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Integración de Tigo y Movistar bajará tarifas y presionará a Claro, dice órgano colombiano

Bogotá, 14 nov (EFE).- La integración condicionada de las operadoras de telecomunicaciones Tigo y Movistar ofrece «beneficios potenciales» para los usuarios y el mercado, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de Claro, afirmó este viernes la Superintendente de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, Cielo Rusinque.

«Esta operación ofrece, contrario a lo que se ha querido decir de manera previa, beneficios potenciales para el mercado y para los usuarios», insistió la funcionaria -en una rueda de prensa-, tras anunciar la aprobación de la operación por parte de la SIC, responsable de la libre competencia en el país.

La aprobación es un paso que debe facilitar la venta a Millicom, controlador de Tigo, de las acciones de Telefónica Hispanoamérica en Colombia Telecomunicaciones (Movistar), por 400 millones de dólares.

Ese paquete accionario representa el 67,5 % del capital social de Colombia Telecomunicaciones, mientras que el 32,5 % restante de las acciones pertenecen al Estado colombiano, que aún no ha decidido si las mantendrá o las venderá también a Millicom.

La titular de la SIC advirtió, sin embargo, que la operación aprobada hoy implica riesgos que la empresa integrada «podría aprovechar en detrimento de los otros agentes competidores y en detrimento de los usuarios», por lo que la autoridad impuso condiciones para «impedir la formación de monopolios».

Riesgos y condiciones

La SIC identificó riesgos en servicios móviles mayoristas y minoristas, en servicios fijos y en la provisión de fibra óptica.

Uno de ellos es que la nueva empresa aumente las tarifas a operadores que usan sus redes, como WOM. Para evitarlo, la SIC ordenó descuentos en las tarifas de roaming automático entre el 12,5 y el 24,3 %, y rebajas de entre el 11 y el 46 % para operadores con contratos tarifarios. Para quienes tienen contratos de ingresos por participación, se mantendrán las condiciones actuales.

Otro riesgo es la posible coordinación entre la empresa integrada y Claro para afectar a operadores más pequeños. Para mitigarlo, la SIC prohibió campañas u ofertas dirigidas específicamente a estos actores y exigió transparencia en los servicios empaquetados.

Según Rusinque, «estas dos medidas fortalecerán los incentivos para que esta empresa integrada comience a generar presiones a la empresa dominante, es decir, a Claro».

La entidad también determinó que la compañía integrada podría ganar peso significativo en 82 municipios colombianos, lo que, «en la práctica, podría desmejorar las condiciones de precio y calidad». Por ello, deberá mantener los niveles de calidad actuales y cobrar lo establecido.

En cuanto al riesgo de que Movistar influya en el prestador de servicios de fibra óptica On Net, donde tiene una participación considerable, o acceda a información sensible de competidores, la empresa integrada renunció a su derecho a veto en decisiones de competencia y deberá aplicar un esquema de confidencialidad.

Además, la SIC exigió reportes y auditorías independientes para verificar el cumplimiento de las medidas, pues el incumplimiento podría acarrear multas de hasta 160.000 millones de pesos (unos 43 millones de dólares), precisó Rusinque.

Los beneficios

Esta integración, resumió la titular de la SIC, permitirá que Tigo y Movistar unifiquen infraestructura, mejoren eficiencia operativa y liberen recursos para inversión en calidad y cobertura.

También fortalecería su capacidad de competir con Claro, que concentra el 51,65 % del mercado.

Tigo tiene el 21,59 % y Movistar, el 16,84 %, lo que significa que la integración fortalecerá su presencia en el mercado colombiano en el que tendrán en conjunto el 38,43 %.

El resto está repartido entre WOM, que tiene el 7,48 %, y otros operadores móviles virtuales (OMV) que suman el 2,44 % del mercado.

«Todo eso podrá traducirse a mejores condiciones de precio y de calidad y de mejor servicio a los usuarios. Además que es consistente con las políticas públicas de superación de las brechas de conectividad (…) y de expansión de las redes tecnológicas de 5G», dijo Rusinque.

La funcionaria destacó que la decisión es resultado de un trabajo «conjunto» con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la academia y otros actores del sector. EFE

csr/joc/jrg

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