El jefe del gobierno español pide abrir una “etapa nueva” en Cataluña, basada en “diálogo”
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, deseó este lunes la apertura de una “etapa nueva” en Cataluña, basada en el “diálogo” y la “convivencia”, tras conocerse las condenas a 12 líderes independentistas catalanes, de hasta 13 años de cárcel.
“En una democracia nadie es juzgado por sus ideas, ni por defender su proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico”, dijo Sánchez en un discurso institucional, pidiendo a los separatistas catalanes acatamiento a las penas anunciadas por el Tribunal Supremo.
Según el líder socialista, la sentencia “pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías y absoluta transparencia”, y es resultado “del Estado social y democrático de derecho de España”.
En los últimos días, el gobierno separatista catalán llamó a la “desobediencia civil”, y las asociaciones del mundo independentista han comenzado ya a organizar movilizaciones de repulsa a las condenas.
Sánchez se refirió a ello indirectamente, afirmando que vienen días “en los que vamos a asistir a los estertores de una etapa superada”.
No obstante, añadió, “si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña”.
Si el gobierno catalán trabaja efectivamente por la “convivencia”, Sánchez añadió que “encontrarán al gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional”.
En plena campaña electoral de cara a las legislativas del 10 de noviembre, Sánchez tuvo palabras duras para el movimiento independentista, afirmando que “hoy se confirma el naufragio de un proyecto político que ha fracasado en su intento de obtener respaldo interno y reconocimiento internacional”, y que “deja tras de sí sólo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento”.
Los doce líderes separatistas fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.
