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Ningún control a la propaganda electoral

Este un ejemplo de manifestaciones pre-electorales polémicas

(Keystone Archive)

El Gobierno suizo se opone a la creación de una autoridad de apelación, que actúe contra la propaganda política desleal en campañas previas a las votaciones.

El Ejecutivo recomienda al Consejo Nacional (diputados) desestimar la idea propuesta por su Comisión de instituciones políticas, en sentido de instaurar un órgano de recurso que se encargue de examinar la pertinencia de observaciones hechas a declaraciones engañosas, antes de las consultas nacionales o locales.

Sin embargo, esta instancia de siete miembros emitiría juicio sólo acerca de opiniones hechas a los medios de comunicación.

En una posición tomada este miércoles al respecto, el Consejo Federal reconoce la importancia de las reglas de lealtad en las campañas políticas, pero rechaza la creación de un órgano de recurso ad-hoc.

A una autoridad de esa naturaleza, subraya el gobierno, le asistiría la competencia de tomar decisiones obligatorias, susceptibles de contradecir los principios de libre formación de opinión y de la democracia.

En el otro extremo, una instancia sin poder para imponer sanciones tendría el aspecto de un simple "tigre de papel". Su acción podría tener incluso el efecto, es decir el de conferir notoriedad a las afirmaciones contestadas.

Instrumentalización

Los suizos se pronuncian cada año sobre una decena de asuntos que son elevados a consulta nacional en forma de referéndum o de iniciativa popular. Por tanto, tienen una media de tres citas anuales con las urnas.

Los temas planteados entrañan a menudo tópicos polémicos y, consiguientemente, generan campañas de propaganda que no siempre guardan relación con el equilibrio de enfoque y de opinión esperados por el campo adversario.

No obstante, el Gobierno juzga que la tentación de instrumentalizar la instancia de recurso sería "demasiado fuerte". En lugar de concentrarse en la lealtad de la campaña política, podría, más bien, poner en duda equidad de la autoridad.

Además, desde el momento de impugnar la afirmación hecha en una campaña, correría el riesgo de poner en tela de juicio la validez misma del escrutinio, precisa el Gobierno.

Por lo demás, la idea de crear esta instancia tampoco goza de unanimidad en el propio seno de la comisión parlamentaria proponente, donde fue aprobada por 13 votos contra 9.

swissinfo y agencias


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