El Gobierno español ordena a Airbnb que retire más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas
El Gobierno español instó a la compañía Airbnb a que retire más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas alojados en su plataforma al considerar que vulneran la normativa sobre la publicidad de este tipo de residencias, informó este lunes el Ministerio de Consumo.
A través de la Dirección General de Consumo, el ministerio instó «a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos», indicó en un comunicado el organismo, que lleva tiempo encadenando acciones para endurecer la regulación del sector.
En un comunicado, Airbnb respondió que «continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso» y sostuvo que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos».
En España hay 368.000 viviendas turísticas, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística.
En los últimos meses, la Dirección General de Consumo envió tres resoluciones notificando a Airbnb que debía desactivar esos más de 65.000 anuncios, correspondientes a viviendas completas en varias regiones españolas.
Estas publicidades, según el Ministerio de Consumo, incurren en ilegalidades como no incluir el número de licencia de la vivienda, o no especificar la naturaleza jurídica de los arrendadores -si se trata de un propietario público o privado-, tal y como exige la normativa.
La compañía decidió entonces recurrir legalmente, pero un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una primera resolución avalando la decisión del ministerio, por lo que instó a la compañía «a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata».
Tras esta primera decisión favorable, el ministerio continúa su presión para intentar «acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores», explica el comunicado.
En diciembre, el Gobierno español abrió un expediente sancionador a la plataforma de alquiler de apartamentos turísticos Airbnb, al no obedecer advertencias para que retirara de su página miles de anuncios de viviendas sin licencia turística.
Igualmente, siguen en curso otros expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos.
En los últimos meses se multiplicaron en España, segundo destino turístico mundial por detrás de Francia, las críticas de algunos sectores contra los apartamentos turísticos, acusados de fomentar la escalada de los precios de las rentas en las grandes ciudades al reducir la cantidad de viviendas disponibles para los residentes.
En un intento por frenar el descontento, la alcaldía de Barcelona (noreste) anunció el año pasado su intención de extinguir las licencias de los alrededor de 10.000 apartamentos turísticos que hay en la ciudad de aquí a finales de 2028. En Málaga (sur), la alcaldía decidió que no autorizará nuevas viviendas vacacionales en 43 barrios de la ciudad.
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