La Corte Suprema EEUU examina la responsabilidad de los proveedores de internet ante la piratería
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el lunes argumentos sobre si las empresas proveedoras de servicios de internet deberían ser considerados responsables de la piratería en línea de música protegida por derechos de autor por parte de sus clientes.
El caso tiene importantes implicaciones tanto para la industria del entretenimiento como para millones de usuarios de internet.
Cox Communications, un proveedor de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) de banda ancha solicita al alto tribunal que anule un veredicto que lo halló culpable de permitir que sus suscriptores descargaran y distribuyeran ilegalmente música protegida por derechos de autor.
Por esto, le ordenó pagar 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios a los sellos discográficos demandantes, entre ellas Sony Music Entertainment.
Si se enfrentan a sanciones tan astronómicas, los proveedores de servicios de internet corren el riesgo de verse obligados a desconectar a miles de personas, argumentó el abogado de Cox, Joshua Rozenkranz, ante los nueve jueces de la Corte Suprema, al advertir «consecuencias catastróficas».
«La única manera de que un proveedor de servicios de internet eluda su responsabilidad es cortar el acceso a internet, no solo a la persona acusada de piratería, sino a cualquier otra persona que utilice la misma conexión», argumentó.
«Esto podría afectar a ciudades enteras, universidades u hospitales», insistió, y señaló los peligros de «convertir a los proveedores de servicios de internet en la policía de internet».
Por otro lado, el abogado de las discográficas Paul Clement criticó al proveedor de servicios de internet por querer ignorar la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), la legislación estadounidense contra la piratería en línea.
Procesar a cada individuo que incurre en piratería en lugar de a los proveedores de servicios de internet no es una opción viable, explicó, comparándolo con intentar vaciar el océano con una cucharita.
La mayoría de los jueces se mostraron divididos, entre la preocupación de no penalizar a toda una red de usuarios de internet por las acciones de unos pocos y la necesidad de obligar a los proveedores de servicios de internet a garantizar el respeto a la propiedad intelectual.
«Nos encontramos atrapados entre dos posturas extremas», resumió la jueza progresista Sonia Sotomayor. «¿Cómo llegamos a una decisión que aborde ambos?», preguntó.
Se espera que la Corte Suprema emita un fallo sobre el caso antes de que finalice su período en junio próximo.
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