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HRW acusa a Ruanda de silenciar a sus disidentes con procesos judiciales

Kigali, 16 mar (EFE).- Las autoridades de Ruanda han abierto procesos judiciales desde 2020 contra opositores políticos, periodistas y otros comentaristas, incluidos varios «youtubers», debido a sus opiniones y para restringir su libertad de expresión, indicó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

«Las autoridades judiciales de Ruanda (…) han condenado y encarcelado injustamente a personas debido a sus discursos y opiniones», señaló este miércoles el director para África central de HRW, Lewis Mudge, al presentar un informe.

«Todos los encarcelados injustamente deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, y los marcos legales abusivos que permitieron sus enjuiciamientos deben revisarse», añadió Mudge.

Además, según el informe de HRW, tanto políticos opositores como ciudadanos que usan YouTube para difundir informaciones que contradicen las versiones gubernamentales han sido hostigados, amenazados, arrestados repetidamente o «murieron o desaparecieron en circunstancias sospechosas» durante los últimos tres años.

«El Gobierno de Ruanda puede tener motivos legítimos para intentar restringir los discursos peligrosos (que desencadenaron el Genocidio de 1994), pero las leyes y prácticas actuales van más allá de este propósito: crean miedo y socavan de manera efectiva las opiniones, los debates y las críticas al Gobierno», indicó HRW.

Esta organización pro derechos humanos destacó, entre otros, la muerte bajo custodia del activista y cantante de góspel Kizito Mihigo en 2020 o el arresto de periodistas y miembros del partido político de la opositora Victoire Ingabire, a finales de 2021.

Asimismo, HRW mostró su preocupación por el caso de Dieudonné Niyonsenga -director de un popular canal de YouTube-, que ha sido declarado culpable por, entre otras imputaciones, haber «humillado a las autoridades nacionales y responsables del servicio público», a pesar de que esto no está tipificado como delito en el Código Penal de Ruanda.

La Policía detuvo a Niyonsenga y a su conductor en abril de 2020 cuando informaban sobre el impacto de las medidas para contener el coronavirus en un barrio pobre de Kigali por haber usado una acreditación para periodistas falsa para infringir el toque de queda.

Las autoridades ruandesas abrieron también al menos otros tres casos judiciales contra usuarios de YouTube que publicaron vídeos en línea para criticar las acciones del Gobierno o elogiar a los opositores y fueron acusados de transmitir informaciones falsas.

Para HRW, estas acciones judiciales tenían motivaciones políticas y perpetuaron «una cultura de intolerancia a la disidencia». EFE

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