Entre libertad comercial y derechos humanos
La firma del Tratado de Comercio de Armas (ATT en su sigla inglesa) seria recibido con satisfacción tanto por el gobierno de Suiza como por un grupo pacifista e incluso a por un representante de la industria de armamentos.
Las leyes de Suiza para la exportación de armamento están entre las más estrictas del mundo, aunque algunas infracciones o evasiones de esas normas atraigan con frecuencia la atención mediática.
Erwin Bollinger, alto funcionario de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (Seco) y jefe la delegación suiza en la conferencia de Naciones Unidas señala que un esfuerzo sería bienvenido, incluso si el acuerdo no alcanza los estándares de Suiza.
Las leyes suizas establecen que no se puede vender armas a los países envueltos en un conflicto armado interno o internacional, ni a aquellos que violan sistemática y gravemente los derechos humanos. Tampoco está permitida la exportación de armamento a los países en desarrollo que a su vez reciben ayuda humanitaria; si existe un serio riesgo de que las armas sean usadas contra la población civil o sean revendidas a otro destinatario.
“Esperamos lograr un tratado internacional vinculante con cuantos miembros de la ONU sea posible”, sostiene Bollinger.
El documento debe cubrir a su juicio una parte exhaustiva de las armas convencionales, incluyendo las polémicas armas pequeñas y livianas, así como las formas de transacción principales: venta, reventa, transferencia de tecnología, importación e intermediación. Los cargamentos deben basarse en criterios claros, no discriminatorios y ser aplicados caso por caso.
El acuerdo debe incorporar también los componentes y las piezas de recambio, así como la tecnología y la transferencia de tecnología. Suiza considera que este aspecto es importante para garantizar que la transferencia de tecnología no sirva de puerta trasera para la entrada de artículos desaprobados.
Adi Feller, del grupo pacifista Suiza Sin Ejército, opta por un matiz más pesimista sobre el resultado de la conferencia al decir que es posible avanzar en el asunto solamente hasta cierto punto.
“Si acaso se logra un acuerdo estará basado en un pequeño denominador común”. Los países que tratan de saltarse la prohibición impuesta a la venta de armas por las violaciones de los derechos humanos, hallarán una excusa para hacerlo, añade.
Andreas Meier, jefe de control de exportaciones de la firma Rheinmetall Air Defence (antigua Oerlikon Bührle y posterior Contraves) apoya por su parte las exigencias de respeto de los derechos humanos en las transacciones, según dice en un artículo publicado por una revista de la sección suiza de Amnistía Internacional.
En el mismo se refiere al código de conducta de su empresa, pero está convencido de que un tratado internacional acorde con la actual regulación estricta de Suiza estaría, comparativamente, expuesto al fracaso.
“Es improbable que el Tratado de Comercio de Armas (ATT) tenga un impacto en la empresa Rheinmetall Air Defence, porque las leyes suizas vigentes sobre exportación de armamento son claras”, señala la edición de junio de la revista atribuyendo la cita a Meier.
La opinión pública
El intento de compaginar el papel del Estado como campeón de la ley humanitaria con el principio de la libertad económica – y en particular los intereses de la industria de defensa-, amerita, según Bolliger, un campo de acción correspondiente.
“El comercio de armamento, con la inclusión de componentes y repuestos, es cada vez más un negocio global. Las empresas sienten la presión de exportar material de guerra”, remarca.
Bollinger descarta que –como suponen algunas acusaciones-, el ATT pueda alentar a Suiza a debilitar sus rígidas leyes sobre exportación de armas. “Nosotros tenemos una sociedad civil bastante crítica y no pasaría desapercibido ningún intento de aflojar nuestras normas”, precisa.
El responsable del control de armamento en Amnistía Internacional, Brian Wood, coincide en el rol crítico del guardián público.
“Corresponderá al público, al Parlamento de Suiza y a los dirigentes políticos el garantizar que no sean aflojadas las normas”, explica. Ve con agrado la postura de la delegación suiza en la conferencia y la legislación sobre exportación de armas que en general es de gran alcance para un tratado y cooperación con otros países.
“Pero el diablo está en el detalle. Tenemos que leer el texto actual y ver cómo funciona”.
Refiriéndose a la falta de control territorial en las transacciones de armamento o en los despachos de armas a los protectores de la paz, considera que el Parlamento debería revisar algunos aspectos.
Tiempo
La preocupación central de Wood no es la postura de Suiza, sino el factor tiempo para obtener un resultado en la conferencia de tres semanas que como telón de fondo tiene intereses divergentes.
“Son 114 horas de negociaciones con 193 países presentes en la sala”.
Advierte contra la fijación de metas irreales como es, por ejemplo, una prohibición rotunda de la exportación de armas.
La cuestión de todos los gobiernos es cómo restringir el comercio de tal manera que sea más responsable y se detenga la desviación de armamento hacia el tráfico ilegal, argumenta.
“Esa es una perspectiva real. Si esa puerta es abierta con la movilización y la campaña internacional, yo instaría a que el pueblo suizo ayude a mantenerla abierta”.
Votaciones y escándalos
Entre 1972 y 2009, los electores suizos rechazaron tres iniciativas que pretendían prohibir la exportación de armamento. Hace tres años, la comunidad empresarial y el Gobierno argumentaron que proscribiendo el comercio de las armas se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo.
La oposición a la venta de armas no ha decaído y el centro de estudios de política exterior Foraus sigue exigiendo más transparencia en las decisiones gubernamentales sobre exportación de armamento. También los expertos jurídicos y las iglesias critican las aparentes contradicciones en el papel de Suiza como Estado depositario de las Convenciones de Ginebra sobre la ley humanitaria internacional.
Suiza exportó en 2011 unos 872.7 millones de francos (912.9 millones de dólares) de armamento. Esas exportaciones equivalen apenas al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, precisan las autoridades correspondientes.
Los fabricantes de armas suizos han ocupado a menudo los titulares de prensa en las últimas décadas.
En el último incidente, Amnistía Internacional señaló que un cargamento de municiones de gas lacrimógeno fue reexportado de Sudáfrica a la República Democrática de Congo a pesar del frágil acuerdo de paz y las violaciones de los derechos humanos en el estado centroafricano. Los casi 3.000 cartuchos fueron producidos por Brüger & Thomet, un abastecedor de armas de fuego con sede en Suiza.
El primero de los escándalos que conmocionó a Suiza por la exportación de armamento fue durante la guerra civil en Nigeria, en 1968. Aviones del Comité de la Cruz Roja fueron derribados con proyectiles hechos en Suiza.
Una década después se reveló que los aviones de entrenamiento PC7, fabricados por la empresa Pilatus, podían ser modificados con bastante facilidad para llevar bombas. Conocido por su apodo de ‘bombardero del pobre’ -a raíz de su precio relativamente módico-, el PC7 habría sido usado como avión de combate en Myanmar, Guatemala, México, Chile, Bolivia y Nigeria. Más recientemente, se han descubierto productos Pilatus en Irak, Sudáfrica y Darfur.
Los pacifistas lanzaron en 1972 la primera de tres iniciativas para prohibir la exportación de armamento, pero fue rechazada por un margen estrecho. Las dos posteriores corrieron la misma suerte en su empeño de prohibir la venta de material de guerra. La última presentada a las urnas en 2009 obtuvo el apoyo de solo 32% de los votantes.
La exportación de armamento volvió a los titulares en julio de 2011 tras revelarse que las municiones vendidas a Qatar aparecieron en Libia como consecuencia de una aparente infracción de las normas vigentes en la materia.
Seco dispuso inmediatamente la prohibición de las exportaciones a Qatar mientras duraran las investigaciones del caso. La prohibición fue suspendida en diciembre porque la Seco arguyó un “error de logística militar”.
En junio, Amnistía Internacional señaló que cartuchos de gas lacrimógeno producidos en Suiza fueron revendidos por una firma sudafricana a la República Democrática del Congo.
Suiza exportó material de guerra, incluyendo componentes y piezas de repuesto, por un valor récord de 872.7 millones de francos (912.9 millones de dólares) en el año pasado, según la Seco.
El aumento de 36% con respecto a 2010 se debe a la venta de 25 aviones de entrenamiento Pilatus PC-21, de fabricación suiza, a los Emiratos Árabes.
Material de guerra y componentes suizos fueron exportados a 68 países, entre ellos a Alemania e Italia, así como a Bélgica y España. Esas ventas están sujetas a la aprobación del Estado.
La Seco añade que “aplica la restricción” impuesta a las exportaciones de armamento a los países en el Norte de África y Oriente Medio, especialmente Arabia Saudita, Pakistán y Egipto.
Traducción, Juan Espinoza
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