Europeizar el «sólo sí es sí», línea roja de la Eurocámara en directiva violencia machista

Laura Zornoza

Bruselas, 2 dic (EFE).- El Parlamento Europeo no está dispuesto a ceder en que la futura directiva europea contra la violencia machista rebaje la definición y sanciones a la violación, donde su criterio de europeizar el modelo de la ley del «sólo sí es sí» choca con el de varios Estados miembros, como Francia y Alemania, reticentes a ceder sus competencias en materia penal.

Las negociaciones entre la Eurocámara y los Estados miembros -liderados este semestre por la presidencia española- continúan encalladas en si esta futura directiva comunitaria, que busca armonizar definiciones y penas mínimas para los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, debe tipificar penalmente la violación basándose en la falta de consentimiento, como ya hacen países como España.

Este es desde hace tiempo el mayor escollo para sacar adelante la directiva; mientras que el Parlamento defiende a capa y espada extender a toda Europa un sistema similar al español, una mayoría de Estados miembros son reticentes a incluirlo en la directiva porque, a su juicio, no existe una base legal en los tratados que permita definir el delito de violación a nivel europeo.

Los países, representados en el Consejo, se apoyan en un informe de sus servicios legales que cree que la mención a la explotación sexual en los tratados de la UE se refiere al tráfico de seres humanos y no a la agresión sexual que supone una violación.

Por contra, la opinión jurídica de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sí considera que la violación tiene encaje en la definición de explotación sexual, que es el término que figura en los tratados.

De cara a la fase final de la negociación, el aviso llega de una de las negociadoras del Parlamento, la socialdemócrata sueca Evin Incir: esta será la línea roja para la Eurocámara.

«Desafortunadamente aún no tenemos una mayoría cualificada para basar la violación en (la ausencia de) consentimiento. Les hemos dejado claro que ese es nuestro mínimo, como fija el convenio de Estambul. No bajaremos de eso porque menos significaría no proteger lo suficiente a mujeres y niñas», dijo en un encuentro con medios la eurodiputada sueca.

«Una legislación enraizada en un sistema patriarcal y antiguo no puede seguir siendo la realidad. Lo que necesitamos es el sólo sí es sí», defiende.

Para llegar a la mayoría cualificada necesaria son necesarios quince Estados miembros que representen a un 65 % de la población de la UE; por el momento estarían a favor de armonizar la tipificación del delito de violación Bélgica, Grecia, Italia, Finlandia, Eslovenia, Chipre, Austria, Suecia, España, Luxemburgo y Croacia, que sólo suman once.

Aunque las mayorías van cambiando casi día a día y hay cinco países pequeños y medianos que, según fuentes parlamentarias, podrían pasarse al sí, el principal problema está en el rechazo que por el momento mantienen Francia y Alemania, sin los cuáles es muy difícil cumplir el criterio de que la mayoría represente al 65 % de la población europea.

Sendas decisiones están ahora en manos del presidente galo, Emmanuel Macron, y del ministro de Justicia alemán, el liberal Marco Buschmann. «Necesitamos que al menos uno de los dos cambie de idea. Espero que estos dos hombres que tienen que decidir sobre el futuro de las mujeres entiendan que necesitan estar en el lado correcto de la historia», sentenció la eurodiputada sueca.

Tratando de forjar este consenso estará la presidencia española del Consejo en sus últimas semanas de labor y tras un semestre en el que esta directiva ha sido una prioridad para el Gobierno. La ronda final de negociaciones en 2023 se celebrará el 13 de diciembre en Estrasburgo y, aunque la siguiente presidencia belga podría seguir tratando de llegar a un acuerdo, cada vez queda menos tiempo antes de que acabe esta legislatura.

«Este es el momento correcto para hacerlo y no sé si habrá uno mejor», alerta la periodista danesa Kristine Holst, superviviente de una violación perpetrada por una persona en la que confiaba y activista en su país por una legislación basada en el consentimiento y no en el uso de la violencia.

El caso de Holst es paradigmático y refleja hasta qué punto definir la violación por la ausencia de consentimiento «puede cambiar la forma en la que nos comportamos» ante este delito. Y es que cuando la violencia es un requisito, explica la periodista, son las propias víctimas las que restan gravedad a su propia experiencia y dudan si denunciar al no ver su caso cubierto por la legislación.

Aunque su violador fue absuelto, se usó su caso para cambiar la ley danesa porque fue un ejemplo de que decir que no no fue suficiente para evitar la agresión. Desde la entrada en vigor de la norma basada en el consentimiento, asegura Holst con orgullo, las cifras de mujeres que se atreven a denunciar han aumentado en casi un 100 % en Dinamarca. EFE

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