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Espaldarazo universal a diálogo de paz (2 de 2)

Experiencia y profesionalismo en el equipo de negociadores designado por el presidente José Manuel Santos para buscar la paz. Keystone

Salvo algunos detractores, como el ex presidente Álvaro Uribe, propios y ajenos se unen en el aplauso. Inclusive irreconciliables como Estados Unidos y Cuba o Venezuela. ¿Afán reeleccionista de Juan Manuel Santos? ¿Búsqueda de legitimación por parte de las FARC? Mucho más que eso…

“Me parece que Juan Manuel Santos está arriesgando mucho”, advierte el investigador suizo Enzo Nussio. Rechaza sin embargo que la posibilidad de reelección del mandatario colombiano dependa de su éxito en el proceso de paz.

“Igual se podría reelegir, aunque no logre la paz hasta el término de su período, si es lo suficientemente prudente”. Y los primeros pasos en esa dirección ya fueron dados con la decisión de negociar en el extranjero –descartando así la entrega de territorio nacional- y la anticipación de temas sustanciales para el país con las leyes para la reparación de víctimas y restitución de tierras, analiza.

Para el catedrático de la Universidad de Los Andes en Bogotá, con la promulgación de esa legislación, y el establecimiento del marco legal para la paz, el jefe del Ejecutivo “ya se blindó”. Ahora, dice, tiene que mantener las negociaciones dentro de un espectro aceptable para el gobierno.

Por su parte, el profesor Jean-Pierre Gontard, otrora mediador entre las FARC y el gobierno colombiano, observa que la apuesta por la paz de Bogotá se traduce en hechos como la renovación ministerial. “Santos cambió a su gabinete para tener solo a gente que está de acuerdo con las negociaciones”, subraya.

En ese tenor, la designación, como ministro consejero, del otrora alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, de la izquierda más tradicional. “Ha nombrado gente de horizontes bastante diversos pero que tienen en común la voluntad de paz”.

Hoja de ruta y agenda nacional

La agenda de las negociaciones que comenzarán en octubre en Oslo y seguirán  luego en La Habana incluye: desarrollo rural; garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana; el fin del conflicto armado (desarme e integración); narcotráfico y derechos de las víctimas.

Es decir, no se limita a los meros términos de un desarme. “No, las FARC no negociarían si solamente se trataran temas judiciales y se omitieran los temas políticos. Sería como desmentir su historia desde su perspectiva, 50 años de lucha”, asienta Nussio. Las FARC, insiste, quieren incidir en la agenda nacional.

“Aunque algunos puedan creer que están totalmente equivocados, que ya se dedicaron al narcotráfico y que son unos criminales, tienen una agenda política”, subraya el catedrático.

Respecto a su imagen entre la opinión pública tras las violaciones a los derechos humanos que han cometido (secuestros, asesinatos, despojos, reclutamientos forzados) y sus actividades de narcotráfico, Nussio opina:

“Para las FARC, las negociaciones de paz son también una oportunidad para legitimarse en vista de una paz en el futuro o para continuar su lucha en caso de que no funcione el proceso de paz”.

Urgente restitución de tierras

Pero la guerrilla apuesta a que las negociaciones funcionen. Al anunciar el cierre de la fase exploratoria y el inicio de las negociaciones con el gobierno de Colombia, el comandante Timochenko, dirigente de las FARC manifestó:

“Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente de la República. Tampoco en el del comandante de las FARC, sino en todos los colombianos, en especial de las víctimas del conflicto”.

Y las víctimas del conflicto no son solamente los combatientes de uno u otro bando. La población civil ha puesto muchos muertos y muchos desplazados.

“No puede consolidarse un acuerdo de paz si no hay la restitución de por lo menos la mitad de las tierras”, sentencia Gontard con respecto a uno de los mayores apremios del país y una de las causas principales del enfrentamiento: alrededor de 4 millones de colombianos han tenido que dejar sus lares, y se estiman en más de 5.5 millones las hectáreas de tierra despojadas. 

Gontard considera que el proceso de pacificación del país requerirá de un buen tiempo, pero destaca la necesidad de que se logren avances, como el de la restitución de unos dos millones de hectáreas, en un plazo de no más de un año.

Llenar vacíos, y no con policías

El proceso integral, coincide Enzo Nussio, no será fácil ni inmediato. Luego de la desmovilización de los efectivos, por ejemplo (estimados en 8 mil más un número indeterminado de personas que brindan apoyo logístico) habrá que implementar estrategias para llegar a los lugares donde la guerrilla tiene una mayor influencia: zonas alejadas, pobres y con ausencia del Estado.

Experto en la reintegración social de desmovilizados, Enzo Nussio señala que en ese ámbito Colombia tiene bastante experiencia y no habrá mayor problema. No así en lo que atañe a las áreas donde las FARC dejarían de tener presencia.

“El Estado debe buscar la manera de llenar esos vacíos porque, de otra manera serán ocupados por otros grupos de economías ilícitas, como el narcotráfico o la minería ilegal, o inclusivo por los mismos ex miembros de las FARC que rechacen entregar las armas”.

Y esa presencia, coinciden Nussio y Gontard, no tendrá que traducirse en un destacamento policial, sino en la introducción de programas educativos, sanitarios y de infraestructura.

Además, añade el otrora mediador, habrá que otorgar una atención especial al destino de las armas, para evitar que suceda lo que en otros países, donde los guerrilleros las guardaron por varios años. Eso, dijo, “sería algo muy difícil de aceptar para la opinión pública”.

¿Pudrirse en una cárcel de EE UU?

Otro aspecto espinoso de las negociaciones tiene que ver con las extradiciones. En procesos anteriores, tanto los narcotraficantes como los paramilitares han puesto como condición insoslayable para su rendición el cumplimiento de sus condenas en su país.

En los años 80, y tras una gran escalada de violencia, los traficantes de drogas señalaban “preferimos morir en Colombia que pudrirnos en una cárcel de Estados Unidos”. Con un argumento semejante, los paramilitares depusieron las armas. Sin embargo, muchos de sus jefes fueron enviados al norte del Río Bravo cuando sus confesiones comenzaron a ser embarazosas para el gobierno.

Ahora, los mayores líderes de las FARC están pedidos en extradición porque el narcotráfico es la renta más importante que sostiene su lucha.

“Yo no veo posible que un líder guerrillero negocie la paz para luego ser mandado a una prisión en Estados Unidos donde va a estar los próximos 20 o 30 años”, apunta Nussio. “Eso es un desincentivo tan importante que tiene que ser tratado de otra manera y tiene que haber flexibilidad por parte de Estados Unidos y del Gobierno porque no es posible que con este horizonte, las FARC negociarían con el gobierno”.

Escalada de violencia

¿Y el día después de los acuerdos de paz? El seguimiento de la lucha en los foros políticos, “un partido comunista siglo XXI”, refiere Gontard. “La continuación de la recién creada Marcha Patriótica”, sugiere Nussio.

Pero también en las postrimerías del conflicto armado, y como ha sucedido en otros países, advierte el catedrático de la Universidad de los Andes, podría producirse una nueva escalada de violencia.

Sin duda, de ahí también el pedido de Juan Manuel Santos al pueblo colombiano de “templanza, paciencia y fortaleza”.

Mientras que diversos países de América Latina y de la Unión Europea, además de Estados Unidos y de diversos foros internacionales, han manifestado su apoyo al diálogo de paz anunciado por el Gobierno de Colombia y las FARC, el ex presidente Álvaro Uribe lo ha criticado acremente.

“Este diálogo empieza con la seguridad debilitada, un Estado debilitado y un terrorismo recrudecido”, declaró Uribe a la prensa. El proceso, había dicho “es una bofetada a la democracia”.

En respuesta, el presidente Santos afirmó:

“Que nadie nos venga a decir ahora, con unos sofismas bastante mezquinos, que estamos debilitando deliberadamente la seguridad. Eso no tiene ni pies ni cabeza, cuando lo único que hemos hecho es reforzarla”.

Y, para avalar sus palabras, ofreció algunos datos:

“En la primera mitad de nuestro gobierno cayeron no sólo el número uno y el número dos de las FARC, sino también 18 cabecillas de frente o de columna móvil, y este grupo ilegal perdió además cuatro frentes, tres columnas móviles, una guerrilla y una escuela de entrenamiento”.

Santos destacó igualmente la reciente muerte de Danilo García.

Señalado por el Ministerio colombiano de Defensa como “mano derecha” del dirigente de las FARC, Comandante Timochenko, Danilo, habría luchado con la insurgencia por espacio de 37 años y habría caído durante un operativo en el campamento principal del frente 33 de las FARC, en zona selvática del municipio de Hacarí, Norte de Santander. 

El presidente de Colombia,

Juan Manuel Santos,

nombró el miércoles a sus negociadores para el diálogo de paz con la guerrilla de las FARC, un equipo en el que destacan un experimentado político, un empresario y dos generales retirados

de las Fuerzas Armadas.

 El equipo del Gobierno para la negociación, con la que se busca poner fin al conflicto interno de cinco décadas, será

dirigido por el abogado y político Humberto de la Calle Lombana, de 66 años, quien fue vicepresidente de Colombia, ministro, magistrado y participó en el proceso que permitió reformar la Constitución del país en 1991.

“Viene ahora la segunda fase, la fase más importante (…) El jefe negociador, la persona que va estar a la cabeza de estas negociaciones, va a ser el doctor Humberto de la Calle”, dijo Santos, un economista de 61 años educado en Estados Unidos e Inglaterra.

El Ejército de Ejército de Liberación Nacional (ELN) segunda fuerza insurgente del país, con un estimado de 2.500 miembros, anunció su interés en participar en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia.

Enzo Nussio considera una decisión acertada toda vez que sin las FARC, el ELN no tendrían ninguna oportunidad de mantener una lucha armada.

“No tienen la masa crítica para enfrentar al Estado y hacerlo sería básicamente un suicidio”¨.

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