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Colombia: ¿un vaso medio lleno o medio vacío?

El presidente Santos saluda a observador de la ONU en Colombia
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, saluda a un observador de la ONU durante la entrega del último contenedor con armas depositadas por los rebeldes de las FARC, en el nororiental departamente de La Guajira, el 15 de agosto de 2017. Reuters

A un año de su firma, los acuerdos para la paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia no han sido implementados pese a que los insurgentes ya se desmovilizaron y entregaron las armas. Un foro de expertos analizó en Zúrich las razones del retraso y la situación del apoyo helvético al país andino.

“Afuera se celebraba la paz en Colombia, y el dirigente de la ONU, Ban ki-moon la calificaba de ‘luz en el mundo’”, recuerda Angelika Rettberg al evocar los tratados que pusieron fin a medio siglo de enfrentamientos entre la primera guerrilla colombiana y el Gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016.

Sin embargo, agrega la catedrática de la Universidad de los Andes y fundadora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (ConPazEnlace externo), “a la mayor parte de la población no le importa o está dividida sobre el contenido de los acuerdos”. Una situación que atribuye al divorcio entre la Colombia rural (más afectada por la guerra) y la Colombia urbana.

Lisa Ott, de la Fundación Suiza para la Paz (swisspeaceEnlace externo), refirió el apoyo que la institución helvética proporciona a Colombia, en el tema de los archivos, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Describió la compleja tarea de ordenar cincuenta años de documentación dispersa entre 155 lugares y precisó que hasta el año 2000 los papeles no estaban digitalizados.

Al participar en el foro ‘Cartografía de la paz en Colombia: Trayectorias y desafíos’, organizado por el Centro Latinoamericano de la Universidad de Zúrich (LZZEnlace externo) y la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza (ACISEnlace externo), la experta analiza el momento actual del país y su incidencia en la demora.

“Desde 2016 se ha intentado agilizar la implementación de los acuerdos mediante la aplicación de la vía rápida (‘fast track’)”, asienta. Sin embargo, y pese a que 6 804 integrantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se han desmovilizado y entregaron 8 994 armas bajo la supervisión de la ONU, el proceso no ha sido finiquitado.

Contexto difícil

En su opinión, el retraso ha obedecido no solamente a ese desinterés de parte de la sociedad misma, sino a la férrea oposición de los detractores de los acuerdos, a la débil institucionalidad en el país, con un bajo nivel de aprobación popular del presidente Juan Manuel Santos, y al poco propicio contexto colombiano en vísperas de las elecciones.

Cabe recordar que en 2018 tendrán lugar elecciones legislativas y presidenciales “y para Santos es muy difícil llevar este año preelectoral más la implementación de los acuerdos”, subraya la especialista. Y ello, además de las negociaciones para la paz que mantiene con la segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para la investigadora, integrante también de la junta académica del ‘German Institute for Global and Area Studies’ (GIGAEnlace externo) de Alemania y del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESEDEnlace externo), “la paradoja de la abundancia” también ha jugado un papel en el tema que nos ocupa. A guisa de ejemplo, explica que entre las negociaciones del Caguán y las de La Habana hubo situaciones muy diferentes.

Mientras que las primeras (1998-2002) estuvieron precedidas por una recesión económica, un escalamiento del conflicto armado y una crisis política (acusaciones de financiamiento del narcotráfico en la campaña del presidente Ernesto Samper 1994-1998), las de la capital cubana se dieron luego de que los flujos de inversión extranjera propiciaron un importante crecimiento económico.

 “Y un país que siente el asunto de la guerra menos urgente, está menos dispuesto a hacer sacrificios para abrir espacios para la paz”.

Crímenes contra líderes sociales

Es cierto, resume, que la situación en el país es compleja. Si bien la tasa de homicidios ha declinado en general, en el país, aún hay crímenes contra líderes sociales en regiones del interior. Una situación que atribuye al vacío de poder, a la lenta respuesta del Estado y a las infraestructuras deficientes.

Se refiere igualmente a la inversión en recursos ilícitos, no solamente en narcotráfico -un problema sistémico en Colombia como en otros países- sino también en minería ilegal. Y, a un factor importante de generación de tensiones: un modelo económico que no necesariamente coincide con los acuerdos.

Con todo, enfatiza Angelika Rettberg, se han logrado avances enormes. Sin ir más lejos, la principal guerrilla del país ha dejado las armas luego de más de medo siglo de lucha armada y se ha transformado en partido político. “Optimista paranoide como soy, veo el vaso medio lleno y confío en que pasado este ‘año negro’, la implementación de los acuerdos será más ágil”.

Contribución suiza

 El director adjunto de la Ayuda Humanitaria de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDEEnlace externo), Jean-Luc Bernasconi, habló de los proyectos helvéticos en Colombia, los cuales se apoyan en tres ejes: protección de la población, construcción de la paz y los derechos humanos y desarrollo económico.

Este último, merced a la favorable situación económica de Colombia (a punto de ingresar a la OCDE), y los otros temas en virtud de que, luego de 50 años de conflicto, la situación aún es compleja en el país: Persisten los desplazamientos y los grupos armados se han atomizado con la presencia de guerrilleros disidentes de las FARC y de paramilitares desmovilizados. 

Entre 2017 y 2020, y con una inversión de 100 millones de dólares, precisó Bernasconi, la construcción de la paz es el tema transversal de la cooperación suiza y se busca contribuir, por ejemplo, en la introducción de servicios (como aguas y saneamiento) en las zonas rurales.

Otro proyecto en colaboración con la Secretaría de Estado de Economía (seco) tiene que ver con levantar catastros en zonas rurales.

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