El Tribunal Constitucional de Perú ratifica ley que limita los delitos de lesa humanidad
Lima, 6 dic (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ratificó la controvertida ley que limita los delitos de lesa humanidad, que fue aprobada por el Congreso el año pasado, y por tanto no declaró la norma inconstitucional como pedían el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima.
La Ley 32107, que fue promulgada por el Legislativo en agosto de 2024, tiene por objeto «precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», lo que beneficiaría especialmente a militares y policías.
En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades peruanas no aprobarla al considerar que esta viola las obligaciones del país según el derecho internacional.
Pero el Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) no observó la norma y fue promulgada.
Este viernes, el Tribunal Constitucional indicó que no se alcanzaron los cinco votos necesarios para declarar inconstitucional una ley y argumentó que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden aplicarse a hechos posteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en Perú el 1 de julio de 2002.
Por tanto, la entidad señaló que los delitos cometidos antes de esta fecha están sujetos a las penas y plazos de prescripción establecidos en el Código Penal de 1991.
El Tribunal Constitucional enfatizó que permitir procesos judiciales por delitos cometidos antes de las fechas establecidas «vulneraría el derecho al plazo razonable», en cuanto a la libertad personal y el derecho de las víctimas a que se conozca y castigue a los responsables.
La ley fue promovida por grupos parlamentarios afines al expresidente Alberto Fujimori y una bancada formada por exmandos de las Fuerzas Armadas e impedirá que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que causó más de 69.000 muertos.
Tras su aprobación el año pasado, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos e instituciones como el Ministerio Público alertaron que esta ley afectaría a al menos 600 casos y la consideró «inviable jurídicamente».EFE
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