Carrera a Myanmar con pies de plomo
La economía suiza mira con interés a la antigua Birmania. Un año después de abrir una embajada en Rangún, la prudencia prevalece sobre las ambiciones. La situación en Myanmar es aún inestable y persisten interrogantes sobre cómo garantizar inversiones responsables.
“Ahora o nunca. Los que prefieren esperar corren el riesgo de llegar tarde”. Barbara Möckli-Schneider, responsable de Myanmar en la Cámara de Comercio Suiza-Asia, no duda del potencial de la ex-Birmania. “Es uno de los países más ricos en materias primas. Despierta un enorme interés y el actual gobierno hace de todo para promover un desarrollo positivo”, explica a swissinfo.ch.
Recursos naturales en abundancia, una posición estratégica entre India y China, una población de 55 millones de personas y una mano de obra joven y barata. Desde hace tiempo, Myanmar está en la mira de los empresarios e inversores. Con la suspensión de las sanciones internacionales, las puertas de la nueva frontera económica de Asia se han abierto definitivamente.
“Las inversiones extranjeras están en pleno auge”, indicia en su boletín informativo Thura Swiss, una agencia de consultoría en Rangún, la antigua capital. De abril a agosto de 2013, las inversiones extranjeras -provenientes, en su mayoría, de Asia- totalizaron 730 millones de dólares, más del doble respecto al año precedente.
Una carrera en la que quiere participar Suiza, uno de los primeros países occidentales que abrió una legación diplomática en el Myanmar postmilitar, en noviembre de 2012. Las misiones económicas se suceden y el flujo comercial entre los dos países (15 millones de francos en los primeros seis meses del año) crece constantemente.
“Tenemos contratos regulares con compañías y empresarios helvéticos. Cada mes recibimos una media de cuatro o cinco solicitudes”, responde por escrito a swissinfo.ch Corine Henchoz Pignani, responsable de política y economía en la embajada de Suiza en Rangún.
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Avances lentos en los derechos laborales
En Myanmar con cautela
“Myanmar recuerda a la Tailandia de hace 25 o 30 años: un país con un elevado potencial de desarrollo, especialmente de las infraestructuras”, explica Patrick Djizmedijian, portavoz de Switzerland Global Enterprise (antigua OSEC), el órgano que promueve el comercio y la plaza económica suiza.
“Para las empresas helvéticas se trata de un mercado interesante. Pueden trabajar en la construcción de carreteras, aeropuertos, infraestructuras eléctricas y telecomunicaciones. También los sectores del turismo, de la sanidad y de los bienes de consumo ofrecen muchas posibilidades”.
Recientemente, el gigante alimentario suizo Nestlé obtuvo la autorización para crear una filial en la antigua Birmania. Unos meses antes, el grupo industrial helvético-sueco ABB, ausente en el país asiático desde hacía varios años, se aseguró una primera entrega de componentes eléctricos. Aun así, la empresa prefiere por ahora “mantener un perfil bajo”, señala su portavoz, Antonio Ligi.
De hecho, la mayor parte de los empresarios suizos actúan con prudencia, revela Rina Alluri, de la Fundación suiza para la Paz swisspeace, que la pasada primavera organizó una mesa redonda bajo el título Hacer negocios en Myanmar. “La situación es aún frágil y en ámbitos como el sistema bancario falta todavía la infraestructura necesaria”.
“Hay que actuar con cautela y seguir la apertura y la evolución política del país”, coincide Patrick Djizmedjian. “Por esta razón, no nos volcamos en la promoción activa”.
Inversiones de alto riesgo humano
En Myanmar no todo lo que reluce es oro. Pese a las reformas emprendidas por el gobierno civil, en el poder desde 2011, y los programas de apoyo internacionales, el marco normativo sigue inestable.
A ello se suman los problemas crónicos derivados de la corrupción, la burocracia y al hecho de que los militares y sus allegados controlan buena parte de la economía. Múltiples informes destacan que el país carece de capacidad institucional para garantizar un desarrollo que respete los derechos humanos y el medioambiente.
“Cada semana hay manifestaciones. La población protesta contra las pésimas condiciones laborales, la confiscación de tierras, la migración forzada y las violaciones de los derechos de las minorías étnicas”, denuncia Michel Egger, de Alliance Sud, comunidad de trabajo que agrupa a seis ONG suizas de ayuda al desarrollo.
En sectores como la energía hidroeléctrica (presas), el gas, el petróleo y la industria textil, “las inversiones son de alto riesgo en términos de derechos humanos, sociales y ecológicos”, subraya Michel Egger. “Invertir de forma masiva con la idea de obtener ganancias inmediatas puede causar inmensos daños”, advierte el embajador de Suiza en Myanmar, Christoph Burgener.
Al integrar la agencia de cooperación en la embajada de Rangún, el Gobierno suizo quiere encontrar un equilibrio entre promoción económica y defensa de los derechos humanos en Myanmar. “La embajada aprovecha cualquier ocasión para dialogar con los socios comerciales sobre cuestiones como los derechos de los trabajadores, la sostenibilidad, los impactos sociales y ambientales”, indica la legación helvética en una respuesta escrita a swissinfo.ch.
La cooperación suiza, que dispone de aproximadamente 30 millones de francos anuales para el periodo 2013-2017, concentra sus actividades en cuatro ámbitos prioritarios: trabajo y formación profesional; salud y buena gobernabilidad; agricultura y seguridad alimentaria; promoción de la paz y los derechos humanos.
Para favorecer las inversiones responsables, Suiza respalda iniciativas multilaterales, como los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos y la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI). Además, ha anunciado una aportación económica al nuevo Centro de Competencia para una Economía Responsable en Myanmar, creado a iniciativa del Institute for Human Rights and Business, de Londres, y del Danish Institute for Human Rights.
Suiza y Myanmar quieren entablar un diálogo económico para abordar los derechos laborales y la responsabilidad social de las empresas. La primera ronda de conversaciones tendrá lugar en noviembre, durante la visita a Myanmar de una misión económica que encabeza la directora de la Secretaría de Estado de Economía, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.
Negocios y derechos humanos en la embajada
Con el fin de evitar esas repercusiones negativas, Suiza ha adoptado una estrategia en varios niveles. El elemento más significativo es la creación de una embajada integrada, que coordina los asuntos diplomáticos, la política de paz, la ayuda al desarrollo y los programas de cooperación de la Secretaría de Estado de Economía (Seco).
“La embajada integrada ha establecido una plataforma informal de contactos con las empresas helvéticas. Aquí insistimos en la importancia de que el desarrollo económico respete los derechos humanos y los estándares sociales y medioambientales”, explica Isabel Herkommer, portavoz de Seco.
La estrategia de Suiza es “interesante”, comenta Anne Seydoux-Christe, autora de una interpelación en la cámara alta sobre las inversiones suizas en Myanmar. “Pero hay que aunar más esfuerzos”, insiste la senadora demócrata cristiana, al evocar las “violaciones masivas de los derechos humanos, la violencia y los profundos conflictos étnicos”.
Más responsabilidad de las empresas
Al igual que otros parlamentarios, Anne Seydoux-Christe opina que Suiza debería seguir el ejemplo de Estados Unidos. De acuerdo con las directivas en vigor desde mayo pasado, las empresas que invierten más de 500.000 dólares tienen la obligación de presentar un informe anual. En él deben detallar su política y sus procedimientos en materia de derechos humanos, de corrupción y riesgos ambientales asociados a su actividad.
“Las medidas que ha adoptado Suiza, en cambio, son de carácter voluntario. Habría que establecer normas mínimas vinculantes para todas las empresas helvéticas que invierten en Myanmar”, sostiene Michel Egger, de Alliance Sud.
El respeto y la aplicación de los estándares internacionales, por ejemplo en el ámbito de los derechos humanos, son responsabilidad de la gestión empresarial, no del Estado, puntualiza el ministro suizo de Economía, Johann Schneider-Amman. Como solicita un postulado de una comisión parlamentaria (ver enlace), el Gobierno evalúa varias opciones para crear mecanismos de diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente. Se trata de una reglamentación que afectaría a todas las empresas suizas con actividades en el extranjero, y no solo a las que invierten en Myanmar.
Según Anne Seydoux-Christe, se necesitarán años para poner en marcha una reglamentación de esta índole, “pero las necesitamos ahora”.
En un artículo publicado el 24 de agosto de 2013, el diario digital The Irrawaddy escribe que cerca de 8.000 personas en el estado Shan, Myanmar, fueron obligadas a abandonar sus casas y cultivos.
La población del valle de Paunglaung fue forzada a desplazarse a tierras improductivas para ceder lugar a un enorme proyecto hidroeléctrico, sostiene The Irrawaddy, citando a fuentes locales. Muchas personas recibieron compensaciones, pero insuficientes.
En la construcción de la presa, que comenzó en 2004, participan varias empresas extranjeras, entre ellas la suiza AF-Consult. En respuesta a swissinfo.ch, la sociedad, con sede en Baden (cantón Argovia), afirma que “el contrato incluye el soporte técnico para la planificación y la construcción de la nueva central hidroeléctrica”.
El Ministerio de Electricidad “ha creado un equipo interno que es responsable del reasentamiento de las personas que viven en la zona del embalse de acumulación, así como de medidas y compensaciones. AF-Consult está informada del proceso en general, pero no involucrada en estas acciones”, escribe Dieter Müller, jefe de la sección Energía Hidroeléctrica de AF-Consult Suiza.
La empresa “ofrece servicios de consultoría en conformidad con las normas internacionales”. Entre tanto, agrega Müller, se han registrado avances importantes. “Se ha postergado el llenado del embalse para que la población pueda recoger otra cosecha y han aumentado las compensaciones”.
Según Human Rights Watch y otras ONG, los rohingyas (minoría musulmana en Myanmar) son objeto de una verdadera limpieza étnica: cientos de víctimas y más de 120.000 desplazados a la fuerza desde el año pasado. Los testimonios recogidos son espeluznantes: pueblos incendiados, niños asesinados a machetazos, cadáveres arrojados a fosas comunes.
Llegaron de la vecina Bengala y se convirtieron al islam en el siglo XV. Los rohingyas están instalados en el estado de Arakan, al noroeste de la costa birmana. En 1982, el poder militar les retiró la nacionalidad birmana. Desde entonces son apátridas y en el país se les considera como inmigrantes ilegales. Esta minoría formada por 800.000 individuos es repudiada en el país. Los blogueros los insultan como “perros”, “ladrones”, “terroristas” y “monstruos negros”.
(Traducción del italiano: Belén Couceiro)
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