Ley terrorista en España podría afectar a derechos, según un informe
Bruselas, 18 nov (EFE).- España y otros países tienen una legislación terrorista que va más allá de la europea al criminalizar ciertos delitos, lo que podría tener un impacto sobre los derechos fundamentales y las libertades, según un informe publicado este martes por la Comisión Europea.
El documento de trabajo de la Comisión acompaña a un informe que analiza la aplicación de la Directiva sobre Terrorismo de 2017, también publicado hoy.
Según revela, en algunos casos los Estados comunitarios «van más allá en la criminalización de lo que exige la Directiva», lo que «no plantea un problema para su funcionamiento»,
No obstante, advierte, «esto podría tener un impacto sobre los derechos fundamentales y las libertades de los individuos bajo la jurisdicción de ese Estado miembro».
Una consulta llevada a cabo para la realización de un informe reveló que «penalizar la provocación pública para cometer un delito de terrorismo ha generado debate por su impacto sobre los derechos fundamentales, especialmente en algunos países de la UE que van más allá de la Directiva europea sobre Terrorismo, como España».
Además, añade, la Agencia europea de Derechos Fundamentales (…) se ha referido al delito de autoadoctrinamiento en el marco de la ley española, que «va más allá» de lo previsto en la Directiva europea.
Eurojust también apuntó, según el mismo documento, a un caso planteado ante un alto tribunal español que consideró que, en relación con el delito de autoadoctrinamiento, «es necesaria una interpretación restrictiva de la legislación penal para no vulnerar el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la información».
Por otra parte, el delito de «apología del terrorismo» en la legislación francesa podría tener «efectos adversos sobre los derechos fundamentales» según la Red Europea contra el Racismo.
El informe publicado este jueves y el documento de trabajo forman parte de una revisión del impacto de la Directiva en la lucha contra el terrorismo.
Sobre la base de la evaluación, la Comisión Europea decidirá si es necesaria alguna acción de seguimiento. EFE
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