Minería de carbón: un infierno a cielo abierto
Para la gente de El Hatillo, la minería ha sido una pesadilla: 50% padece de enfermedades respiratorias, oculares o dermatológicas. Algunos han muerto. En el pueblo ya no hay agua potable. Las explotaciones acabaron con la actividad productiva tradicional y las trasnacionales solo emplearon a 15 personas.
Boquerón y Plan Bonito están en situación similar. Bogotá ordenó a las empresas concernidas: Prodeco (Glencore), Vale, CNR y Drummond reubicar a las tres comunidades, pero el proceso ha sufrido tropiezos.
“La explotación minera del carbón contribuye a vulnerar derechos humanos como vida digna, alimentación, salud y ambiente sano”, denunció Gloria Holguín Reyes, de Pensamiento y Acción Social (PAS), ONG colombiana que labora en coordinación con El Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, ASK!
“Antes de la explotación minera, la comunidad de El Hatillo tenía una vocación pesquera, ganadera y agrícola, con acceso a tierras, sabanas y playones para la producción de alimentos, con grandes zonas de reserva de especies forestales y faunísticas”, indicó la especialista en entrevista con swissinfo.ch durante una reciente visita a Suiza.
Empero, continuó, la expansión de la minería de carbón durante la última década cercó a la población impidiéndole el acceso al agua y la siembra de terrenos, reduciendo al mínimo la producción de alimentos.
Por ello, dijo, “Suiza debe reconocer su responsabilidad en relación con las explotaciones de carbón colombiano” por parte de empresas helvéticas.
Suiza se compromete: Seco
Inquirida al respecto, la Secretaría de Estado de Economía (Seco) señaló a swissinfo.ch que las empresas suizas, incluidas aquellas que laboran en el rubro de las materias primas, están sometidas tanto a la legislación suiza como a aquella de los Estados en los que están presentes.
“Suiza se compromete en los niveles nacional e internacional para el mejoramiento y la clarificación del marco legal para las empresas multinacionales”, precisó el vocero de la dependencia, Antje Baertschi.
En consecuencia, añadió, “Suiza se compromete para que las empresas helvéticas asuman sus responsabilidades en todos los países en los que están presentes”. El portavoz recordó igualmente el apoyo de Berna a los mecanismos internacionales que pugnan por un comportamiento respetuoso de las empresas.
Sin embargo, para Gloria Holguín “Suiza debería condicionar la extracción de recursos naturales a estándares socio-ambientales de derechos humanos a través de mecanismos vinculantes y obligatorios”. La posición de la especialista colombiana coincide también con la expresada por la Declaración de Berna:
“Suiza debe mejorar su legislación para conceder a las ONG, o a las víctimas mismas, el derecho a exigir a las oficinas centrales de estos grandes corporativos asumir la responsabilidad de lo que están haciendo sus filiales en el extranjero”, dijo Olivier Longchamp, tras el anuncio de la fusión de las empresas helvéticas Glencore y Xstrata (07.02).
Glencore: creamos empleo
Entre otros aspectos, se ha criticado a Glencore la mínima o nula creación de empleos en el César. En El Hatillo, por ejemplo, sólo 15 personas estarían laborando de un total de 140 familias.
Simon Buerk, vocero de Glencore, desestimó las acusaciones. “Prodeco se siente satisfecha de su desempeño”, precisó en entrevista con swissinfo.ch.
“Se han generado alrededor de 6.800 empleos (vía el trabajo minero) y producto de un intenso programa de reclutamiento y entrenamiento local, 92% de los empleos (cifras al 2010) correspondían a habitantes del César y del Magdalena, localidades en donde se ubican las minas y la operación de Prodeco, respectivamente”.
La rotación de personal ha sido baja, añadió, de solo 3,8%, y se ha buscado que las ganancias generadas beneficien a la población local.
“Según lo dispuesto por la legislación colombiana, Prodeco destinó 90 millones de dólares a los gobiernos provinciales y municipales. Y se hacen contribuciones voluntarias regulares para las comunidades en términos de educación, salud, capacitación y desarrollo de infraestructura. Se han puesto en marcha, por ejemplo, visitas médicas y programas de prevención en materia de alcoholismo y drogadicción”, asentó el portavoz de Glencore.
El impasse en la reubicación
Otro de los aspectos que ha creado tensión entre las poblaciones afectadas y las empresas mineras tiene qué ver con la reubicación de las comunidades.
En El Hatillo desde hacía más de 100 años, la gente vivía y trabajaba “tierras baldías”; es decir, propiedad de la Nación. Tenían seguridad alimentaria. Pero desde hace una década, con la titulación de un creciente número de hectáreas para la explotación minera, la gente se quedó sin sus fuentes de autosuficiencia, cercada por las minas de Drummond, Glencore, CNR y Vale y con severos problemas de salud merced a un contexto de fuerte contaminación.
Todo ello hizo que el Gobierno ordenara la reubicación de sus más de 600 pobladores, así como la de los habitantes de Plan Bonito y Boquerón. Las cuatro empresas tienen diversos grados de responsabilidad en el traslado, según los daños causados.
A Glencore le corresponde una mayor responsabilidad en el reasentamiento de Plan Bonito, que tendría que haberse terminado desde 2011 pero que sigue pendiente. El Hatillo y Boquerón deben concluir en septiembre del año en curso.
Los reasentamientos han tropezado con diversos problemas en cuanto a los lineamientos legales que deben cumplir como la contratación de un operador y el establecimiento de una interventoría que garantice la fiabilidad del proceso.
En particular, los pobladores de las comunidades se quejan de que, contrario a lo establecido por la ley, se les excluye del proceso y deben pelear para garantizar su participación.
“El proceso de reasentamiento no ha sido sencillo”, reconoció Simon Buerk.
“Nos comprometidos a respetar lineamentos fijados por el Banco Mundial. La intención siempre ha sido cumplir con las expectativas de los poblados implicados. Hemos trabajado con expertos en la creación de un banco de datos y un censo económico, pero los propios especialistas han confirmado que el cronograma original de reasentamiento era incompatible con un proceso satisfactorio, sobre todo considerando que se carecía de una base de datos como punto de partida”, dijo.
En todo caso, el tiempo corre y la situación de la población de El Hatillo es cada vez más grave. Entre que se van, y que no acaban de irse, “la gente quedó en medio, sin atención médica, sin infraestructura”, denunció Gloria Holguín.
A unos pasos del caserío, por ejemplo, se levanta una montaña con los desechos de la empresa Vale, y a la entrada del pueblo están los desperdicios del municipio de El Paso… ¡Construyan un basurero!, pidieron los vecinos al alcalde. “¡Para qué, si ya se van a ir…!”, les respondió.
En Colombia, cuando la crisis de los 70 sofocó la euforia del petróleo, comenzó el desarrollo de la minería de carbón a cielo abierto en la Costa Caribe; en particular en los departamentos de la Guajira, César y Córdoba.
El carbón devino el segundo producto de exportación del país.
En un estudio sobre el contexto minero colombiano y los derechos humanos, Gloria Holguín señala que 5.8 millones de hectáreas son sujetas a explotación minera, y que se han presentado solicitudes para 10 millones más.
Colombia, como otros países de América Latina, apuesta a la inversión extranjera y a la extracción de recursos naturales, lo que ha generado conflictos entre la política minera y la política ambiental.
Además: En su afán por atraer el capital foráneo, los países flexibilizan sus normas a niveles muy onerosos para sus poblaciones.
Que se les garantice su derecho a la participación en el reasentamiento para exigir sus derechos fundamentales: vida digna, alimentación, salud, ambiente sano.
Que se suspenda la expansión de las minas; que sigan explotando pero que no se sigan expandiendo, porque cada vez se les vienen más encima.
Que se construya la infraestructura de saneamiento básica necesaria y que ellos puedan trabajar ahí.
Que se realice un estudio de salud independiente para establecer bien qué tiene cada uno y qué tratamiento necesita, y que se empiece el tratamiento inmediatamente.
Colombia reformó su legislación nacional para permitir a los grandes consorcios mineros repatriar 100% de sus ganancias, abriendo con ello una interesante filón de oportunidades para grupos como Glencore o Xstrata.
En 1995, la helvética Glencore adquirió a la colombiana Prodeco para operar la explotación de carbón térmico y metalúrgico. El primero se utiliza para la generación de electricidad, y el segundo, para la industria metalúrgica.
En el norteño departamento de César, la operación de las grandes mineras alteró las poblaciones. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso pues la obligación a las empresas de reasentar algunas comunidades.
El Hatillo forma parte de este proceso.
En César, Glencore es propietaria –vía Prodeco- de un complejo que incluye: Las minas Calenturitas y La Jagua; una concesión ferroviaria operada por Fenoco (sociedad de la que posee 36% de las acciones y que opera en copropiedad con otras mineras); y los puertos Zúñiga y Nuevo, que permiten el embarque del carbón para su posterior comercialización.
En 2010, Prodeco facturó alrededor de 956 millones de dólares en 2010.Del total, 503 millones fueron costos de operación; 186 millones, pago a proveedores; pero se destinaron también 89 millones de dólares a salarios; y una cantidad idéntica a pagos diversos al gobierno colombiano. Lala inversión en las comunidades sumó 7,2 millones.
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