Italia cierra el juicio contra un exmilitar brasileño por el Plan Cóndor

Roma, 26 oct (EFE).- El Tribunal de Roma dio hoy por cerrado el juicio contra el exmilitar brasileño Átila Rohrsetzer, acusado de participar en el Plan Cóndor, la operación represiva de América Latina en las décadas de 1970 y 1980, después de constatar que ha muerto recientemente.

Los jueces romanos han fijado una nueva audiencia el 29 de noviembre para obtener su certificado de defunción, pero es solo un formalismo, explicaron a Efe fuentes próximas al caso, que se considera ya cerrado debido a la muerte del único acusado.

Junto a Rohrsetzer, fallecido a los 89 años, estaban acusados otros tres militares que operaban en el sur de Brasil, en la frontera con Argentina y Uruguay, pero ellos también murieron y ya habían sido sacados de la lista de imputados.

La sentencia italiana era esperada, ya que la vigente Ley de Amnistía de 1979 de Brasil impide investigar y juzgar las torturas, desapariciones y ejecuciones del régimen militar brasileño (1964-1985) y su participación en la Operación Cóndor.

Por ello, Rohrsetzer podría haber sido el primer militar brasileño en ser condenado por estos supuestos hechos.

Se le imputaba la detención y extradición ilegal en 1980 de dos militantes de izquierdas italo-argentinos, los montoneros Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Campiglia.

El primero fue apresado con 25 años cuando trataba de escapar de su país para volar a Italia, mientras que el segundo fue capturado en el aeropuerto de Río de Janeiro y extraditado clandestinamente, y la última vez que se le vio fue en el centro de detención bonaerense de «Campo de Mayo».

Italia empezó a investigar hace dos décadas el asesinato y desaparición de varios italo-latinoamericanos en el Plan Cóndor y en 2007 pidió el arresto de 146 militares de las Juntas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El paso del tiempo, así como la falta de permiso para proceder de Argentina contra sus militares, redujo notablemente la lista de imputados, aunque en julio el Supremo confirmó la cadena perpetua a catorce de ellos, once uruguayos y tres chilenos. EFE

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