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Minas antipersona: etapa crítica para el acuerdo

Víctimas en Camboya de las minas antipersona en un centro de rehabilitación en Phnom Penh. Keystone

La Convención de Ottawa, pese a haber sido firmada hace una década, aún debe hacer frente a "inmensos desafíos", advirtió Jürg Streuli, quien preside este 24 de noviembre en Ginebra la reunión bianual de signatarios de este documento.

Streuli hizo un llamado a los participantes del encuentro para hacer honor a su compromiso de garantizar la sustancia de este tratado.

El acuerdo, firmado por 156 países en 2007, fue calificado de “exitoso y progresista”. Cerca del 80% de los países signatarios se han comprometido a no producir ni utilizar o almacenar minas antipersona. El mercado mundial de estas armas casi está por desaparecer.

Pero aún dos gobiernos, el de Birmania y el de Rusia, siguen utilizando estos artefactos.

Desde 1997, fecha en la que se firmó la Convención de Ottawa, más de 40 millones de minas han sido destruidas y miles de kilómetros cuadrados de terreno han sido desminados. Pese a ello, aún subsisten estos objetos en 70 países. Cada año 6.000 personas mueren por su causa.

De acuerdo a Jürg Streuli, la Convención se encuentra en un punto crítico y sus objetivos están lejos de ser alcanzados.

“Ciertos países requieren aún de un enorme trabajo de desminado, otros muestran un enorme retraso en la tarea, algunos no tienen idea de la gravedad de su situación y otros ni siquiera han desarrollado un plan de desminado digno de ese nombre”, declaró Streuli ante los medios en Ginebra.

Para muchas regiones contaminadas en el mundo, esto significa la prohibición o el acceso limitado a los campos, a las escuelas o a los medios de comunicación, y el proceso de lucha contra la pobreza se ve afectado, agregó el diplomático helvético.

“Es tiempo de meter de nuevo el acelerador”, apeló.

Plazos para la limpieza antiminas

Para Jürg Streuli, uno de los principales dolores de cabeza es resolver el problema que provocan aquellos países que solicitan plazos suplementarios para limpiar los terrenos infestados con esas armas.

La Convención de Ottawa estipula que los Estados signatarios destruiyan las minas “lo más pronto posible, pero no más allá de diez años”.

El primer plazo vence en marzo de 2009. Quince países, incluidos Perú, Ecuador, Senegal, Gran Bretaña (Islas Malvinas), Venezuela y Dinamarca no están listos, por lo que solicitan una prolongación de diez años para “casos excepcionales”.

Durante la conferencia, sus solicitudes son examinadas por un grupo de trabajo para después someterlas a voto en asamblea plenaria. “Sus demandas constituyen un examen para la Convención”, declara Sylvie Brigot, directora de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersona (ICBL)

No todos los Estados cuentan con sólidos argumentos para explicar su retraso. “¿Los Estados miembros tendrán el valor de condenar a países como Gran Bretaña o Venezuela?”, se cuesiona Brigot.

Tamar Gabelnick, responsable del Tratado de Prohibición de Minas del ICBL, denuncia que los países latinoamericanos, como Nicaragua, Venezuela, Perú y Nicaragua, “se han unido para obtener las prolongaciones”.

El ICBL considera que no hay que acordar el plazo ni a Gran Bretaña ni a Venezuela y que se les debe urgir a comenzar sus operaciones de desminado y presentar el año próximo un expediente más presentable.

Los Estados miembros también deberían acordarles a los otros solicitantes extensiones más cortas para cumplir con sus tareas, pero ser más exigentes en sus recomendaciones, agrega Gabelnick.

Disminuir las minas almacenadas

Otro tema de suma importancia en la discusión en Ginebra: la destrucción de las reservas de estos artefactos.

Diez Estados aún no han liquidado todas sus reservas de minas antipersona. Además, este año venció el plazo para destruirlas en Bielorrusia (3,4 millones de minas), Grecia (1,6 millones) y Turquía (2,9 millones). En este caso, cabe decir que el tratado excluye toda prolongación del plazo inicial de una duración de cuatro años.

“Los plazos no fueron respetados, pero ciertos países dan señales de que harán mayores esfuerzos para cumplir con el objetivo el año próximo”, indica Jürg Streuli.

Pero Gabelnich es más radical: “Esto sienta un precedente; se trata de una violación a la Convención”.

“Esta Convención nació de un movimiento de la sociedad civil, respaldado con la cooperación de los gobiernos. Por esa razón esta convención es diferente en lo que se refiere a la transparencia y a la inclusión. No obstante, esta vez resultó ser distinto, pues de pronto escuchamos decir: ‘nosotros haremos este trabajo a puertas cerradas y ustedes no son bienvenidos, muchas gracias’. Esto frustra y decepciona”, subraya Gabelnick.

Sólo queda que los miembros de la campaña contra minas crucen los dedos a la espera de los resultados de esta “muy, pero muy importante reunión” en Ginebra.

“Quiero conservar la esperanza de que algo positivo se alcanzará, porque el trabajo de base se ha cumplido y los grupos de análisis han hecho su labor de forma seria”, agrega Tamar Gabelnick.

“El éxito dependerá de los Estados porque son ellos los que ejercen el derecho de voto para adoptar el informe final. Esperamos que actúen. Si no lo hicieran, habría que preguntarse de qué sirve toda la operación”.

Jürg Streuli comparte esa opinión. “Consideramos que los Estados han asumido un compromiso legal al adoptar la Convención, por lo que deben respetarlo. Nosotros les diremos que deben asumir esta tarea seriamente”.

swissinfo, Simon Bradley en Ginebra
(Traducido del inglés por Patricia Islas Züttel)

La gran mayoría de las víctimas de las minas antipersona son civiles que activan estas armas que permanecen en los campos, a pesar de que ya han pasado décadas del conflicto que provocó su utilización. En ciertos países, como en Afganistán, los afectados son principalmente menores de edad.

Los programas de acción antiminas y el tratado de interdicción de minas antipersona, conocido bajo el nombre de Convención de Ottawa, han permitido reducir de 26.000 a 6.000 el número de heridos anuales por estos artefactos en una década.

Los programas de acción antiminas forman parte de la política de paz y seguridad humana de Suiza.

El gobierno suizo sostiene proyectos de desminado en más de 20 países, con un presupuesto anual que va de 16 a 18 millones de francos para el periodo 2008-2012.

Suiza destruyó sus últimos almacenamientos de minas antipersona en 1999.

El Centro Internacional de Desminado de Ginebra es uno de los principales socios de las agencias especializadas de Naciones Unidas, de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la destrucción de estos artefactos y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Adoptada en Oslo, Noruega, en septiembre de 1997.

Entró en vigor dos años más tarde.

El tratado prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transporte de minas antipersona. Su objetivo es poner fin al sufrimiento provocado por las minas.

156 países rarificaron o aceptaron la Convención, comprometiéndose a desminar su territorio en diez años. Varios países rechazaron firmar el documento, entre ellos, los Estados Unidos, China, India y Pakistán.

La conferencia bianual de la Convención se realiza en Ginebra. Este año se lleva a cabo del 24 al 28 de noviembre, bajo la presidencia de Suiza.

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