Palma africana: del ensueño a la pesadilla
Presentado como la panacea para lograr la paz y acabar con las drogas, el cultivo de la palma africana genera muerte, despojos, desplazamientos y explotación en Colombia.
ONG y legisladores suizos piden al gobierno la suspención inmediata de las plantaciones.
“Nos parece prioritario que, mientras se aclara la situación sobre las irregularidades observadas en el proyecto palmero de Curbaradó/Jiguamiandó y mientras duren las investigaciones que se ameriten, se paralice la tala de árboles y la adecuación de nuevos terrenos, así como la explotación…”, concluye una investigación.
Publicado con el apoyo del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL), que reúne a diversas ONG helvéticas, el estudio intitulado El Cultivo de la Palma Africana en el Chocó fue realizado por la ONG Human Rigths Everywhere (Derechos Humanos para Todos) y la Diócesis de Quibdó (Departamento del Chocó).
“Es notorio en estas empresas palmeras, las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores sindicalizados por grupos paramilitares y fuerzas armadas que causan crímenes (sic), torturas, desplazamientos forzados, desapariciones de dirigentes y trabajadores de base”, acusa el documento. (En más sobre el tema: “El amargo fruto de la planta aceitera”).
En una carta dirigida a la Embajada de Colombia en Berna, otras entidades solidarias helvéticas, entre las cuales el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, y legisladores de diversas opciones políticas, reiteran el llamado a suspender los cultivos de la palma africana y subrayan su inquietud ante las violaciones de los derechos humanos en la región.
Los signatarios piden al gobierno colombiano que “ordene, mediante una alocución pública del Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, el cese inmediato de la siembra ilegal de palma africana y que de esta manera se dé cumplimiento inmediato y total a la promesa hecha por el Gobierno colombiano el 14 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. (En más sobre el tema: Inquietud en Suiza por la situación en el Chocó)
Desplazamientos y despojos
El Departamento del Chocó, en el extremo noroccidental colombiano y con una población mayoritariamente negra (85%) e indígena (alrededor de 9%), posee el triste récord de los índices más agudos de pobreza en el país, amén de que desde tiempos de la Colonia está sumido en la marginación y el abandono.
Al Chocó, ironiza el estudio, “hasta la guerra llegó tarde”, más precisamente, en 1996. Entre ese año y el 2000, se produjo el desplazamiento de miles y miles de campesinos, denuncia el padre Jesús Flores.
“Desde que los militares se posicionaron de la región ha habido matanzas de la poblacion civil. Desalojan a las comunidades y luego usan esas tierras de afrodescendientes para la implementación del cultivo”, añade.
El prelado de la Diócesis de Quibdó asistió en mayo pasado en Berna al Foro Colombia Las Voces Silenciadas por la Guerra, organizado por diversas entidades suizas de solidaridad con Colombia, donde hizo una amplia exposición sobre la problemática que afecta no sólo a los pobladores del Chocó sino también a sus ecosistemas, incluidas miles de hectáreas de bosque hidrófilo tropical.
En entrevista ulterior con swissinfo, el padre Flores precisa que para la obtención de las tierras y su posterior empleo en el cultivo de la palma africana, las empresas del ramo, específicamente Urapalma, han incurrido en una serie de ilícitos con el apoyo de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.
Violaciones de la ley
Explica que la ley colombiana establece claramente que las tierras de las comunidades campesinas son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Sin embargo, las empresas “adquieren” las tierras de los labriegos mediante operaciones ilícitas y cuando los legítimos dueños se quedan en ellas son “contratados” para trabajarlas en condiciones de verdadera esclavitud: sin ningua protección laboral y con remuneraciones ínfimas que se les entregan mediante el sistema de vales, como en las deplorables “tiendas de raya” del siglo pasado. (En más sobre el tema: Condiciones laborales de principios del siglo pasado).
“Son situaciones inhumanas, denigrantes”, enfatiza el sacerdote. Y, en efecto, un video realizado por la Diócesis de Quibdó recoge el testimonio de empresarios palmicultores, autoridades, trabajadores y campesinos desposeídos.
Los “empleados” hablan del apoyo de los paramilitares para la plantación del nuevo cultivo mientras que los dueños desplazados narran cómo tuvieron que dejar sus tierras (por la inseguridad o bajo amenazas de los paramilitares) y cómo a su vuelta las hallaron ocupadas. (En más sobre el tema: El Precio de la Tierra).
La Masacre de Bojayá
“La violencia se ha incrementado. Los campesinos prefieren abandonar sus tierras por miedo”, asienta Jesús Flores.
Recuerda la masacre del 2002 en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá (Departamento del Chocó) donde guerrilleros y paramilitares se enfrentaron con un saldo de alrededor de 100 civiles muertos -la mitad de los cuales, niños- y un número similar de heridos.
Los beligerantes se posicionaron al frente y detrás de la iglesia local en la que se habían refugiado unos 500 pobladores locales que quedaron en medio de la batalla.
Ese hecho, calificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Unidas para los derechos Humanos en Colombia de crimen de guerra, causó el desplazamiento de miles de personas. No fue el único.
Usurpación comprobada
En el 2004, una comisión integrada por representantes del gobierno colombiano y de organismos internacionales, empresarios palmicultores, diversas ONG y la Iglesia colombiana, realizaron una verificación de las denuncias sobre toda esa serie de irregularidades.
“Se pudo constatar que efectivamente había usurpación en territorios colectivos (…) el informe del Ministerio de Agricultura señaló que eso era una realidad e invitaba, exigía a la instancia central del gobierno que tomara las medidas correspondientes para que obrara en derecho”, destaca el prelado.
El texto fue ratificado por la Procuraduría General de la Nación y por la Defensoría del Pueblo “entonces, estamos esperando a que el gobierno central, que encabeza el presidente, tome las medidas que tiene que tomar”, subraya Jesús Flores.
El sacerdote manifiesta su preocupación ante el hecho de que empresarios, el gobierno e inclusive los paramilitares, presenten los cultivos de palma como la solución de los problemas económicos del país, la manera de erradicar los cultivos de coca y la vía para alcanzar la paz.
“Nosotros pensamos que todo eso hasta podía ser interesante, pero no vemos que sea paz, porque se está produciendo más guerra e irrespetando los derechos de las comunidades (…) y que primero que todo están los derechos de las personas”.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
El Chocó es un Departamento desde 1947, situado en el extremo noroccidental colombiano y que cubre la parte norte de la cuenca del Pacífico.
Ocupa una superfice de 46.530 kilómetros cuadrados y está atravesado por las cuencas hidrográficas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan.
Su ubicación en la Zona de Confluencia Intertropical la convierte en una de las zonas más lluviosas del planeta.
Ello, amén de su clima superhúmedo y caluroso, hacen de la zona un hotspot de biodeverdidad. Su subsuelo es rico en agua y minerales.
El Chocó ha sido una zona tradicionalmente marginada y olvidada. Desde la época colonial se tenía la idea de que era un territorio inhóspito y malsano.
La población departamental es principalmente negra (85%) e indígena (entre 8,7% y 9,2%).
Cuenta con los indicadores más altos del país en tasa de mortalidad, mortalidad infantil, analfabetismo, pobreza humana, población sin acueducto, fecundidad, necesiades básicas insatisfechas, población sin servicios de salud.
Los suyos son los indicadores más bajos del país en: esperanza de vida al nacer, desarrollo de género, desarrollo humano.
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