Periodista ucraniano propone un mecanismo para cazar a criminales de guerra
Por Rostyslav Averchuk
Leópolis (Ucrania), 22 mar (EFE).- Stanislav Aseyev, periodista ucraniano que fue detenido ilegalmente y torturado durante dos años y medio en un «campo de concentración» en la zona de Donetsk bajo control ruso, quiere crear un mecanismo internacional para evitar que los criminales de guerra rusos eludan la justicia.
«El mal debe tener un nombre» es el eslogan del Fondo de la Iniciativa por la Justicia (JIF), creado por Aseyev y otras víctimas de crímenes de guerra, preocupados por la posibilidad de que muchos perpetradores evadan su responsabilidad.
En la página web de la iniciativa figuran unos 60 nombres de sospechosos y desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, su retrato aparece en ella también.
«La decisión de la CPI es un poderoso signo político de que Putin no tiene futuro. Sin embargo, es poco probable que deba rendir cuentas a la corte», dice Aseyev a EFE.
El problema es que los criminales de guerra internacionalmente reconocidos solo pueden ser juzgados si son extraditados por sus países de origen e, incluso si hubiera un cambio de Gobierno en Rusia, advierte el periodista, esto nunca resultaría en la extradición de decenas de miles de responsables de crímenes de guerra en Ucrania.
«Podrían extraditar a algunos de los más famosos, como Igor Girkin», aventura, en referencia al efectivo de las fuerzas especiales rusas que contribuyó a lanzar la guerra en el Donbás y fue hallado culpable del derribo del avión MH17.
Pero los cerebros detrás de este tipo de acciones sencillamente «se esfumarán», indica, por lo que hace falta transformar el marco legal para que los tribunales internacionales puedan hacer rendir cuentas a los responsables de crímenes de guerra.
«Las democracias de la ONU deben legalizar el traslado de los sospechosos de crímenes de guerra a tribunales nacionales e internacionales, lo que proporcionaría un mecanismo distinto del procedimiento de extradición», asevera y argumenta que, en estos momentos, si Ucrania lograra de alguna forma transportar a Girkin a La Haya, sería considerado un secuestro ilegal.
«Habría que crear una estructura internacional, similar a Interpol, encargada exclusivamente de buscar a crímenes de guerra y garantizar que rindan cuentas ante la Justicia», subraya.
Su iniciativa presenta un modelo de cómo podría funcionar esa estructura, que combina el sistema estadounidense de recompensas por información sobre terroristas y la búsqueda de criminales de guerra nazis por parte de Israel.
Así, el Fondo, que no cuenta de momento con el respaldo del Estado ucraniano, ofrece recompensas a cambio de la entrega de un presunto criminal de guerra, de pruebas sobre sus crímenes o de informaciones sobre su localización.
Aseyev subraya que tanto su iniciativa como el mecanismo internacional que pretende inspirar debe actuar conforme a la ley y que ni ordena ejecuciones ni incluye sospechosos que no hayan sido listados por instituciones respetadas como la CPI.
Le preocupan la apatía de los políticos y de la comunidad internacional, donde «nadie quiere cambiar nada porque implicaría una confrontación dura con Rusia y otros regímenes autoritarios».
No obstante, advierte de que la impunidad de los criminales de guerra allanaría el camino a un nuevo conflicto entre Ucrania y Rusia, ya que «las tensiones entre ambos países nunca desaparecerán a no ser que se castigue a los criminales de guerra».
Aspirar a la justicia fue lo que ayudó a Aseyev a sobrevivir los dos años y medio que pasó en el régimen conocido como «Izolyatsia» en una antigua planta industrial en la ciudad de Donetsk, reconvertida en un centro de detención tras el inicio de la guerra en 2014.
«Izolyatsia es un sistema de tortura las 24 horas del día. Los detenidos, en muchos casos vecinos de la zona proucranianos, son electrocutados, humillados y golpeados a diario», afirma.
Como resultado de la tortura, en 2017 Aseyev confesó los cargos de espionaje y extremismo.
Tras quedar en libertad tras un proceso de negociación en 2019, describió sus experiencias en el libro «El centro de tortura en la Calle del Paraíso» y contribuyó a la detención de uno del los arquitectos del sistema de la «Izolyatsia», que ahora se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel. EFE
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