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Se dispara el número de personas en régimen de “pequeño internamiento”

© Keystone / Michael Buholzer

En Suiza, el número de personas bajo tratamiento terapéutico institucional pasó de una decena a casi 700 en 36 años. Sin embargo, ante la falta de plazas en establecimientos especializados, la mayoría termina recluida en prisiones.  Testimonios.

Se le conoce como el “pequeño internamiento”. El artículo 59 del Código Penal suizo permite obligar a una persona con padecimientos mentales graves a recibir atención en un establecimiento especializado.

Este artículoEnlace externo, que entró en vigor en 2007, establece el marco para el tratamiento de los trastornos mentales. Cuando el autor de un delito sufre una enfermedad mental grave, el juez puede ordenar un tratamiento institucional si la comisión del crimen, o falta, es consecuencia del padecimiento, y si esta medida ayuda a evitar la reincidencia.

El tratamiento debe realizarse en un establecimiento psiquiátrico apropiado, o en una institución que permita la ejecución de las medidas previstas en estos casos. La privación de la libertad no puede exceder, en general, los cinco años.

El problema es que, debido a la falta de plazas en las estructuras especializadas, la mayoría de los individuos que recibieron una condena sustentada en el artículo 59 termina en prisión, bajo un régimen ordinario. Según las últimas cifras publicadas por la Oficina Federal de Estadística (OFS), el número de detenidos en esta situación pasó de 13 casos en 1984 a 686 en 2020. 

En el mismo periodo, no obstante, otro tipo de ejecuciones de pena, como los internamientos tradicionales, se han mantenido estables.

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¿Una doble sentencia?

El programa Mise au point de RTS se reunió con un detenido encarcelado desde hace tres años en la prisión de Champ-Dollon, en el cantón de Ginebra. “Este artículo 59 es una reclusión. Ya no deberíamos pasar por esto en 2022. Es realmente una pena. Me encuentro con gente que ha cometido asesinatos, que se ha dedicado al narcotráfico… No es algo adecuado para mi situación”, dice Sami *. 

El ginebrino de 38 años sufre esquizofrenia. Fue detenido en enero de 2019, tras haber matado al gato de sus padres durante una crisis de descompensación. Tras años de espera, acaba de ser trasladado a Curabilis, una unidad de detención que alberga a detenidos que sufren trastornos mentales. 

Considerado como incapaz de responsabilizarse de sus actos debido a su trastorno mental, el ginebrino no recibió condena alguna, sino que fue internado con base en el artículo 59. Así que denuncia haber sido sometido a una doble sentencia: “Con el artículo 59 no hay luz al final del túnel. No sabemos cuándo vamos a salir”. 

Pena máxima de cinco años

Teóricamente, la aplicación del artículo 59 no debe exceder un plazo de cinco años. Sin embargo, el Código Penal prevé que la situación de los detenidos sea reevaluada por un juez cada año. Si la persona con padecimiento mental que cometió un delito presenta riesgo de reincidencia, la medida puede renovarse.  “Es una sentencia que no permite saber cuándo tendrá punto final”, explica Loïc Parein, abogado y profesor de las Universidades de Lausana, Ginebra y Friburgo.

Actualmente, Parein lucha ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para liberar a una persona que, bajo al artículo 59, lleva 24 años encarcelada cuando fue condenada originalmente a dos años y medio de prisión.

Para este abogado, la contradicción es inmensa: “Alguien cuya salud está afectada debe ser atendido adecuadamente. Las personas que sufren de trastornos mentales, poco importa lo que hayan hecho, no tienen cabida en un entorno penitenciario estricto”.

Muy pocas personas en libertad condicional

Un estudio realizado en Berna en 2018 reveló que los detenidos con padecimientos mentales tienen solamente un 9% de probabilidades de obtener la libertad condicional. Resultado: permanecen en prisión durante años sin recibir la atención adecuada, generando además una mayor carga para el sistema penitenciario.

“La imagen que me viene siempre a la mente es la de un grifo. Si se deja abierto, pero no hay forma de evacuar el agua, en algún momento habrá un desbordamiento. El riesgo del hacinamiento es muy alto”, subraya Loïc Parein.

Suiza ya ha sido señalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la aplicación del artículo 59 de su Código Penal.

*El nombre real  es conocido por la redacción

Suiza criticada por el Consejo de Europa

Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó once establecimientos suizos. En su informeEnlace externo publicado el 8 de junio, señaló que estaba “preocupado” por la situación en los establecimientos penitenciarios “sobrepoblados” de Suiza.

Con respecto a las personas bajo el artículo 59, el Comité subrayó el lento progreso de estas medidas, “resultando en encarcelamientos de largo plazo […] y la falta de consideración de los efectos nocivos que puede tener la detención prolongada sin perspectiva de liberación” .

 Traducido del francés por Andrea Ornelas

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