Nestlé podría ceder el 51% de su capital en Zimbabue
La razón es la Ley de indigenización anunciada por el presidente Robert Mugabe, quien tras 31 años en el poder, conduce una economía en bancarrota y es cuestionado por la comunidad internacional.
El gigante de Vevey confirmó a swissinfo.ch que se mantiene en consulta constante con las autoridades de este país. La embajada helvética en Harare, por su parte, afirma que apoya los intereses suizos.
La sentencia que emana de la Ley de indigenización de Zimbabue en vigor desde marzo de 2010 es clara y precisa: Toda empresa multinacional que posea activos superiores a los 500.000 dólares (447.500 francos suizos) debe ceder el 51% de las acciones a favor de los indígenas del país.
De lo contrario, las empresas corren el riesgo de perder el derecho a operar en territorio zimbabuense.
Una serie de disposiciones que hoy colocan al grupo alimentario Nestlé contra las cuerdas.
La ley de indigenización
Las reglas, dictadas desde Harare, afectan también a corporativos como la tabacalera británico-americana British American Tobacco; el grupo estadounidense de materias primas Cargill; o el grupo financiero británico Barclays.
En Suiza, la voz de alerta mediática fue lanzada por L’Hebdo el pasado 27 de septiembre, cuando el semanario publicó que Nestlé tenía hasta el domingo 2 de octubre para presentar un plan que respondiera a la solicitud expresa de las autoridades de Zimbabue.
Consultada por swissinfo.ch, Nestlé confirmó la intención del Gobierno zimbabuense de obligar al grupo a ceder el 51% de sus acciones, pero fue escueta en los detalles.
Melanie Kohli, portavoz del grupo afirmó: “En noviembre de 2010 presentamos un plan de indigenización ante las autoridades de Zimbabue, una propuesta en línea con los principios del Acta de Indigenización y Transferencia de Poder Económico.
“Y más tarde, el 18 de agosto de 2010, respondimos a la carta que recibimos del ministro zimbabuense del ramo y desde entonces mantenemos consultas continuas con las autoridades del país.
“Confiamos en que nuestra propuesta contribuirá al crecimiento de la economía de Zimbabue”, dijo.
Los lácteos de Grace
La relación entre Nestlé y el Gobierno de Mugabe es tirante. Nestlé ha confirmado oficialmente que su fábrica en Harare está especializada en la producción de leche en polvo y cereales para el mercado local y en el presente genera 200 empleos directos, y varios cientos de empleos indirectos.
“El suministro constante de leche fresca de alta calidad es fundamental para la operación de Nestlé en Zimbabue. Durante los últimos años hemos sido testigos del colapso de la industria lechera nacional. Nestlé ha optado pues por trabajar sin acuerdos contractuales para asegurar un abastecimiento constante de leche fresca.
A finales de 2008 nos encontramos operando en un mercado donde 8 de los 16 proveedores contractuales que teníamos habían abandonado el negocio”, explica el grupo los antecedentes a su situación actual.
Bajo este argumento, “Nestlé se vio forzado a comprar leche en el mercado abierto entre proveedores no contractuales. Entre ellos, Gushungo Dairy Estate, que se convirtió en proveedor del 15% de la leche que consumíamos”.
Pero Gushungo Dairy Estate, cabe precisar, es propiedad de Grace Mugabe, la esposa del presidente de Zimbabue.
En su momento, la decisión de Nestlé se tradujo en fuertes críticas de la comunidad política internacional, concretamente llegadas desde Berna, Washington y Bruselas. Y es que el grueso de los países industrializados tiene a Zimbabue bajo diversos embargos en busca del debilitamiento del Gobierno de Mugabe, cuya legitimidad y respeto a los derechos humanos son cuestionados.
Por el bien de los indígenas
En septiembre de 2009, Nestlé confirmó que dejaría de comprar insumos a la empresa Gushungo Dairy Estate. Y fue unos meses más tarde cuando el grupo helvético y otras multinacionales extranjeras conocieron la existencia de la nueva Ley de indigenización.
El argumento del Gobierno zimbabuense es que “resulta inaceptable que los extranjeros sean propietarios de la riqueza del país”. El Ministerio de Desarrollo Juvenil, Indigenización y Transferencia de Poder, que encabeza Savior Kasukuwere, es el responsable de poner en marcha esta ley. Y fue quien envío una misiva a Nestlé para informar que la propuesta que el grupo le hacía (reducir los alcances de la expropiación) no convencía al régimen Mugabe.
Sobre la transferencia de capital a indígenas zimbabuenses, el Congreso de Sindicatos de Zimbabue ha denunciado que no existe un interés real por proteger el interés de los trabajadores.
Lovemore Matombo, presidente del hoy fracturado Congreso de Sindicatos de Zimbabue, ha expresado en foros diversos durante los últimos 18 meses que la Ley de indigenización es una decisión de orden político que beneficia a una élite en el poder, y no a los trabajadores, “que en muchos casos perderán las escasas fuentes de empleo que aún existen”.
Según datos del FMI, hoy la tasa de desempleo en Zimbabue afecta a más del 80% de los adultos en edad productiva.
Sanciones de Suiza
El futuro de Nestlé es incierto. Pero la relación entre Berna y Harare promete pocos avances. Suiza aplica sanciones contra Zimbabue desde hace una década.
“Una serie de manipulaciones electorales y violaciones a los derechos humanos, así como las sanciones adoptadas previamente por otros países como Estados Unidos o miembros de la UE, condujeron a Suiza a decretar una serie de sanciones contra Zimbabue”, explica a swissinfo.ch la Secretaría de Estado de Economía (Seco).
Y agrega que existe una prohibición para proveer material militar -o material susceptible de ser utilizado con fines de represión- a este país, existen sanciones financieras puntuales, como el congelamiento de fondos en Suiza, y la prohibición de entrada y tránsito en territorio suizo de una lista de personas de Zimbabue.
Consultado sobre el caso Nestlé, el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores, en voz de su portavoz Stefan von Below, declaró a swissinfo.ch que el “está conocimiento del problema y sigue de cerca su evolución.
“Nuestra embajada en Harare sostendrá los intereses de Suiza en la medida de nuestras posibilidades”, apuntó.
La prensa zimbabuense estima que octubre será un mes importante para definir la nueva relación entre Harare y las multinacionales extranjeras. Mientras tanto, el titán de Vevey mueve piezas en busca una minimización de daños.
Suiza declinó reconocer la independencia de Rhodesia en 1965, cuando colonos blancos proclamaron la independencia del país. Berna no se sumó a las sanciones que impuso la ONU al régimen racista de entonces, pero prohibió la exportación de material militar.
En 1980, reconoció la independencia y constitución de la naciente Zimbabue, y abrió un consulado en Harare, la capital.
El país, no obstante, está sumido desde finales de los años 1990 en una crisis política y económica que pone en riesgo la libertad y los derechos de sus ciudadanos.
Así, desde hace una década, Suiza se sumó a las sanciones que impuso la Unión Europea (UE) a Harare y congeló su relación diplomática bilateral.
La embajada suiza solo apoya proyectos aislados de promoción de los derechos humanos y el medioambiente.
La economía de Zimbabue fue hasta los años 1980 una de las más sólidas del continente africano, gracias a la riqueza que posee en reservas de carbón, cobre, níquel, oro, hierro, platino y diamantes, entre otros insumos.
El militar y actual presidente, Robert Mugabe, es reconocido como el héroe de la independencia de este país.
Pero ha detentado el poder durante más de tres décadas y su legitimidad es cuestionada desde hace más de 12 años, debido a la celebración de procesos electorales poco transparentes.
Zimbabue cuenta con 12,5 millones de habitantes.
La esperanza de vida de la población es de solo 39,5 años.
La deuda pública equivale al 211% el PIB nacional.
El país vive un proceso de hiperinflación (más del 10,450% anual).
La tasa de paro afecta al 80% de la población en edad productiva.
Otras empresas afectadas por la Ley de indigenización: Zimplats, British American Tobacco, Cargill, Barclays y Standard Chartered.
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