Fiscalía de Ecuador pide 34 años de cárcel para 5 militares por desaparición de 4 menores
Guayaquil (Ecuador), 8 dic (EFE).- La Fiscalía de Ecuador pidió este lunes una pena de 34 años y ocho meses de prisión para cinco de los diecisiete militares acusados de ser autores directos de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, registrada hace un año, después de que dos patrullas los detuvieran de manera irregular, lo que desembocó en que semanas después fuesen hallados calcinados y con señales de disparos.
Para los otros trece militares, incluidos cinco que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada) y que aseguraron durante el juicio que los menores fueron golpeados, vejados y torturados por sus compañeros, el Ministerio Público anunciará la pena de cárcel este martes; al igual que para un teniente coronel que está procesado como cómplice.
El fiscal Christian Farez, de la Unidad de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, explicó al tribunal que los militares de los que se ha pronunciado hasta el momento son responsables de la desaparición de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, del barrio Las Malvinas, a quienes detuvieron en Guayaquil la noche del 8 de diciembre de 2024 irrespetando «el debido proceso».
Además, señaló que los sometieron a un riesgo inminente al dejarlos desnudos y abandonados en «una zona de peligro», como lo es Taura, ubicada a unos 40 kilómetros de Guayaquil, a donde los llevaron tras la detención; y que no informaron a las autoridades sobre eso sino hasta después de dos días, y «de manera sesgada».
Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana a una base de la Fuerza Aérea y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
«Si se hubiera hecho conocer a la Fiscalía, jueces o policía especializada de justicia juvenil se podría haber impedido este suceso posterior (el asesinato). No se trata de decir: ‘Estuve ahí, pero yo no hice nada'», señaló Farez.
El número de años que el fiscal pidió para los autores directos corresponde al máximo de la pena del delito (26 años) más agravantes porque eran niños y adolescentes, porque la presunta infracción se cometió con la participación de más de dos personas y porque hubo ensañamiento en contra de las víctimas.
Además de la pena de cárcel, para los presuntos autores directos la Fiscalía pidió una multa de 376.000 dólares y una indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores, una cifra que los abogados de las víctimas pidieron que se suba a 100.000 por cada uno.
Como medidas de reparación, Farez solicitó al tribunal que las Fuerzas Armadas reciban capacitaciones en derechos humanos y en procedimientos que estén relacionados a niños, niñas y adolescentes; que las familias reciban atención psicológica y apoyo económico del Estado y que el puente cercano al lugar en donde los menores fueron detenidos se llame ‘Puente de los niños de Las Malvinas’.
«Es un antecedente nefasto de la historia ecuatoriana y lo que se busca es que no se vuelva a repetir», señaló el fiscal.
Las defensas de los procesados rechazaron el pedido de Fiscalía, asegurando que no existía «ningún elemento» que involucrara de manera directa a los soldados en la desaparición de los menores, pues los dejaron «con vida» en una vía rural de Taura.
El juicio inició el 5 de noviembre, once meses después de que dieciséis de los soldados fueran enviados a prisión preventiva, por lo que las familias esperan conseguir justicia en este caso antes de que se termine 2025. EFE
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