Frente a Airbnb, las metrópolis europeas organizan su respuesta
Frente al formidable éxito de Airbnb, que este verano cumplirá diez años, metrópolis europeas como París, Ámsterdam, Berlín o Barcelona se están organizando para evitar que los precios y los alquileres se disparen o que disminuya la oferta inmobiliaria.
El 11 de agosto de 2008 se lanzó el portal Airbed & Breakfast para «hacer frente a la saturación del mercado hotelero».
Diez años después, Airbnb, una empresa recelosa de comunicar sus informaciones financieras, estaría valorada en 31.000 millones de dólares, según una estimación realizada en 2017 con ocasión de una recaudación de fondos.
La compañía, que pasó rápidamente de ser una empresa emergente a un gigante de la economía colaborativa, como Uber, por ejemplo, propone casi cinco millones de alojamientos en 81.000 ciudades y cerca de 200 países.
Airbnb supo captar «una demanda en ascenso, turística y profesional, para un alojamiento más libre y espacioso en el corazón de las grandes ciudades», resume la asociación Atelier Parisien d’Urbanisme (Apur) en una nota publicada en junio.
Pero, especialmente para la hotelería, el éxito de una actividad de alquiler en línea no sometida a las mismas obligaciones legales y fiscales constituye una pérdida futura de ingresos.
Y por parte de los ayuntamientos surgieron «numerosas preocupaciones», pues esos alquileres estimulan el alza de los precios y de las rentas de pisos, señala Apur, lo que llevó a varias metrópolis europeas –pero también Nueva York o Tokio– a reglamentar cada vez más esta actividad.
Así, París, primer mercado mundial de Airbnb con unos 60.000 alojamientos para rentar, llevó a la empresa ante la justicia, así como a su competidor Wimdu. Además, el Parlamento francés votó en junio una serie de sanciones contra los propietarios que actúen ilegalmente o las primeras multas para las plataformas, con el fin de limitar la actividad relacionada con ese tipo de empresas.
En España, las ciudades dan cuenta de un ingenio creciente –limitación a las plantas bajas, entrada independiente exigida– para contener estos alquileres, mientras que Palma de Mallorca se prepara para prohibirlos simple y llanamente, después de que estos hubieran aumentado un 40% entre 2013 y 2017.
En Madrid, donde habría unos 9.000 apartamentos en alquiler con fines turísticos, 2.000 de los cuales sin licencia, el ayuntamiento –dirigido por la izquierda radical– se fijó el objetivo de reducir la oferta de este tipo de alquileres un 95% antes de 2019.
– «Doble lenguaje» –
Y en Barcelona, donde los habitantes protestan contra el ruido a altas horas de la madrugada de la gente que sale de fiesta, ya no se concederán más licencias a apartamentos aislados en el centro histórico.
En Holanda, Ámsterdam firmó un acuerdo «único en Europa» en diciembre de 2016 con Airbnb para que ningún piso pueda alquilarse más de 60 días al año.
En Alemania, el ayuntamiento de Berlín, donde los precios del mercado inmobiliario subieron fuertemente en los últimos años, aprobó en mayo de 2016 una política particularmente estricta: solo se permitirá alquilar una habitación dentro de cada piso, so pena de 100.000 euros. Una medida que la alcaldía suavizó a partir del pasado 1 de mayo.
El pasado 15 de junio, responsables de Lisboa, Madrid, Barcelona, Ámsterdam y París se reunieron por primera vez para «estudiar la envergadura del fenómeno y comparar [sus] políticas públicas», explicó a la AFP Ian Brossat, concejal para Vivienda en el Ayuntamiento de París. Aunque no asistió ningún representante berlinés a la reunión, la capital alemana también está asociada a las cinco ciudades mentadas.
El 5 de julio, 12 ciudades europeas se reunirán en Bruselas antes de encontrarse, en otoño, con la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska.
«Nos enfrentamos al doble lenguaje de la plataforma, que por un lado interpreta al alumno bueno y dice que va a respetar la ley y por otro, dirige una intensa presión en Bruselas», explica Brossat.
Las plataformas de pisos turísticos presentaron denuncias ante la Comisión Europea para recurrir las legislaciones nacionales de Francia, España, Bélgica y Alemania, pero esta no prevé, de momento, abrir ningún procedimiento de infracción hacia ninguno de esos países.
Con todo, Airbnb ha ayudado a que el sector del turismo evolucione positivamente, admiten los profesionales.
«Han hecho un trabajo remarcable, facilitando las reservas, la preparación del viaje, la puesta en contacto y una comunicación muy rápida con el anfitrión», indicó a la AFP Fabrice Collet, director general del grupo B&B, tercer grupo francés de hotelería económica.
Y sus precios «han permitido que familias que hasta la fecha no viajaban, lo hagan».