Fiscalía colombiana imputa al excanciller Leyva por irregularidades en caso de pasaportes
Bogotá, 9 dic (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó este martes al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción por supuestas irregularidades en la licitación para la producción del nuevo modelo de pasaportes, un caso por el que Procuraduría (Ministerio Público) lo destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos.
La fiscal del caso, Sandra Helena Portilla, aseguró en la audiencia de imputación en el Tribunal Superior de Bogotá que Leyva «actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria» al suspender en 2023 el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del proceso de pasaportes durante los últimos 17 años.
Según su acusación, el exministro vulneró «los principios de transparencia, objetividad y equilibrio que rigen la contratación pública» y tomó decisiones «con desviación y abuso del poder» otorgado por sus funciones.
Leyva rechazó los cargos de manera tajante: «No señora, no acepto ninguno de los cargos y quiero que sea muy clara la manifestación. Y reitero: no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no», manifestó.
El delito de prevaricato por acción se configura cuando un funcionario público dicta, firma o emite una decisión oficial a sabiendas de que es contraria a la ley. Este delito está castigado con penas que van de 4 a 12 años de prisión.
El escándalo de los pasaportes
La polémica con el nuevo modelo de pasaportes empezó con la decisión de Leyva, quien fue el primer canciller del presidente colombiano, Gustavo Petro, de suspender el contrato con Thomas Greg & Sons alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Desde entonces, el caso salpicó a sus sucesores en el Ministerio de Relaciones Exteriores: los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, y la actual titular de la cartera, Rosa Villavicencio. Todos ellos están siendo investigados por la Procuraduría, al igual que el exjefe del despacho presidencial Alfredo Saade.
Para reemplazar a Thomas Greg & Sons, el Gobierno optó por adjudicar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, lo que generó cuestionamientos por «falta de capacidad técnica ni financiera» de la primera.
Ese convenio también está hoy siendo investigado por la Procuraduría, que presentó una demanda para que se declare su nulidad absoluta, al advertir que no hubo un proceso competitivo de selección y que la participación económica de la empresa extranjera es inferior a lo exigido por la ley para este tipo de alianzas.
Mientras se resuelven tanto las investigaciones penales como los litigios administrativos, la fabricación de pasaportes seguirá a cargo de Thomas Greg & Sons al menos hasta el 30 de abril de 2026, cuando se prevé que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal puedan asumir esa tarea. EFE
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