humanos”, explica Gilles Carbonnier.
Como los Estados son responsables de respetar y de hacer respetar los derechos humanos, las empresas deben también respetarlos en el marco de sus actividades desplegadas en el mundo entero.
¿Pero, cómo hacerlo? “En nombre del concepto jurídico de la “diligencia debida”, que Francia tradujo como deber de vigilancia, las empresas deben hacer una evaluación de riesgos previa a sus inversiones y luego adoptar todas las medidas necesarias para reducir esos riesgos y prever vías de recurso en caso de abusos. Exigencia que se materializó en la adopción de los Principios Rectores Enlace externo relativos a las empresas y a los derechos humanos”, explica Gilles Carbonnier. Principios que fueron adoptados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos en 2011.
Sobre esta base, el Consejo impulsó diversas iniciativas. En 2011, conformó un Grupo de Trabajo Enlace externosobre las empresas y los derechos humanos. Su objetivo era “compartir y promover las buenas prácticas y las enseñanzas derivadas de la aplicación de los Principios Rectores”, según sus propias palabras. La iniciativa apuesta a la buena voluntad de las empresas, sin obligaciones vinculantes desde un punto de vista jurídico.
Sin embargo, la idea de instaurar un marco coercitivo continuó vigente. Es el objetivo de otro grupo de trabajo, cuya constitución fue aceptada Enlace externo por una ajustada mayoría en 2014, durante la presidencia ecuatoriana del Consejo de Derechos Humanos. Se trata de sentar las bases de un futuro tratado internacional obligatorio sobre la responsabilidad jurídica de las multinacionales, basado en los Principios rectores de la ONU. Pero tal objetivo suscita nuevamente una fuerte oposición de las empresas y de un gran número de Estados, en particular occidentales. Las posibilidades de éxito son, por lo tanto, débiles.
Los gobiernos occidentales evolucionan
De ahí a pensar que las más poderosas multinacionales pueden continuar haciendo sus negocios con toda tranquilidad, no hay más que un pequeño paso. Sin embargo, Gilles Carbonnier tiene cuidado de no entrar en esa interpretación. “Como lo declaró John Ruggie, corresponde a cada Estado integrar esos principios en su legislación nacional. A partir de entonces, les planes de acción nacionales se construyen en torno a dos perspectivas en tensión: una de tipo incitativa, en tanto la otra, entendiéndola como obligación jurídica” precisa Gilles Carbonnier.
Y cabe citar el ejemplo de Francia, que inscribió en 2017 en su cuerpo jurídico el deber de vigilancia para las empresas, incluyendo las relaciones de grupos franceses con todos los actores de la cadena de producción, y autorizando, en caso de violación, acudir a los tribunales de justicia. De igual forma que el Reino Unido, donde la ‘Modern Slavery Act’ del 2015 sanciona, en particular, el trabajo forzado en suelo británico y en las filiales de aprovisionamiento.
“Una cuestión clave consiste en determinar si un demandante de un país en desarrollo puede, por lo tanto, llevar ante la justicia a la sede central de una empresa como consecuencia de violaciones cometidas por una filial en el país del demandante”, subraya Gilles Carbonnier. Señala que las cosas se mueven también en Alemania: en noviembre pasado, un tribunal alemán aceptó la apelación de la denuncia de un agricultor peruano cuya comunidad sufre los efectos destructivos del deshielo de los glaciares. Esta causa está dirigida contra la RWE, la más grande empresa eléctrica alemana, importante fuente de emisión de CO2, combustible que más incidencia tiene en el calentamiento climático.
Sobre la base de los Principios Rectores de la ONU y bajo la presión de sus respectivas opiniones públicas, los Estados occidentales adoptan legislaciones más restrictivas sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas y sus filiales. En cuanto a Suiza, podría dar el paso si sus ciudadanos aceptan la Iniciativa Popular a favor de Multinacionales Responsables, una proposición de ley que apoya Gilles Carbonnier. La votación podría realizarse hacia el fin del año en curso.
‘Dancing on the ruins of multinational corporations’, canción de los años 90, de Casey Neil.
Problema de imagen y movimientos sociales
Una evolución favorable promovida a nivel internacional por los movimientos sociales y por una serie de escándalos provocados por empresas como la Shell en el Mar del Norte, o de fabricantes de la industria del vestido que subcontratan la producción en condiciones cuestionables, o de las transnacionales campeonas del comercio de materias primas, muchas de los cuales tienen su sede en Suiza.
“Un cierto número de empresas vieron el interés de un marco mucho más claro en cuanto a su responsabilidad, incluso para su propia imagen”, comenta Gilles Carbonnier. “Las normas y las expectativas de la sociedad evolucionan rápidamente en este aspecto, lo que influye también sobre la evolución del derecho”. Realidad que no dejará de influir en los debates sobre el tema, tanto en Suiza como en la ONU.
‘The Messenger Band’, un grupo formado por antiguos obreros textiles de Campuchea (2005), denuncia sus condiciones de trabajo.
Traducido del francés por Sergio Ferrari
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