Exempleado de Gunvor admite participación en sobornos en Ecuador
Un exrepresentante del gigante de materias primas con sede en Suiza, Gunvor, se declaró culpable de ayudar a canalizar más de 22 millones de dólares (20,4 millones de francos) en sobornos a funcionarios de alto nivel en Ecuador a cambio de lucrativos contratos con la petrolera estatal.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad en la corte federal de Brooklyn el martes, el canadiense de 68 años reconoció su participación en un esquema de sobornos que se habría desarrollado de 2012 a 2020. Acordó la confiscación penal de 2,2 millones de dólares y enfrenta hasta 20 años de prisión.
En un comunicado leído en la corte, precisó que como parte de su trabajo aprobó grandes pagos a dos consultores anónimos, uno de los cuales era un ciudadano de España, Ecuador y Estados Unidos y residía en Miami, en el entendido de que algunos de sus honorarios se utilizarían para sobornar a los funcionarios de Petroecuador a cambio de contratos para comprar productos petroleros.
Gunvor aseguró estar cooperando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y describió al acusado como un “exagente”.
“Gunvor también ha tomado medidas para prohibir completamente el uso de agentes con fines de desarrollo empresarial”, señaló un portavoz de la empresa, Seth Pietras, en un comunicado.
Investigaciones
No está claro si los fiscales estadounidenses también investigan penalmente a Gunvor, a la que que identificaron en el tribunal como una “empresa comercial europea”.
Pero la declaración del canadiense sigue a una serie de pesquisas de los fiscales de Brooklyn sobre corrupción en los mercados de productos básicos de América Latina.
En diciembre, la unidad estadounidense de Vitol, con sede en Suiza, uno de los mayores comerciantes de energía del mundo, acordó pagar más de 160 millones de dólares en el marco de una investigación sobre sobornos pagados en México, Brasil y Ecuador durante 15 años.
En 2019, las autoridades suizas ordenaron a Gunvor el pago de casi 94 millones de francos (101 millones de dólares) en compensación y multas por no evitar que sus representantes sobornaran a funcionarios públicos para obtener acceso a los mercados petroleros en el Congo y Costa de Marfil.
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