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La ONU critica la ley sobre crímenes de guerra

Niños soldados, una cruda realidad en el mundo.

(Keystone)

Este lunes en Ginebra, Suiza responde a los cuestionamientos del Comité de los Derechos del Niño que juzga insuficientes los esfuerzos helvéticos contra el reclutamiento de niños soldados.

El órgano de la ONU considera que la nueva ley suiza en la materia limitaría la aplicación del derecho internacional contra los crímenes de guerra.

La enmienda del Código Penal Militar, en vigor desde junio de 2004, estipula que las personas sospechosas de crímenes de guerra deben tener un "vínculo estrecho" con Suiza para poder ser perseguidos.

Así, por ejemplo, las investigaciones se emprenderían en caso de que los sospechosos tuviesen propiedades o familiares en Suiza, pero no si fueran sólo titulares de una cuenta bancaria en alguna entidad financiera helvética o se encontraran de vacaciones en este país.

El término "vínculo estrecho" aún no ha sido claramente definido ya que, hasta el momento, no ha habido ningún caso a tratar ante los tribunales del país. Sin embargo, expertos en Derecho Penal indican que esta cláusula debería ser suprimida.

"Considero que no tiene sentido desde el punto de vista del derecho internacional y, probablemente, es contraria a las Convenciones de Ginebra", indica a swissinfo Helen Keller, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Zúrich.

Stefan Trechsel, profesor emérito y elegido recientemente como juez del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, comparte esta opinión en un artículo aparecido hace poco en el diario zuriqués 'Neue Zürcher Zeitung'

Solicitud de clarificaciones

El Comité de los Derechos del Niño envió en noviembre de 2005 una carta al gobierno suizo solicitando la esperada explicación sobre esta nueva cláusula en la legislación helvética.

En concreto, quiere saber "si esta enmienda restringe la aplicación del derecho internacional en caso de crímenes de guerra en lo que concierne al reclutamiento de menores de 15 años".

En el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño -suscrito por Suiza en septiembre de 2000-, los países signatarios se comprometen a prescindir del reclutamiento y de utilización de niños soldados y, en caso necesario, a adoptar medidas legales para prohibir y castigar estas prácticas.

En un primer informe dirigido al Comité en julio de 2004, las autoridades suizas subrayaron que en la legislación penal hay numerosas disposiciones para evitar el reclutamiento de menores.

"Toda la legislación actual de Suiza cumple con las obligaciones estipuladas en el protocolo", indica el documento. Además, acentúa que este fenómeno no existe dentro de sus fronteras.

Procedimiento estándar

Carine Carey, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, dice a swissinfo que la audición de este lunes es un procedimiento estándar y forma parte del diálogo habitual entre los comités de Naciones Unidas y de sus Estados miembros.

"Tienen derecho a establecer preguntas y nosotros a responderlas", indica.

Respecto a la enmienda, Carine Carey recuerda que durante el debate parlamentario que tuvo lugar en Berna sobre el término "vínculo estrecho", el ministro suizo de la Defensa dejó claro que esta definición no mina los preceptos del derecho internacional sobre crímenes de guerra.

Carey reitera que la enmienda simplemente define el procedimiento en Suiza y no constituye cambio alguno en la práctica.

"Suiza no tiene la intención de eludir sus obligaciones en el marco del derecho internacional con la introducción de este término", concluye.

swissinfo, Adam Beaumont, Ginebra
Traducido del inglés por Patricia Islas Züttel

Contexto

En mayo de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño para proteger a los menores de edad en caso de conflicto armado.

Con él, los Estados signatarios se comprometen a elevar la edad mínima de un combatiente para participar en conflictos armados de 15 a 18 años.

Suiza signó este protocolo en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000 en Nueva York.

El protocolo entró en vigor en julio de 2002.

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