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Iniciativa y contraproyecto Vía parlamentaria a empresas responsables

una niña lleva un canasto de frutas sobre la cabeza

Más de medio millón de niños trabajan en condiciones de explotación en las plantaciones de cacao: les productores suizos de chocolate podrían ser convocados a responder sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas bajo su control.

(Reuters)

Las empresas que tienen su sede en Suiza así como sus filiales deben respetar los derechos humanos y el medio ambiente también en el extranjero. Esta es la principal demanda de la iniciativa a favor de “Multinacionales Responsables”, promovida por una amplia coalición de sindicatos y ONG. Este jueves el Parlamento aprobó un contraproyecto que considera ampliamente las exigencias de la iniciativa.

Desde hace décadas, las actividades de las empresas multinacionales están en el centro mismo de la atención mediática y de la opinión pública, en particular en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos o los daños ambientales. Estos casos conciernen, evidentemente, también a empresas basadas en Suiza. País, que, por otra parte, cuenta con la más alta densidad de multinacionales por habitante en el mundo entero. Las empresas dedicadas al comercio de materias primas están particularmente expuestas a esta problemática.

La temática de la responsabilidad de las empresas se viene discutiendo desde hace décadas, en las Naciones Unidas. En el 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por unanimidad los  «Principios rectores  sobre las empresas y los derechos humanosEnlace externo », que establecen la obligación por parte de las multinacionales de respetar los derechos humanos. Y responsabilizan a los Estados de vigilar que las mismas cumplan con sus obligaciones, a través de medidas voluntarias y reglas vinculantes.

En noviembre del 2011, una cincuentena de ONG suizas lanzó una petición para solicitar al Gobierno y al Parlamento suizos que aseguren que las empresas basadas en el país respeten los derechos humanos y medioambientales en todas partes del mundo. Sin embargo, en 2015, una  mociónEnlace externo parlamentaria que solicitaba la elaboración de una ley instaurando el derecho de “diligencia debida” para las empresas fue rechazada por una escasa diferencia en el Consejo Nacional  (Cámara baja). Dada la igualdad del resultado, 90 votos a favor y 90 en contra, la voz preponderante del presidente que definió el rechazo.

La iniciativa

En este contexto y en respuesta al Gobierno Federal que se opuso a la aplicación de medidas obligatorias para las empresas, una coaliciónEnlace externo muy amplia de muy diversas ONG – de cooperación, derechos humanos, ambientales- y sindicatos lanzó en el 2015 la Iniciativa Popular  A favor de Multinacionales ResponsablesEnlace externo.

El punto principal de la proposición consiste en la introducción de un deber de diligencia para las multinacionales en cuanto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente, obligación que se extendería también a sus filiales en cualquier parte del mundo y a sus proveedores. Este deber incluye la identificación de riesgos, la adopción de medidas para evitarlos y la redacción de informes sobre estos temas.

La iniciativa prevé también que las empresas se hagan cargo de los daños provocados por sus sociedades filiales que violen derechos humanos o ambientales reconocidos a nivel internacional. Se trata, sobre todo, de una responsabilidad civil, análoga a la responsabilidad que tiene el patrón de una empresa previsto en el artículo 55 Enlace externodel Código de Obligaciones.

En otras palabras, si la filial de una multinacional suiza ha violado los derechos humanos o las normas de protección del medio ambiente, las víctimas pueden promover un proceso civil en Suiza para obtener una reparación por el daño. Las empresas “matrices” pueden, sin embargo, liberarse de sus responsabilidades si están en condiciones de probar que han tomado todas las medidas necesarias para prevenir el daño en cuestión.

El contraproyecto

En septiembre del 2017, el Consejo Federal recomendó al Parlamento Enlace externoa rechazar la iniciativa sin presentar un contraproyecto. Sin embardo, los parlamentarios eligieron otra vía: la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional decidió elaborar un contraproyecto indirecto a la iniciativa, en el marco de la revisión del derecho de las sociedades anónimasEnlace externo , que fue aprobado este jueves por el Consejo Nacional.

La decisión de la Comisión, sin duda, está íntimamente relacionada con el amplio apoyo que la iniciativa parece contar entre la población, si se consideran las primeras encuestas. Por otra parte, los diputados no olvidaron el éxito que tuvo en las urnas la iniciativa Contra los salarios abusivos,  muestra de la sensibilidad del electorado cuando se trata de cuestiones éticas en el mundo de la economía.

En grandes líneas, el contraproyecto indirecto retoma el sistema preconizado por la iniciativa, aún si introduce límites en ciertos puntos importantes. La proposición de la Comisión considera, principalmente, limitar el deber de diligencia a los acuerdos internacionales ratificados por Suiza (un punto sobre el cual los promotores de la iniciativa no están totalmente claros).

Además, no se aplicarán dichas normas a las pequeñas y medianas empresas, salvo que operen en sectores de actividad donde el riesgo de violación de derechos humanos o ambientales es particularmente grande (se trataría particularmente de las empresas activas en el sector de materias primas). Las empresas grandes, pero con riesgos limitados, también serían excluidas del deber de diligencia.

El contraproyecto circunscribe también la responsabilidad de las empresas a los daños contra la vida y la integridad de las personas y contra la propiedad. Finalmente, las empresas suizas no serían responsables de los daños causados por sus proveedores, aun en el caso que éstos dependan enteramente de sus órdenes.

A cambio de las concesiones incorporadas en su proposición, los autores del contraproyecto esperan, evidentemente, que la iniciativa sea retirada. En caso contrario, la iniciativa tendría muy pocas posibilidades de ser aceptada en el Parlamento.

El contexto internacional

La adopción de los «Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos” de las Naciones Unidas llevó a numerosos países a reflexionar sobre un mejor camino para asegurar su aplicación. En febrero del 2017, Francia, por ejemplo, introdujo una obligación de diligencia para empresas de al menos 5 000 trabajadores con sede en ese país, y válida para todas sus actividades y las de sus filiales.

En cuanto a las actividades de los proveedores, estos deben ser analizados para ver si existe una relación comercial estable con la empresa matriz. La medida puede ser también extendida a las empresas de más de 10 000 empleados aun si no tienen su sede en Francia, pero si cometen violaciones de derechos humanos relacionadas con sus actividades comerciales en Francia.

Italia, Alemania y Estados Unidos anunciaron también la posibilidad de medidas obligatorias con respecto al derecho de diligencia de las empresas. Numerosas legislaciones nacionales integran ya exigencias de diligencia para productos provenientes de ciertas zonas geográficas o de sectores económicos específicos.

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Traducido del italiano por Sergio Ferrari

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