Familiares de víctimas de la dictadura de Surinam exigen una compensación al Estado
Familiares de 15 personas ejecutadas en Surinam en 1982, durante la dictadura de Desi Bouterse, presentaron una demanda al Estado para obtener compensación y la rehabilitación de las víctimas, indicó su abogado el lunes a la AFP, en un homenaje anual realizado en Paramaribo.
Los golpes de Estado y las rebeliones han sido un constante padecimiento para Surinam, una antigua colonia neerlandesa en Sudamérica con importantes reservas petroleras descubiertas recientemente.
El abogado Hugo Essed presentó la semana pasada una demanda colectiva en representación de unos 60 familiares.
«La rehabilitación es la restauración del buen nombre y la reputación de las víctimas y sus familiares, quienes han sido engañados, humillados y perseguidos en este país durante más de 40 años por el Estado de Surinam, Bouterse y su autoridad militar», dijo Essed a la AFP. «Es hora de que se presente una disculpa por ello», agregó.
«Supongo que la persona más adecuada en nombre del Estado es la presidenta», respondió cuando se le preguntó si la mandataria Jennifer Geerling-Simons, del partido fundado por Bouterse, era la persona adecuada para presentar disculpas.
Desiré Delano Bouterse llegó al poder a los 34 años tras un golpe de Estado en 1980, cuando era sargento mayor en el ejército. Se retiró en 1988 bajo presión internacional para luego ser elegido presidente en 2010 y permanecer en el poder hasta 2020, aún con popularidad.
«Recordar es un deber moral. Es un compromiso para que atrocidades como estas no vuelvan a ocurrir», dijo Sunil Oemrawsingh, familiar de una de las víctimas y presidente del colectivo demandante. «¿De qué sirve la justicia si las penas no se aplican?», se preguntó.
En 2023, al cabo de 16 años de procedimientos judiciales en libertad, Bouterse fue condenado a 20 años de prisión por la ejecución de abogados, periodistas, empresarios y militares encarcelados en diciembre de 1982.
El exdictador huyó tras la sentencia y permaneció en la clandestinidad hasta su muerte en diciembre de 2024. Su guardaespaldas, Iwan Dijksteel, también fue condenado en el mismo juicio pero tampoco fue encarcelado.
Andre Ajintoena, familiar y presidente de la Asociación Moiwana, que lucha por los derechos de las víctimas de unos 40 asesinatos en el pueblo del mismo nombre en 1986 durante la guerra civil por el ejército comandado por Bouterse, también estuvo presente en la ceremonia.
«Estoy aquí porque el dolor de los familiares del 8 de diciembre es el mismo dolor que sentimos nosotros», declaró.
La justicia anunció el mes pasado la apertura de una investigación sobre la masacre.
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