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Enmienda a ley antiterrorista de Sri Lanka deja insatisfechos a sus críticos

Nueva Delhi, 23 mar (EFE).- La enmienda a la Ley de Prevención del Terrorismo de Sri Lanka (PTA, en sus siglas en inglés) no es suficiente para la oposición y organismos internacionales que expresaron este miércoles la necesidad de dar más pasos para detener el uso de la controvertida norma.

La PTA, ampliamente cuestionada por dar grandes poderes al Gobierno para detener a personas críticas, fue un compromiso de la nación isleña para ser readmitida en 2017 en el Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (GPS+) que la Unión Europea (UE) ofrece a los países en desarrollo para perseguir el crecimiento sostenible y la buena gobernanza.

La enmienda de la norma creada en 1979 fue aprobada por una contundente mayoría en el Parlamento, tras varias peticiones de la propia Unión Europea, Estados Unidos, y varios organismos internacionales.

Aunque la delegación de la UE en el país isleño dio la «bienvenida a las enmiendas de hoy como primeros pasos en la dirección correcta», instó a Sri Lanka «a tomar medidas adicionales para que la PTA cumpla plenamente con las normas internacionales y continúe reduciendo su uso», según un mensaje publicado en Twitter.

EE.UU. reconoció «los esfuerzos para reformar la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), la liberación de los detenidos de la PTA a largo plazo, la agenda de reforma de la justicia y el compromiso con representantes de la sociedad civil», según un comunicado conjunto a propósito del diálogo bilateral entre ambas naciones sostenido hoy.

Aún así, Estados Unidos «alentó a Sri Lanka a continuar avanzando en sus compromisos con la reconciliación y los derechos humanos».

El líder de la oposición Sajith Premadasa, que votó en contra de la enmienda, elevó sus críticas sobre la ley al considerar que las provisiones aprobadas no atienden los problemas de la ley, y que esta debe ser derogada por completo.

Las objeciones a la ejecución de la PTA se basan en la afirmación de que esta niega los derechos fundamentales al permitir prolongadas detenciones sin juicio, o la admisión de declaraciones hechas a un policía como elemento de prueba.

De acuerdo con organismos de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) esta norma ha sido usada para la persecución política y de comunidades minoritarias, permitiendo detenciones arbitrarias y la tortura. EFE

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