La aplicación de comida Relay, obligada a cumplir con leyes que protegen a repartidores
Nueva York, 13 nov (EFE).- Repartidores de comida de Nueva York se apuntaron este jueves otra victoria una vez que la ciudad ordenó a la aplicación móvil de comida Relay reactivar las cuentas de 300 trabajadores que había desactivado ilegalmente por rechazar viajes largos, y a pagar una multa de 200.000 dólares.
Los trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes, celebraron hoy la decisión del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, que también obligó a la aplicación a cumplir con el salario mínimo establecido en junio, lo que supone un alza de millones de dólares anuales en el salario anual de sus empleados, de acuerdo con un comunicado conjunto del Worker’s Justice Project que les representa.
Miguel Cisneros, repartidor cuya cuenta había sido desactivada por Relay, señaló que este acuerdo aporta beneficios económicos reales a los trabajadores que ayudará a las familias a pagar las facturas, comprar alimentos y recuperarse del daño sufrido.
«Pero aún más importante, es una medida de justicia. Demuestra que lo que nos sucedió estuvo mal, que nuestros derechos importan. Envía un mensaje claro a las empresas de aplicaciones: los trabajadores no pueden ser descartados injustamente sin consecuencias porque tenemos derechos en esta ciudad que serán defendidos», dijo.
Por su parte, la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor, Vilda Vera Mayuga, destacó que los repartidores de comida «son miembros esenciales de nuestras comunidades y merecen un trato justo y un salario digno».
Agregó que este acuerdo reafirma el compromiso de esa agencia de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que empresas como Relay cumplan con las leyes de la ciudad.
La comisionada hizo un llamado a los ‘deliveristas’, como se les conoce en Nueva York, que hicieron entregas para Relay y que experimentaron violaciones de la distancia máxima, o cuyas cuentas fueron desactivadas, a que se comuniquen con la agencia.
«Esto demuestra lo que es posible cuando los trabajadores alzan su voz y se niegan a aceptar la explotación como el precio de ganarse la vida», indicó Ligia Gualpa, directora ejecutiva del Worker’s Justice Project. EFE
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