El abogado general de la UE se pronuncia este jueves sobre la ley de amnistía
Bruselas, 12 nov (EFE).- El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann se pronunciará este jueves sobre las dos cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional han planteado a la justicia europea sobre la ley de amnistía.
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, para la que todavía no hay fecha.
La futura sentencia de la instancia comunitaria condicionará la aplicación de la ley de amnistía por parte de los citados tribunales españoles.
En concreto, el letrado se pronunciará sobre si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y sobre si el olvido de los delitos terroristas que contempla la ley es contrario a la directiva europea de lucha contra el terrorismo.
En el primero de los casos, el Tribunal de Cuentas analiza las responsabilidades contables de 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos, los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, una cuestión que está paralizada hasta que se pronuncie el TJUE.
Como también lo está el asunto que dirime la Audiencia Nacional contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo.
El pasado mes de julio, durante las vistas que se celebraron en la sede del TJUE en Luxemburgo, la Comisión Europea dijo que no existe «un perjuicio suficientemente directo» entre el procés y los intereses financieros de la Unión, ya que en el hipotético caso en que Cataluña se hubiera independizado, la aportación de España al presupuesto comunitario seguiría siendo proporcional a su Producto Nacional Bruto (PNB).
No obstante, el abogado del Ejecutivo comunitario, el español Carlos Urraca, señaló que en el caso de que la justicia europea llegase a la conclusión de que sí existe un vinculo directo, habría que entrar a evaluar hasta qué punto la ley de amnistía sirve al interés general.
Y en su alegación consideró que no parece que la norma española responda a un objetivo de interés general», porque ha sido «parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España».
Un argumento que refutó la abogada general del Estado, Andrea Gavela, al recordar que el Tribunal Constitucional español ha avalado la ley de amnistía por considerar que «responde a un fin legítimo, explícito y razonable» de mejorar la situación política y social en Cataluña ateniendo así al interés general.
Respecto al segundo asunto, Bruselas aseguró que la directiva europea de lucha contra el terrorismo «se opone a una ley de amnistía» que defina un ámbito de aplicación material y temporal «de manera tan amplia o vaga que socave el efecto útil» de la normativa comunitaria.
Aún así, la Comisión dijo que le corresponde a la justicia española determinar hasta qué punto la ley de amnistía contempla una aplicación material y temporal amplia.
Más allá del fallo que pronuncie la justicia europea sobre la amnistía, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse aún sobre si el Tribunal Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación atribuido, entre otros, a Carles Puigdemont, en una sentencia que puede ser fundamental para su regreso a España. EFE
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