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El plan de autonomía marroquí para el Sáhara occidental

Guardias fronterizos argelinos patrullan a lo largo de la frontera con Marrueco el 4 de noviembre de 2021 afp_tickers

Para resolver el conflicto del Sáhara occidental, que opone a Marruecos con los independentistas saharauis desde 1975, Rabat propone un plan de autonomía, pero únicamente en el marco de su soberanía y su “unidad nacional”.

Marruecos presentó “la iniciativa marroquí para la negociación de un estatus de autonomía de la región del Sáhara” el 11 de abril de 2007 para responder a los llamados del Consejo de seguridad de la ONU, que pedía una “solución política definitiva”.

España, cuyo presidente de gobierno Pedro Sánchez será recibido el jueves por el rey Mohamed VI, acaba de apoyar el plan marroquí para normalizar sus relaciones con Rabat tras un año de crisis diplomática.

Poniendo fin a la neutralidad mantenida por décadas, España, antigua potencia colonial, calificó la propuesta marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para solucionar el conflicto. Este anuncio fue un gran éxito diplomático para Rabat.

Según sus impulsores, el proyecto, que aún no es definitivo, deberá poner fin al estancamiento y al conflicto con los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argelia.

El Polisario rechaza el plan marroquí y reclama desde hace décadas un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la ONU, previsto en la firma en 1991 de un alto el fuego pero que nunca se concretó.

Marruecos controla cerca del 80% de este territorio desértico situado en la costa Atlántica, rico en fosfatos y aguas con abundante pesca.

Considera que el Sáhara occidental — sus “provincias del sur”– formaba históricamente parte de su territorio antes de ser colonizado por España y que su esencia marroquí no puede ser objeto de “ninguna negociación”.

Con el plan de autonomía marroquí, el Estado marroquí conservaría su soberanía sobre el territorio, pero transferiría parte de sus poderes administrativos, legislativos y judiciales a las poblaciones locales, que gestionarían sus asuntos “por sí mismas y democráticamente”.

La “región autónoma del Sáhara” tendría un gobierno, un parlamento (compuesto por representantes de las distintas tribus saharauis y miembros elegidos por el sufragio universal directo) y jurisdicciones propias bajo la supervisión de un tribunal superior.

“El gobierno, el parlamento y los tribunales saharauis regularán, legislarán y juzgarán de acuerdo con el estatuto de autonomía de la región y la Constitución”, precisa el texto.

La región autónoma mantendría el control sobre el presupuesto y la fiscalidad local (impuestos, tasas y contribuciones territoriales), con el fin de financiar el desarrollo del territorio.

Sin embargo, el Estado conservaría las competencias de relaciones exteriores, seguridad, defensa nacional, así como la bandera y la moneda.

El plan de autonomía puede modificarse y pretende “crear las condiciones de un proceso de diálogo y negociaciones para llegar a una solución política mutuamente aceptada”.

En caso de acuerdo, Marruecos no excluye un “referéndum libre para las poblaciones afectadas” y promete una “amnistía general” tras el desarme y la desmovilización de los combatientes del Polisario.

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