NO a expulsión “a ciegas” de extranjeros infractores
El pueblo suizo rechazó este domingo con 59% de los votos y 20 de los 26 cantones del país, una iniciativa de la UDC (derecha conservadora) que buscaba la expulsión automática de los extranjeros que incurran en delitos, inclusive menores.
Este domingo y con la mayor participación en los últimos 20 años (63%), la ciudadanía helvética acudió a las urnas para expresarse en contra de la llamada ‘Iniciativa de ejecución’ que sus autores consideraban “indispensable para garantizar nuestra seguridad” y que sus detractores tachaban de “inhumana” y contraria a los principios de del Estado de Derecho.
“Hubo unanimidad contra el texto porque había que impedir que la UDC ganara una vez más”, comentó a la radio suiza Albert Rösti, quien sucederá a Toni Brunner a la cabeza de la UDC. Sin embargo, agregó, “la ventaja de la campaña es que puso sobre la mesa la problemática de la seguridad”
Para el Partido Socialista (PS), “la sociedad civil se movilizó para defender claramente el Estado de Derecho, la protección de las minorías y la humanidad frente a la xenofobia y a las tendencias totalitarias de la UDC”, como señaló el dirigente de esa formación política, Christian Levrat, en un comunicado.
“Todo el mundo está de acuerdo sobre el hecho de que hay que expulsar a aquellos que cometen crímenes graves, pero la iniciativa ‘de ejecución’ reforzaba la de 2010 con la inclusión de delitos menores”, recordó por su parte, en entrevista con la ATS, el titular de la Conferencia de Procuradores de Suiza, Rolf Grädel.
Para el presidente del Partido Liberal Radical (derecha), Philipp Müller, la derrota de la UDC obedeció a “increíble dinámica” de la campaña en contra de la iniciativa durante las últimas semanas.
Importante movilización
En efecto, la iniciativa de la UDC había generado una amplia movilización de diversos sectores, incluido el de los juristas, para los que la propuesta violentaba las leyes internacionales y el Derecho de la Confederación.
“La Constitución Federal no debe ser desvirtuada en una especie de manual de expulsión” advirtieron 160 jurisconsultas al exhortar a la ciudadanía suiza a pronunciarse en contra de la propuesta de la UDC.
La propuesta que el partido suizo de derecha pretendía introducir en la Constitución constituía una suerte de catálogo detallado de los delitos que deberían conducir a la expulsión automática, por encima de los poderes Judicial y Legislativo.
“Suiza es un Estado de Derecho”, subrayaron los juristas en un llamamiento efectuado a mediados de enero. Andreas Auer, fundador y director del Centro de Estudio sobre Democracia Directa (c2d) y coautor del texto, explicó entonces a swissinfo.ch que la iniciativa pretendía excluir a los jueces de todo margen de apreciación.
“La UDC quiere expulsiones automáticas, a ciegas, que se apliquen independientemente de la extensión de la pena o del caso específico de la persona incriminada. Si uno comete un delito relativamente grave, o dos delitos menos graves en el plazo de diez años, ¡fuera del país!”.
Amén de los especialistas en Derecho, personajes de la política, del arte, empresarios, religiosos y científicos se unieron a través de las redes sociales para lanzar una “llamada urgente” en pro de un ‘No a una iniciativa inhumana’, una medida que recibió el apoyo de 52 000 firmas y 1,2 millones de francos en dones que financiaron una amplia campaña de afiches.
Una polémica evolución
Los antecedentes de la iniciativa rechaza este domingo se remontan a 2010 cuando electores y cantones aceptaron con 52,9% de los votos la iniciativa de la UDC ‘A favor de la expulsión de los extranjeros criminales’ que preveía la prohibición de establecerse en Suiza, por un lapso de 5 a 15 años (20 en caso de reincidencia), a todo extranjero culpable de un delito grave (asesinato, violación, atraco a mano armada, etc.), o de defraudar a la seguridad social.
El Parlamento disponía de cinco años para traducir en ley la iniciativa. Sin embargo, bajo la consideración de que no había avances al respecto y que se pisoteaba “la voluntad popular”, la UDC impulsó una nueva iniciativa (“de aplicación”) que iba más lejos y contemplaba incluso la expulsión en caso de delitos menores.
El Parlamento elaboró una legislación de aplicación de la propuesta aceptada en 2010, la cual endurece la legislación en vigor pero permite un margen de apreciación a los tribunales para respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con el NO del pueblo a la iniciativa “de ejecución”, la legislación parlamentaria deberá seguir su curso.
Entre otros, esa legislación contempla la expulsión automática para aquellos que cometan delitos graves, es decir, actos de violencia y delitos sexuales pasibles de al menos tres años de prisión, así como asaltos a mano armada, tráfico de drogas y abusos en materia de prestaciones sociales.
Reduce el margen de maniobra de los jueces, pero permite evitar las deportaciones en caso de que entrañen un riego grave para la persona involucrada y posibilita que el juez pueda considerar la situación particular de personas que hayan nacido y crecido en Suiza.
En suma, dista en gran medida de la iniciativa ‘de aplicación’ rechazada de manera contundente este domingo en las urnas pero no está exenta de plantear problemas de derechos humanos, como lo señaló la ministra de Justicia, Simoneta Sommaruga ante el Parlamento.
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