¿Cómo pedir cuentas a las empresas suizas en el extranjero?
Los ciudadanos suizos podrían votar en breve si las empresas helvéticas deben responder legalmente por las violaciones que cometen en el extranjero. Tres casos demuestran que hacer verdadera justicia es todo un desafío bajo el sistema actual.
Si una empresa con sede en Suiza, o alguna de sus filiales, incurre en comportamientos indebidos en el extranjero, los afectados pueden ir a los tribunales locales, contactar a la prensa, protestar o hacer huelga. Pero poco logrará la justicia local si en ese país no existen leyes estrictas que castiguen las violaciones laborales o ambientales. Y como muchos gobiernos, para no ahuyentar la inversión extranjera, a menudo sofocan las disidencias populares y cubren a los infractores.
Si alguien intenta buscar justicia directamente en Suiza, las opciones resultan aún más limitadas. Pero la iniciativa ‘Empresas responsables – para proteger el ser humano y el medio ambienteEnlace externo’ que debate actualmente el Parlamento suizo, y que podría ser sometida a una votación con altas probabilidades de que sea sometida a una votación nacional, podría cambiar esta realidad. La propuesta exige que las empresas suizas realicen procesos de debida diligencia y se responsabilicen de sus actos si violan los derechos humanos y medioambientales fuera de Suiza.
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El mediador suizo del que jamás se habla
Hasta ahora, solo hay un camino para que las personas afectadas en el extranjero sean escuchadas en Suiza: dirigirse al llamado Punto de Contacto Nacional de Suiza (PCN) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDEEnlace externo). El PNC suizo carece de facultades punitivas, pero tiene como misión reunir a las dos partes en conflicto entorno a una mesa de diálogo en suelo helvético. Muchas comunidades afectadas han conseguido reuniones con los responsables de una gran empresa gracias a la intermediación del PNC suizo, algo que habría sido imposible si lo hubieran intentado desde sus países de origen.
A continuación, vemos algunos llevados al PNC de SuizaEnlace externo.
Holcim y los derechos de tierra en Indonesia
Los habitantes del pueblo de Ringinrejo, en Java Oriental (Indonesia), se ganan la vida cultivando productos como la sandía, la yuca y el maíz en sus parcelas. Sin embargo, legalmente, no tienen derecho a estar ahí. La tierra que cultivan fue adquirida por la cementera suiza Holcim (hoy LafargeHolcim) en 2008 –de una forma que se presume no fue realmente trasparenteEnlace externo–, para luego ser devuelta al Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia, en 2013, a cambio del uso de tierras forestales en otro lugar. Como resultado, más de 800 familias se han convertido en ocupantes ilegales de tierras que hoy están clasificadas como forestales.
En 2015, el caso fue presentado ante el PNC suizo, que organizó una mediación. Holcim y la comunidad afectada lograron un acuerdo sobre una serie de medidas para resolver el problema sobre los derechos de tierra. Pero fue el Ministerio indonesio de Medio Ambiente el que se erigió como un obstáculo, ignorando el llamamiento para reclasificar estas tierras.
“Los habitantes del pueblo cultivan la tierra, pero no tienen derechos legales sobre la misma y podrían ser expulsados por la policía en cualquier momento. Buscamos un esquema que promueva la silvicultura social y conceda a los aldeanos derechos legales sobre sus tierras”, explica Andi Muttaqien de Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAMEnlace externo), que interpuso la queja.
De acuerdo con Muttaqien, el PNC de Suiza ayudó a los campesinos a reunirse con directivos de Holcim Indonesia a los que no habían tenido acceso previamente.
“La experiencia ha mostrado que el mecanismo PNC suizo es bueno para atender estos problemas. Pero habría sido muy útil que la embajada suiza en Yakarta se involucrara más tema y exhortara a las partes a materializar los acuerdos”, agrega el representante de ELSAM.
En este caso, el PCN suizo tuvo un papel importante para que los campesinos pudieran presentar sus demandas a Holcim. Pero la inflexible posición del gobierno indonesio aún tiene a los campesinos en una situación de vulnerabilidad.
Trabajo infantil en Uzbekistán
Otro caso llevado al PCN suizo involucra a tres empresas textiles helvéticas que adquirían algodón a productores de Uzbekistán. El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y HumanosEnlace externo (ECCHR), que presentó los casos en nombre de los trabajadores, sostenía que Paul Reinhart y Ecom Agroindustrial Corporation adquirían el algodón a comerciantes estatales de Uzbekistán que empleaban a niños durante el periodo de cosecha.Enlace externo
Las compañías aceptaron que debían afrontar la problemática del trabajo infantil en Uzbekistán, pero consideraron contraproducente suspender las relaciones comerciales con los exportadores de algodón uzbecos. Así aceptaron trabajar con el ECCHR para adoptar “medidas confidenciales” para mejorar la situación. Sin embargo, el ECCHR consideró que las empresas suizas no estaban dispuestas realmente a cooperar, por lo que dejó de trabajar con ellas algunos meses más tarde. El trabajo realizado por el ECCHR y otros colaboradores tuvo, no obstante, un impacto positivo incluso después de 2012.
“Seguramente como resultado de la presión internacional, las autoridades uzbecas dejaron de enviar a niños de escuela primaria a la cosecha de algodón, a diferencia de lo que habían hecho en años previos”, afirma un análisis del ECCHR sobre la entidad dependiente de la OCDEEnlace externo.
Pero el proceso realizado por el PCN suizo no produjo ningún avance en sí mismo.
“La mediación del PCN no permite sancionar ni obligar tampoco a las compañías a cumplir con los acuerdos alcanzados en la mediación. Poco podíamos exigirles [a los comerciantes suizos de algodón) durante la mediación, y una vez concluida, tuvimos muchos problemas para que cumplieran lo poco que habían prometido”, afirma Miriam Saage-Maaß, del ECCHR.
Según Saage-Maaß, un marco legal claro habría obligado a las compañías suizas a cumplir con un derecho humano fundamental como es la prohibición del trabajo infantil, y habría permitido sancionar las violaciones. El gobierno uzbeco sigue obligando a alrededor de un millón de ciudadanos a participar en las cosechas anuales de algodón. Los niños ya no están obligados a para participar, pero los adolescentes mayores de 16 años son movilizados ocasionalmente para la cosecha, con el fin de cumplir con las cuotas de producción del país.
Problemas sindicales en Nestlé
En 2018, trabajadores de la planta de Nescafé en Panjang, Indonesia, acudieron al PCN suizo porque Nestlé les estaba negando el derecho a sindicarse para negociar mejores salarios. El Sindicato de Trabajadores de Nestlé Indonesia Panjang (SBNIP) se quejó de que la empresa suiza se negaba a divulgar los salarios que pagaba a la gente bajo el argumento de que esta información era un “secreto comercial” y usaba un sindicato falso para debilitar al SBNIP.
La respuesta de Nestlé fue que no estaba obligada a cumplir con esta demanda de los trabajadores de acuerdo con la ley local, pero que aceptaba negociar con los trabajadores después de la mediación del PCN.
“El caso en nuestra contra quedó cerrado en junio de 2010. Y en 2011, el Sindicato de Trabajadores de Nestlé Indonesia Panjang (SBNIP) llegó a un acuerdo con Nestlé Indonesia que sentó reglas para una nueva negociación colectiva”, refiere el Informe Anual de Nestlé 2011Enlace externo.
Sin embargo, los trabajadores indonesios debieron esperar dos años más para obtener lo que peleaban: un sistema salarial basado en una estructura que reflejara mejor la progresión de los ingresos y el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores en la empresa.
Al final, fue una activa campaña pública, y no la mediación del PCN, lo que logró que Nestlé aceptara.
“No es que el PCN no haya sido útil, pero tampoco fue la razón principal del éxito. Parte del problema fue que estructuras como el PCN suizo carecen de poder regulatorio para obligar a las partes a buscar una solución de cumplimiento obligatorio”, afirma Ron Oswald de la Federación Internacional de Sindicatos (FIF), que fue el responsable llevar el caso del SBNIP al PCN suizo.
Según Oswald, un marco regulatorio vinculante habría sido de gran utilidad. Pues la falta de leyes laborales locales estrictas hacía que Nestlé no estuviera obligada, en términos legales, a revelar al sindicato la estructura salarial con la que trabajaba, debilitando su poder de negociación colectiva.
No es suficiente
Cuando el PCN suizo se ocupa de un caso, jamás hay garantía de que se cumplan los acuerdos alcanzados en la mediación. En general, la balanza está cargada a favor de las empresas y el éxito del cumplimiento de los acuerdos depende de la buena voluntad de los corporativos.
La iniciativa ‘Empresas Responsables’ pide una base legal en Suiza que responsabilice a las empresas también por sus actos en el exterior. Una alternativa sería otorgar al PCN suizo el poder de ir más allá de su papel de mediador, aspecto que subraya el ECCHR en su análisis sobre la gestión del caso del algodón en Uzbekistán. Las directrices de la OCDE, según la organización de derechos humanos, solo son realmente eficaces si los PCN pueden emitir un juicio sobre la violación perpetrada.
“En este sentido, los PCN asumen un doble papel: de mediador y de árbitro”.
Traducción del inglés: Andrea Ornelas
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